Categoría: Editoriales
Hernán Gómez Bruera
Este año está programada la consulta de revocación de mandato para llevarse a cabo en abril, y el INE ha reiterado no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo ese ejercicio inédito de democracia participativa.
En otras ocasiones me he referido a la gran cantidad de recursos que el INE pierde en gastos suntuosos (https://bit.ly/33orHNc, https://bit.ly/3Fb6Udm). Solo por mencionar algunos datos: cada consejero del Instituto Electoral cuenta con una bolsa mensual de 722 mil pesos para asesores y con un fondo de 143 mil pesos al año para comer fuera de las instalaciones del Instituto.
En días pasados, la periodista de Contralínea, Nancy Flores, publicó una investigación (https://bit.ly/3HYWz6f) en la que analizó otros gastos sumamente altos: sólo en 2021, el INE erogó mil 228 millones de pesos en arrendamiento de edificios y locales, vehículos, bienes informáticos, maquinaria, equipos de comunicaciones e inmobiliario.
Tan solo en concepto de “renta de vehículos”, el INE tuvo un gasto asignado de ¡373 millones de pesos! Por concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales” fueron 134 millones; por “servicios de lavandería, limpieza e higiene” fueron 95 millones y en “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria” se fueron otros 54 millones de pesos.
Por si esto fuera poco, en una investigación propia encontramos que entre 2019 y 2021, la élite del INE se regaló una cobertura de seguros médicos privados que costó nada más que 253 millones 400 mil pesos. Este seguro –que sería la envidia de cualquier ciudadano en este país– cubre solamente a los altos puestos del Instituto, tales como los consejeros, sus asesores, directores de área, vocales de juntas distritales y otros puestos altos.
(Aquí se puede consultar contrato del INE con la aseguradora: https://bit.ly/3Gico7z)
Cabe mencionar que, en el contrato del INE con la aseguradora de 2019-2021, las consultas psicológicas solo incluían enfermedades graves, accidentes, sufrir un robo o un asalto. Para el 2022, los altos directivos plantean ampliar todavía más esta póliza para que incluya también coberturas psicológicas en caso de contraer Covid-19. Es decir, que con nuestros impuestos se cubren “los daños psicológicos” que tengan los altos funcionarios del INE ante cualquier posible eventualidad.
Cada día que pasa salen a la luz pública más gastos suntuosos del INE y se vuelve más evidente que el Instituto tiene de dónde sacar más recursos para llevar a cabo la revocación de mandato. Si bien recortar gastos suntuarios no liberaría todo el presupuesto necesario para la consulta, apretarse el cinturón sí les daría autoridad moral para poder reclamar más.
El primero de diciembre, alrededor de 250 mil personas –gente proveniente de diferentes partes del país– se dieron cita para escuchar y apoyar al presidente de la República.
La comentocracia no tardó en salir a cuestionar y desmeritar el acto multitudinario que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando AMLO cumplió tres años de mandato.
En un artículo publicado en el Washington Post, Denisse Dresser acusó a AMLO de mentirle al pueblo de méxico, pues según ella a pesar de su popularidad “rubro tras rubro su gobierno ha resultado ser una lamentable traición”. Así como se lee: para Dresser, AMLO es un “lamentable traidor”.
Una vez más vemos a una parte de la intelectualidad escupir su desprecio y mostrarse incapaz de hacer una reflexión de utilidad pública. Una vez más vemos como a buena parte de los opositores a este gobierno el desprecio a Lopez Obrador no los deja pensar bien ni hacer juicios medianamente ponderados.
Probablemente nunca antes había sido tan grande la distancia entre las opiniones de los “comentócratas” y los medios, frente a los sentimientos de las grandes mayorías.
Y es que a pesar de la alta popularidad del presidente, quienes se dedican a vivir de sus opiniones gastan argumentos en pintar una realidad sobre el gobierno de AMLO que poco o nada le dice a la mayor parte de la población.
Lo más impresionante es que esa comentocracia no es capaz de defender un sólo logro de este presidente; algunos ni siquiera reconocen los incrementos en el salario mínimo, como si estos no hubiesen requerido de una voluntad por parte del gobierno en turno.
Llama la atención que toda esta comentocracia sea incapaz de explicarse el porqué la gente apoya a López Obrador y sólo alcancen a decir que su popularidad se basa en el dinero que dan a los ciudadanos o que llena el Zócalo porque trae gente “acarreada”.
Habría que deconstruir ese término que suele usarse de forma generalizada, sin rigor y con una gran carga de prejuicio.
¿Acarreados son quienes no tienen auto particular porque no les alcanza y alguien les ayuda a llegar juntos en un autobús? ¿Eso está necesariamente mal? ¿Acarreados quiere decir que por esa condición carecen de convicción? ¿Que sólo vienen por una torta o un beneficio material en particular? ¿Que no los puede animar una causa ni una creencia?
Un reportero de Animal Político –no precisamente un medio afín a Lopez Obrador–, se acercó a preguntar a las personas de diferentes estados de la República que se dieron cita en el Zócalo por los motivos que los animaban. La respuesta común fue que venían voluntariamente a apoyar al presidente y a su gobierno.
Los datos también muestran esta realidad, ya que según Consulta Mitofsky, las simpatías del presidente López Obrador tienen un fuerte arraigo social, con 82.9% de aprobación de campesinos, 72% de las personas que trabajan de manera informal; el 65% de las amas de casa y el 62.9% de los comerciantes.
Si bien es cierto que la administración obradorista tiene sus defectos, ¿qué está pasando que, a pesar de los errores del gobierno, los índices de popularidad presidencial continúan por los cielos? Hay algo que la comentocracia no está entendiendo ni tampoco está tratando de entender.
Hernán Gómez Bruera
La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación el domingo por la madrugada. Uno de los puntos más álgidos del debate giró en torno a los recursos para el INE, cuyo presupuesto se redujo en 4 mil 913 millones de pesos de los 24 mil 649 millones solicitados.
Una vez más un grupo de consejeros ha puesto el grito en el cielo. Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Jaime Rivera declararon que esa disminución de recursos ponía en riesgo la organización de la revocación del mandato. Nuevamente el argumento es que los recursos no le alcanzan.
He hablado ya de cómo tenemos un INE groseramente caro (shorturl.at/juH25). El instituto derrocha buena parte de su presupuesto en una inmensa burocracia. Por ejemplo, sólo en la subdivisión de transparencia tienen una estructura gigante de 109 funcionarios, más de lo necesario. Además, la titular de esta área gana 133 mil pesos netos cada mes, dos directores ganan 93 mil pesos netos.
Pero además están los lujos de los consejeros electorales. Cada uno de estos tiene una bolsa mensual de 722 mil pesos para sus asesores que puede distribuir como quiera. Algunos de esos asesores llegan a ganar hasta 104 mil pesos al mes netos.
Los consejeros, con todo y prestaciones, ganan 263 mil pesos mensuales. Además, cada uno puede gastar hasta 11 mil pesos en comidas al mes. Para dar una idea de los recursos que gastan: en todo 2019, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se despachó 114 mil 127 pesos en restaurantes, solamente superado por Ciro Murayama, quien gastó 143 mil 640 y Benito Nacif, con una cantidad similar. Si el INE no derrochara en estos lujos, tendría mucho más dinero.
Pero hay más. La institución electoral no es ajena a la corrupción. Este año, por ejemplo, el propio Órgano Interno de Control (OIC) del instituto externó su preocupación porque encontró que en diversas licitaciones de 2020 se aplicaron criterios arbitrarios para la contratación de servicios.
Por ejemplo, se adjudicaron contratos por “servicios de gestión por procesos” (lo que sea que eso signifique) por 91.9 millones de pesos; por “servicios de una casa productora para campañas institucionales” dieron un contrato de 55.6 millones de pesos; por ¡servicio de comedor gastaron 48 millones de pesos!, y por “servicio de desarrollo en materiales de difusión” desembolsaron 15.8 millones. Estamos hablando de 211.3 millones de pesos que el INE entregó a empresas particulares mediante contratos otorgados de forma irregular.
No es la primera vez que el INE hace adjudicaciones de esta manera. Aunque hoy parece olvidado, hace un año se vinculó a proceso penal a Bogart Montiel Reyna, el ex director ejecutivo de administración del instituto (quien se encargaba de las compras y contratos), por un contrato irregular por 105 millones de pesos para taquizas, banquetes y parrilladas.
Este funcionario fue vinculado a proceso y aunque el órgano electoral decidió respetar la presunción de inocencia y no retirarlo de funciones. Pero lo más increíble y cínico del caso es que cuando este servidor público tuvo que presentar su renuncia Lorenzo Córdova le hizo un reconocimiento público.
Finalmente, en días recientes, en medio de la polémica por el recorte presupuestal, el secretario de Gobernación sacó a la luz pública que el INE contaba con varios fideicomisos cuyo total sumaban mil 343 millones de pesos.
¿No que no había dinero? Aunque Ciro Murayama salió a defender estos recursos, que supuestamente no se pueden usar por ya estar comprometidos. Ojalá el INE quiera dejar de vernos la cara. Dinero hay, es cuestión de que se adapten a la lógica de la austeridad y dejen de vivir como reyes.
16 de noviembre de 2021
Hernán Gómez Bruera
Evelyn Salgado tomó protesta como gobernadora de Guerrero el 15 de octubre, evento al que asistieron varios representantes de la clase política morenista. Su padre, Félix Salgado Macedonio, era originalmente el candidato de Morena a la gubernatura de la entidad, quien fue acusado de violación y abuso sexual por tres mujeres entre 1998 y 2016 (una de las víctimas era menor de edad). Posteriormente, el INE lo descalificó de la contienda por no reportar sus gastos de campaña.
En respuesta a la decisión de la autoridad electoral, Morena eligió a Evelyn Salgado, la hija del ex candidato, en sustitución de su padre. Al más puro estilo caciquil. Resulta pertinente destacar que Félix Salgado tiene siete hijas, Evelyn es la mayor de todas. ¿Si tuviera un hijo también se hubiera inclinado por Evelyn?
Más allá de estas especulaciones, el caso es que Evelyn finalmente ganó la contienda del 6 de junio y ahora es la titular del poder ejecutivo de su entidad. Su elección causó mucha controversia, puesto que desde junio vimos a varios medios preguntarse quién gobernará realmente guerrero: ¿Evelyn Salgado o su padre?
Estas críticas y escepticismo sobre la autoridad de Evelyn Salgado plantean varias preguntas. ¿Es machista cuestionar si una mujer llega a un puesto por ser hija de alguien? ¿O lo machista es que una mujer sea utilizada por alguien más para sus propios fines? ¿Quiénes son los machistas en este caso, los que dicen que detrás de una mujer en el poder hay un hombre o el hombre que utiliza a una mujer para sus propios fines políticos?
Por un lado, Claudia Sheinbaum estableció su postura al respecto en un tweet tras la toma de protesta de Evelyn Salgado. La jefa de gobierno afirmó que “no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc. Como si las mujeres fuéramos pertenencia de alguien”.
Ciertamente, las mujeres suelen ser minimizadas cuando adquieren posiciones de poder. Existe una tendencia a demeritar sus logros personales y referirse a ellas simplemente en función de su cercanía con figuras masculinas (padres, familiares, esposos).
Las mujeres gobernantes se enfrentan a expectativas sociales y a críticas mucho más severas que los hombres. Además, suelen ser cuestionadas con mayor contundencia acerca de su experiencia y trayectoria cuando obtienen algún cargo de toma de decisiones.
¿Será que en este caso en particular las cosas son así o deben ser analizadas desde otra óptica? Sabina Berman y Julio Astillero afirman que lo machista aquí no es la caracterización de Evelyn como “hija de Félix Salgado”, ni cuestionar quién va a gobernar realmente en Guerrero, sino que la gobernadora haya llegado al cargo gracias a la influencia de un hombre, su padre. Ambos ponen como ejemplo la boleta de la elección en la que nombraban a la gobernadora como “Evelyn Salgado, la Torita” (en referencia al apodo de su padre).
El caso de Evelyn Salgado plantea muchas preguntas sobre la forma en que se expresa el machismo y la violencia de género cuando una mujer llega a una posición de poder. ¿Cómo debemos responder a este tipo de situaciones? Estas preguntas deben ser parte de la discusión pública y tienen que ser las mujeres quienes protagonicen estos debates.
En abril de 2015, un personaje identificado con el seudónimo John Doe se puso en contacto con dos periodistas de un diario alemán para entregarles millones de documentos con información sobre el uso de empresas en paraísos fiscales por parte de la élite política y económica global.
Esta filtración de archivos, conocidos como los Panama Papers, dio paso a una de las mayores investigaciones periodísticas de la historia y mostró al mundo cómo los millonarios buscan constantemente evadir impuestos, lavar dinero y ocultar sus fortunas.
Seis años después, nuevamente han sido filtrados millones de documentos. La publicación de los Pandora Papers tiene una enorme importancia por ser la colaboración periodística más grande la historia, con la participación de 150 medios de 117 países. Esta investigación ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del uso de estructuras financieras offshore en paraísos fiscales por parte de las élites políticas, económicas y religiosas a nivel global.
Según una investigación del diario El País que hoy cita Jorge Zepeda Patterson en su artículo publicado en Milenio, 27 por ciento de la riqueza financiera en América Latina es desviada en sociedades de este tipo, lo que supone una evasión de impuestos cercana a los 22 mil millones de dólares.
Hay que decir que si bien la apertura de una cuenta offshore no es necesariamente ilegal, en el caso mexicano sí constituye un delito cuando no se notifica de su existencia al Servicio de Administración Tributaria. Además, estas estructuras financieras suelen ser utilizadas para no transparentar el origen de cierta cantidad de dinero o para evadir impuestos. Incluso, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, son empleadas por el crimen organizado para guardar sus recursos. Por esta razón, suele haber dudas respecto a los intereses que motivan la creación de sociedades en paraísos fiscales.
Resulta sumamente paradójico que un jefe de estado o un servidor público utilice este tipo de empresas para evadir impuestos, puesto que son precisamente ellos los encargados de gestionar los recursos públicos, los que deberían tener una mayor transparencia respecto a su fortuna y poner el ejemplo de un pago puntual y correcto de sus impuestos.
Tanto los Panama Papers como los Pandora Papers han exhibido especialmente a las clases gobernantes. En México, en particular, los hemos visto entre las tres principales fuerzas políticas. Además, como señala Mathieu Tourliere, que es uno de los periodistas encargados de llevar esta investigación en nuestro país, todos, o prácticamente todos, los multimillonarios mexicanos han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios
Uno de los aspectos más negativos del uso de una sociedad offshore ocurre cuando las autoridades de cualquier país intentan investigar casos de lavado de dinero o evasión fiscal, ya que muchas veces encuentran que los recursos han sido enviados a una empresa en un paraíso fiscal, lo que hace casi imposible determinar quién es el dueño o beneficiario de la estructura. La falta de transparencia en las legislaciones financieras de países como Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas están diseñadas precisamente para ocultar el origen y el destino del dinero.
Los Pandora Papers han revelado que estas estructuras financieras operan a través de despachos jurídicos que crean empresas fantasma en paraísos fiscales (países en los que se pagan muy pocos impuestos) y que permiten a los beneficiarios evadir sus responsabilidades fiscales y ocultar el origen de su riqueza. Se trata de un sistema muy poco ético y que es usado por las élites para cometer delitos como lavado de dinero y fraude al fisco.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde participan medios como el New York Times, The Guardian, BBC y Quinto Elemento Lab, reveló millones de documentos que exponen el uso de sociedades financieras en paraísos fiscales por parte de jefes de estado, empresarios y celebridades de todo el mundo. Estas empresas extraterritoriales suelen abrirse con el objetivo de evadir impuestos, ocultar fortunas e incluso lavar dinero.
En el ámbito político, la investigación incluye a 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 que ya han dejado el poder. También están señalados 300 funcionarios públicos de más de 90 países de todo el mundo. Entre los involucrados están el presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y el exprimer ministro británico, Tony Blair.
Desgraciadamente, México no solamente no fue la excepción, sino que se trata de la investigación que ha involucrado a un mayor número de mexicanos en paraísos fiscales. Quinto Elemento Lab publicó que al menos 3 mil 47 ciudadanos mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales entre 2016 y 2020.
Entre los señalados se encuentra Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de López Obrador y que, de acuerdo con los Pandora Papers, recibió 50 mil acciones de una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, la cual controlaba a una empresa de Florida, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en Miami Beach, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares. Un condominio que no aparece en la declaración patrimonial que presentó el ex consejero jurídico de la presidencia.
Además de Julio Scherer, también fueron señalados los priistas Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila y Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. Por parte del PAN, aparece Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde de Cancún. Está también Germán Larrea, director ejecutivo de la empresa minera Grupo México. Además, figuran otros tres integrantes de la 4T: Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de comunicaciones y transportes; Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett y Armando Guadiana, senador por Coahuila.
Esta filtración pone en jaque a las élites de México, que emplean sistemáticamente este tipo de estrategias para sacar del país, de acuerdo con la organización periodística Quinto Elemento, aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales. Los Pandora Papers, llamados así en referencia a la Caja de Pandora, han expuesto una práctica sistemática en nuestro país de ocultamiento de capitales, evasión fiscal y corrupción por parte de empresarios y políticos de todos los ámbitos y partidos.
La presencia en estos documentos de varios personajes ligados a la Cuarta transformación también revela que el problema de la corrupción sigue presente en el gobierno mexicano y que el discurso de honestidad de AMLO no es compartido por varios de sus allegados.
En respuesta a la publicación de los Pandora Papers, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que la UIF ya se encuentra investigando a los implicados, en cumplimiento con el compromiso de López Obrador de combatir la corrupción
Ciertamente, se trata de un gran escándalo y de un momento definitorio para este gobierno. No podemos minimizar este asunto. Esta mañana, el presidente aclaró el caso de Jorge Arganis, pero no dijo absolutamente nada sobre su ex consejero jurídico. De hecho, se lavó las manos y dijo que Scherer debe responder por sí mismo.
Los resultados de esa investigación nos mostrarán con cuánta seriedad toma el combate a la corrupción la 4T. También quedará expuesta la capacidad y voluntad de esta administración por castigar la corrupción cuando es cometida por sus partidarios y no solamente por sus opositores. Al final de cuentas, la prueba de fuego cuando de corrupción se trata, es qué se hace cuando esta aparece dentro de las propias filas.