En abril de 2015, un personaje identificado con el seudónimo John Doe se puso en contacto con dos periodistas de un diario alemán para entregarles millones de documentos con información sobre el uso de empresas en paraísos fiscales por parte de la élite política y económica global.
Esta filtración de archivos, conocidos como los Panama Papers, dio paso a una de las mayores investigaciones periodísticas de la historia y mostró al mundo cómo los millonarios buscan constantemente evadir impuestos, lavar dinero y ocultar sus fortunas.
Seis años después, nuevamente han sido filtrados millones de documentos. La publicación de los Pandora Papers tiene una enorme importancia por ser la colaboración periodística más grande la historia, con la participación de 150 medios de 117 países. Esta investigación ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del uso de estructuras financieras offshore en paraísos fiscales por parte de las élites políticas, económicas y religiosas a nivel global.
Según una investigación del diario El País que hoy cita Jorge Zepeda Patterson en su artículo publicado en Milenio, 27 por ciento de la riqueza financiera en América Latina es desviada en sociedades de este tipo, lo que supone una evasión de impuestos cercana a los 22 mil millones de dólares.
Hay que decir que si bien la apertura de una cuenta offshore no es necesariamente ilegal, en el caso mexicano sí constituye un delito cuando no se notifica de su existencia al Servicio de Administración Tributaria. Además, estas estructuras financieras suelen ser utilizadas para no transparentar el origen de cierta cantidad de dinero o para evadir impuestos. Incluso, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, son empleadas por el crimen organizado para guardar sus recursos. Por esta razón, suele haber dudas respecto a los intereses que motivan la creación de sociedades en paraísos fiscales.
Resulta sumamente paradójico que un jefe de estado o un servidor público utilice este tipo de empresas para evadir impuestos, puesto que son precisamente ellos los encargados de gestionar los recursos públicos, los que deberían tener una mayor transparencia respecto a su fortuna y poner el ejemplo de un pago puntual y correcto de sus impuestos.
Tanto los Panama Papers como los Pandora Papers han exhibido especialmente a las clases gobernantes. En México, en particular, los hemos visto entre las tres principales fuerzas políticas. Además, como señala Mathieu Tourliere, que es uno de los periodistas encargados de llevar esta investigación en nuestro país, todos, o prácticamente todos, los multimillonarios mexicanos han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios
Uno de los aspectos más negativos del uso de una sociedad offshore ocurre cuando las autoridades de cualquier país intentan investigar casos de lavado de dinero o evasión fiscal, ya que muchas veces encuentran que los recursos han sido enviados a una empresa en un paraíso fiscal, lo que hace casi imposible determinar quién es el dueño o beneficiario de la estructura. La falta de transparencia en las legislaciones financieras de países como Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas están diseñadas precisamente para ocultar el origen y el destino del dinero.
Los Pandora Papers han revelado que estas estructuras financieras operan a través de despachos jurídicos que crean empresas fantasma en paraísos fiscales (países en los que se pagan muy pocos impuestos) y que permiten a los beneficiarios evadir sus responsabilidades fiscales y ocultar el origen de su riqueza. Se trata de un sistema muy poco ético y que es usado por las élites para cometer delitos como lavado de dinero y fraude al fisco.