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En la carta publicada recientemente por Julio Scherer Ibarra en Proceso, el ex consejero Jurídico de la Presidencia señala que Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, presentó una serie de “fabulaciones” respecto a su relación con una serie de despachos de abogados, uno de los cuales es el encabezado por Alonso Rivera Gaxiola.
Quien fuera uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador reconoce también que en diferentes momentos de su actividad profesional trabajó en este despacho (así como en el bufete de Juan Araujo, hoy señalado por el caso Juan Collado). Incluso nos recuerda que todo eso puede comprobarse en su currículum vitae. Como puede verse en la imagen, Scherer ha sido socio del despacho de Araujo, el de Rivera Gaxiola y el de Ferráez, Benet, Segovia e Igartúa.
En la polémica carta publicada el domingo, Scherer Ibarra asevera que la hoy presidenta del Senado pretendió en su momento infamarlo al “insinuar que hizo de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida”, y él mismo menciona como parte de esa historia el nombre de Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdez, para asegurar que el empresario se acercó a su oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet.
Dentro de las muchas cosas que no cuenta Scherer, sin embargo, es el trato que le dio al caso, probablemente una de las razones por las cuales terminó por perder la confianza del presidente López Obrador.
Y es que desde hace tiempo ha circulado entre algunos empresarios, abogados y altos funcionarios de este gobierno –incluido el presidente– una cotización en la que uno de los socios más cercanos a Scherer, el abogado Rivera Gaxiola, pretendía cobrarle a Alemán Magnani 40 millones de dólares a cambio de poner en orden a la empresa, ayudarle a resolver su situación fiscal y sacarlo del enredo legal en el que estaba.
La cotización –de la cual me fue entregada una copia–, presenta una cifra tan extravagante para cualquier bufete jurídico, que dejó la firme impresión de que el ex consejero jurídico estaría implicado en una trama de corrupción y tráfico de influencias similar a la que ya se ha denunciado en el caso Juan Collado, misma que podría repetirse en otros como el de Cruz Azul, Inés Gómez Mont, Ancira y Lozoya, por mencionar algunos.
En 2018, cuando Interjet todavía era la tercera aerolínea más importante del país, comenzaba ya a hablarse sobre los problemas financieros y la falta de solvencia en la compañía. En octubre de 2019, el SAT confirmó que la compañía tenía una deuda acumulada entre 2013 y 2017 que ascendía a 549 millones de pesos, unos 27 millones de dólares, deuda por la cual Miguel Alemán Magnani y su padre, Miguel Alemán Velázco, resultaban ser responsables solidarios.
Como ya se mencionó, el consejero indica en su reciente carta que Miguel Alemán se le acercó para tratar de resolver la situación de Interjet. Según narró tiempo después Darío Celis (https://bit.ly/3wwtsEQ), conocido por ser una correa de transmisión de Scherer en los medios, la recomendación del consejero jurídico fue acogerse a concurso mercantil para reestructurar ordenadamente sus deudas, tanto las fiscales, como aquellas que la empresa tenía con proveedores y empleados, a fin de poder efectuar una inyección de capital fresco que permitiera salvar a la compañía.
La alternativa que entonces le ofreció el consejero jurídico al presidente del Consejo de Administración de Interjet fue la misma que habría utilizado en otros casos similares y que parece haberle reportado enormes dividendos: dirigirlo a uno de sus despachos más cercanos para que le ayudaran a encontrar una “solución a su problema”.
De esa manera, se presume, el funcionario delegaba en un tercero el cobro de millonarios dividendos, mismos que se repartían a razón de 30% para los despachos cercanos a Scherer y 70% para el consejero jurídico, según testimonios.
Siguiendo la recomendación del consejero jurídico, Alemán Magnani fue a ver a Rivera Gaxiola –en cuyo despacho es socio su sobrino, Rodrigo Lagos Scherer y también trabaja un hijo de la pareja de Scherer, Carlos Suárez Estaberniet–, quien buscó materializar la ruta a seguir establecida por Scherer Ibarra. Todo esto fue expuesto por el abogado Paulo Díez Gargari en una entrevista que dio a Carmen Aristegui en octubre de 2021.
Lo novedoso ahora es un documento fechado el 8 de mayo de 2020, escrito en papel membretado y firmado con el puño y letra de Rivera Gaxiola (el nombre del sobrino de Scherer también figura en el papel membretado) se presentó una propuesta de honorarios para la reestructura de Interjet y un procedimiento de concurso mercantil.
Además de promover los recursos y juicios de amparo que normalmente realiza un despacho de abogados, en la cotización se le ofrecía a Interjet llevar a cabo “las gestiones extrajudiciales ante las distintas autoridades gubernamentales correspondientes”.
Por el cobro de estos servicios, el bufete de Rivera Gaxiola cobraría un honorario inicial por la inmensa cantidad de 9 millones de dólares, única y exclusivamente para empezar a estudiar y analizar el asunto, revisar documentos y realizar la solicitud de Concurso Mercantil. Como parte de este servicio se incluía, además, la “gestión ante las autoridades competentes y necesarias para procurar la solución satisfactoria del asunto”.
Pero los cobros no terminaban ahí. La cotización contempla además, una iguala mensual por cuatrocientos cincuenta mil dólares durante el tiempo que dure el procedimiento y hasta la conclusión del asunto, el cual se prevé en 24 meses. Es decir, serían 10.8 millones de dólares en dos años (en caso de finalizar antes de todas formas sería necesario cubrir el resto de las mensualidades), así como un honorario final por 19 mil 800 dólares, al momento de concluir el asunto. Una cifra total de 39.6 millones de dólares.
Como si estos cobros no fuesen suficientes, la propuesta de cotización establecía al final que se podrían agregarse “gastos extraordinarios”, con lo que se puede imaginar que quedaba abierta la posibilidad de seguir exprimiendo al empresario en el futuro.
Ciertamente, el costo de un concurso mercantil –que es el procedimiento que se sigue cuando en una empresa se abre un periodo de conciliación con el objeto de que el deudor y los acreedores puedan alcanzar un convenio para evitar la quiebra– suele ser oneroso. Pero ninguno de los abogados consultados como parte de esta investigación considera que pueda costar una suma como la que pretendía cobrarse. “Cuando mucho cuatro o cinco millones de dólares para una compañía de ese tamaño”, señaló uno de ellos, “pero en general la mayor parte se paga una vez que el proceso ha concluido satisfactoriamente”. Nadie cobra 9 millones de dólares sólo por estudiar un caso y presentar una solicitud, como sucede con la cotización referida.
Resulta muy posible, por tanto, que en esos honorarios iba implícita una mordida para que Interjet pudiese solucionar sus problemas obteniendo las facilidades legales que solo alguien como el consejero jurídico sería capaz de obtener en las instancias judiciales, como lo alertó desde octubre de 2021 el abogado Paulo Díez Gargari, y como se desprende de algunas de las frases de la propia cotización.
¿Cómo terminó la historia? Alemán Magnani prefirió rechazar la oferta que se le hacía, probablemente por considerarla más que abusiva. En enero de 2021 tomó la decisión de irse del país. Seis meses después, se giraría una orden de aprehensión en su contra y en septiembre una ficha roja ante la Interpol. Sin embargo, por el hecho de ser ciudadano francés, el empresario no puede ser extraditado a México.
Un año después, cuando Darío Celis se refirió al tema en su columna ya mencionada, señaló que Miguel Alemán había recurrido al abogado Rivera Gaxiola por recomendación del consejero –lo dice textual–, Y reflexionaba: “Si entonces le hubieran hecho caso al consejero jurídico se hubiera evitado el cese de operaciones de la atribulada línea aérea”.
Con el mismo descaro con que el abogado Rivera Gaxiola firmó aquella escandalosa cotización, el despacho que encabeza subió a su página web ese artículo que a la fecha todavía vive allí.
Cronología
Es natural y predecible que Sandra Cuevas se presente como “perseguida política” hoy que ha sido vinculada a proceso. Los políticos siempre reaccionan así cuando se les investiga, con razón o sin ella.
Lo triste es que la comentocracia, buena parte de la oposición y sus alcaldes en la Ciudad de México le hagan juego a esa retórica, sin conocer el caso, e incluso ignorando el largo historial de ilegalidades de la alcaldesa de Cuauhtémoc.
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La 4T ante el affaire Scherer
Hernán Gómez Bruera
El tema Julio Scherer no es un invento del periódico Reforma, que el domingo pasado lo llevó a ocho columnas dándole gran visibilidad. Tampoco surgió como un ataque de los conservadores para desprestigiar a la 4T, como muchos simpatizantes y militantes del obradorismo podrían suponer. Sabemos que esas prácticas han sido recurrentes y que tratarán de explotar también este caso para golpear al presidente. Sin embargo, esta vez las cosas son diferentes.
Con el paso del tiempo, se siguen acumulando evidencias sobre la red de corrupción alrededor de una serie de despachos privados y la Consejería Jurídica de Presidencia, cuando Scherer estaba al frente.
Todo empezó con las acusaciones del abogado Paulo Díez Gargari (insisto, no empezó con una nota de Reforma), quien en octubre de 2021, se atrevió a romper el silencio sobre lo que era un secreto a voces, con el fin de denunciar en el programa de Carmen Aristegui que el litigante Juan Antonio Araujo, socio de Scherer, había utilizado su cercanía con el ex consejero jurídico para frenar las investigaciones sobre las irregularidades en el Viaducto Bicentenario, obra del Estado de México construida bajo el gobierno de Peña Nieto a cargo de la empresa Aleática, antes OHL.
Pero la acusación de Diez Gargari iba más allá, en el sentido de que el consejero recomendaba ciertos despachos –no solo al de Juan Araujo– para interceder, a cambio de grandes sumas de dinero, a favor de personas o empresas con importantes procesos judiciales. Esto fue denunciado públicamente por el abogado Díez Gargari desde octubre y recientemente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en diciembre.
Ahora nos venimos a enterar, además, que en diciembre del año pasado la Fiscalía General de la República recibió una denuncia del abogado Juan Collado, quien está preso en el Reclusorio Norte desde julio de 2019, donde describe un esquema de corrupción que coincide plenamente con el que en su momento dio a conocer Paulo Diez. En la denuncia, que la Fiscalía presentó ante un juez, se acusa a esta serie de abogados estrechamente ligados a Scherer de haberlo extorsionado.
Según la denuncia, se le dijo a Juan Collado que la única forma para que pudiera escapar de la pena de prisión era vender una empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio muy por debajo de su valor en el mercado, nada más y nada menos que a un amigo de Scherer, Julio Villareal, a quien en el pasado le pidió dinero para financiar una campaña.
Además, en otro episodio más de esta extorsión, Collado denuncia haber tenido que dar 10 millones de pesos en efectivo para que la Unidad de Inteligencia Financiera frenara una investigación en su contra, y otro millón 300 mil pesos para que el consejero jurídico, Julio Scherer, intercediera por él y evitara la cárcel.
La Fiscalía General ya recibió la denuncia de Collado y reunió las pruebas que acreditan que efectivamente existen elementos para pensar que esas extorsiones sí tuvieron lugar, razón por la cual decidió judicializar el caso.
Pero hay que insistir, no se trata solo de Juan Collado. Recientemente ha trascendido en medios (https://bit.ly/3sDZkov) que se suma otra posible denuncia de Alonso Ancira, quien fuera dueño de la empresa Altos Hornos de México y quien también está preso desde 2019 por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados que compró Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya.
Alonso Ancira, según ha dicho su abogado, también está analizando la posibilidad de denunciar a Scherer Ibarra y sus abogados cercanos por un delito de extorsión muy similar al de Collado. Al parecer, Ancira habría pagado 7 millones de dólares al mismo grupo de abogados cercanos a Julio Scherer. Lo que resulta muy interesante observar es que aquí también hubo una operación para obligar a este empresario a venderle Altos Hornos nada más y nada menos que a Julio Villarreal, al mismo empresario antes mencionado.
No se trata de venir a defender a Juan Collado o a Alonso Ancira, que naturalmente están muy lejos de ser un par de santurrones. Pero es evidente que aquí hay un modus operandi similar, donde Julio Scherer y sus abogados buscaron embolsarse grandes sumas de dinero de forma ilícita, e incluso apropiarse de una serie de empresas –en este caso Caja Libertad y Altos Hornos– para adueñárselas, ya sea bajo un prestanombres o entregándoselas a alguien cercano con quien podría haber un negocio.
El escándalo en torno a esta presunta red de extorsión está escalando. Cada vez se suman más evidencias e incluso ya hay rumores de que las denuncias en contra de Julio Scherer Ibarra pueden llegar hasta la justicia de Estados Unidos y que se pueden sumar otras denuncias, por ejemplo, ya suena el nombre de Gonzalo Gil White, de la empresa Oro Negro, quien enfrenta cargos por operaciones con factureros.
Además, hay otras cuatro denuncias ya presentadas –Cruz Azul, Álvarez Puga, Gómez Mont y la de Díez Gargari– y otras que podrían eventualmente estallar. Esquemas más o menos parecidos de extorsión y/o tráfico de influencias podrían haber ocurrido con Interjet, Zebadúa, y las demás que muy probablemente irán saltando una vez que crezca el número de afectados se atrevan a romper el silencio.
Por lo pronto, el juicio a los abogados de Scherer por el caso Collado ya está en puerta. La primera audiencia tuvo lugar el pasado lunes y se difirió para la semana siguiente. El caso va en serio, el fiscal Manuel Granados Quiroz fue bastante duro, e incluso adelantó que pedirán 40 años de cárcel contra los abogados. Parece un fiscal que desea llegar hasta el fondo del asunto.
La investigación en torno a esta red de corrupción, que de pronto remite a la forma de operar de ciertos grupos de la mafia, apenas está comenzando. No tengo dudas de que en las próximas semanas y meses se irán ventilando más evidencias sobre este que puede ser el peor caso de corrupción en la 4T.
Finalmente, quiero hacer una reflexión personal, como simpatizante del obradorismo: cuando ganó López Obrador sabíamos que sería difícil desterrar la corrupción de tajo. Pensar que un cáncer como este podía extirparse de un día para otro, sería llamarse a engaño.
La posibilidad de que eventualmente estallara un escándalo de corrupción en las propias filas de la 4T no podía descartarse. Finalmente, la corrupción existe en todos los gobiernos. La diferencia radica en lo que se hace con ella una vez que se encuentra con ella: se tolera y queda en la impunidad o se le pone un alto de forma decisiva.
Por eso estoy convencido de que hoy la 4T está frente a uno de sus mayores retos y tiene una oportunidad única para dar un golpe a la corrupción dentro de sus filas.
Es difícil aceptar que alguien tan cercano se corrompió. Creo que el presidente difícilmente lo hará porque eso le daría armas a sus opositores para buscar debilitarlo. Sin embargo, entre los círculos gubernamentales se sabe que Julio Scherer Ibarra traicionó su confianza y que en gran medida por eso salió del gobierno.
De hecho, todavía cuando estaba en la Consejería Jurídica ya se conocía entre susurros que existía esa red de corrupción alrededor de Scherer Ibarra. Yo mismo escribí sobre el tema en septiembre del año pasado, en una serie de artículos (https://bit.ly/3IIaGxh). Con todo, me gustaría ver al presidente tomar una actitud distinta a la que ha asumido hasta ahora para hablarle al pueblo con la verdad y no tratar de tapar lo que sucedió.
Es triste que uno de los hijos del gran periodista Julio Scherer García, quien además fue un gran amigo del presidente, no haya estado a la altura del encargo. Es realmente triste que Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres de mayor confianza del presidente lo traicionara de esa forma y utilizara su puesto para hacer negocios y enriquecerse, comprometiendo así el legado de López Obrador.
La 4T es un movimiento amplio y complejo donde entró mucha gente. Obviamente adentro hay de todo y es innegable que también se colaron varios corruptos para hacer negocios. Gente que pensó que el discurso de honestidad del presidente no iba en serio. Por eso creo que el obradorismo no debería defender a esos personajes sólo porque están o han estado bajo el mando de la 4T.
Reconocer que hubo un caso de corrupción en las propias filas no sería una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Incluso podría ser una muestra de alta calidad moral que revitalizaría el ímpetu en la lucha contra la corrupción en este país. Más aún, podría ser una oportunidad para mostrar que la 4T va en serio y mandar una señal a otros funcionarios que todavía no entienden que las cosas han cambiado. Que quien quiera llenarse los bolsillos de dinero mejor se vaya a otro lado.
Me parece, además, que estamos ante una oportunidad única para entrar a reformar de una vez por todas y de fondo el Poder Judicial en México, un poder que indudablemente tiene partes muy podridas. Ojalá el caso de Scherer Ibarra logre eventualmente detonar un maxiproceso que sirva realmente para sanear al Poder Judicial, que sin duda es una materia pendiente. Porque no puede haber democracia ni Estado de derecho ni justicia social con un Poder Judicial como el que hoy tenemos.
La 4T no sólo es el gobierno, Morena o López Obrador, son también los millones de simpatizantes que creen que el país puede cambiar. Harían mal militantes y seguidores de la Cuarta Transformación en voltear la vista hacia otro lado, en negarse a ver que también dentro de las filas propias puede haber casos de corrupción.
Sería un grave error que sean esos mismos militantes y simpatizantes los primeros en minimizar este caso o salir a defender a Julio Scherer Ibarra. Unos y otros, en todo caso, deberían entender que es necesario deslindarse de este personaje cuanto antes.
Yo nunca he ocultado mi simpatía política. Me considero obradorista, pero si ser obradorista es defender o comulgar con Scherer, que me borren de la lista.
Hernán Gómez Bruera
El ministro Arturo Zaldívar ha salido una vez más a denunciar esa “operación de Estado” que se orquestó durante el gobierno de Felipe Calderón para proteger a familiares de Margarita Zavala y altos funcionarios de ese gobierno involucrados en la tragedia de la Guardería ABC. Zaldívar narró también cómo fue presionado por esa administración para dejar pasar el asunto y cómo se enfrentó ante ese evidente abuso de poder.
El ministro ya había hablado de esto antes. Criticarlo por haber callado 13 años sobre el asunto es simplemente desinformación. Declaraciones en este sentido ya se habían dado a conocer, cuando en 2012 se publicó el libro de Diego Osorno, La guerra de los Zetas, y nuevamente en 2019, cuando Zaldívar hizo una serie de declaraciones muy polémicas sobre el tema.
¿Por qué entonces el presidente de la Suprema Corte ha vuelto a hablar del tema? ¿Por qué una vez más juega la carta de tirarle a Felipe Calderón? ¿Por qué ahora? Como analistas y comunicadores no podemos dejar de cuestionar este tipo de cosas, independientemente de cuáles sean nuestras simpatías políticas.
Y la respuesta es que Zaldívar quiere evitar que hablemos de lo que realmente hoy le incomoda.
Porque a principios de este mes se dio a conocer que dos altos funcionarios del Consejo de la Judicatura habían sido denunciados por corrupción: el jefe de administración, Alejandro Ríos Camarena y nada más y nada menos que el secretario general de ese organismo, Carlos Antonio Alpizar.
Y el problema, el pequeño problema que hoy tiene Zaldívar, es que ambos fueron nombrados por él, bajo recomendación del ex consejero presidencial, Julio Scherer Ibarra, también acusado de montar una red de corrupción, extorsión y tráfico de influencias junto a una red de despachos asociados.
Estos dos funcionarios, Ríos y Alpízar, acaban de ser denunciados por la Fiscalía General de la República en un caso que exhibe la podredumbre del Poder Judicial en nuestro país y que pone bajo cuestionamiento al propio Zaldívar: Ríos Camarena ha sido acusado de haber otorgado contratos por asignación directa en los que cobraba un moche de hasta 30%, y Alpízar por coaccionar jueces y magistrados para conceder amparos de acuerdo a la voluntad del ex consejero jurídico. Ambas acusaciones son sumamente graves. Por eso, Ríos renunció a su puesto a principios de este mes.
Estas dos denuncias indirectamente señalan a Arturo Zaldívar, por haberlos nombrado, por ser la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura y porque le toca vigilar que las cosas en su propia casa estén bien. Por eso no es casual que el ministro saque hoy el tema de Felipe Calderón y la Guardería ABC, reivindicando sus glorias pasadas, especialmente hoy que lo que podría estar siendo cuestionado es la forma en que ha manejado el Poder Judicial.
Tampoco es casual, en ese mismo contexto, que desde principios de la semana pasada Zaldívar haya venido tratado de posicionar en la agenda pública, a través de un evidente nado sincronizado de filtraciones, una presunta investigación en contra del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, acusado de nepotismo y corrupción.
No se necesita ser muy sofisticado en el análisis para darse cuenta que lo que está buscando Arturo Zaldívar con todo esto es desvíar la atención.
En redes sociales muchos obradoristas religiosos me han dicho que soy frívolo por llamar a estas declaraciones una cortina de humo. A ellos quisiera decirles que no soy un militante político, sino un comunicador, un analista político y simpatizante crítico del obradorismo y, quienes nos ubicamos en ese lugar debemos poner los puntos sobre las íes; no callarnos ante verdades incómodas.
Lo frívolo, en todo caso, es que el ministro –a quien respeto– utilice un tema delicado y tan sensible para la sociedad mexicana como una forma de desviar la atención sobre los graves problemas que enfrenta en el Poder Judicial. Nada más fácil para congraciarse con el obradorismo que atacar a esa bolsa de sparring llamada Felipe Calderón.
Claro que se debe aclarar el asunto de la Guardería ABC y la responsabilidad del poder federal, pero no podemos instalarnos en el recurso fácil de culpar de todo a Felipe Calderón, quien dejó la presidencia hace 10 años, sin perder la perspectiva crítica ante los problemas de hoy. Ese reto pasa por luchar decididamente contra la corrupción y hacerlo, en particular, contra la corrupción estructural que impera al interior del Poder Judicial.
El país está en medio de una batalla por acabar con la corrupción y Arturo Zaldívar es una pieza clave para limpiar el Poder Judicial. El problema es que el presidente de la Corte no ha logrado grandes éxitos en este terreno. De entrada, porque la reforma que planteó para este poder se ha quedado corta.
Al no llegar realmente al fondo del asunto –la carrera judicial–, Zaldívar no ha podido acabar con la discrecionalidad a través de la cual se reparten los ascensos y promociones de jueces y magistrados en nuestro país. Al no modificar este sistema perverso, es muy difícil acabar con la corrupción estructural que existe en el Poder Judicial.
De todo esto debieran estar hablando los medios y la oposición. El problema es que no les importa realmente acabar con la corrupción. Lo que quieren es acabar con el presidente.
Hay pocas dudas de que López Obrador es un hombre honesto y probo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de algunos de los colaboradores que lo han acompañado.
Si lo que nos preocupa es la corrupción estructural, el caso que debería estar en las portadas de los diarios y en el debate público es la podredumbre del poder judicial; esa que ha asomado la cabeza en las últimas semanas.
El verdadero problema de AMLO no se llama José Ramón: se llama Julio Scherer Ibarra. Pero hay varios que tendrían que ofrecer explicaciones, incluyendo el ministro Arturo Zaldívar.
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Segalmex y el yerno de Scherer
Mientras la opinión pública está absorta en el tema de la casa de la nuera y el hijo del Presidente, a pesar de no haber evidencias contundentes de conflictos de interés, en el subsuelo pasan cosas de las que casi no se hablan.
Una de ellas es que el gobierno y el presidente han estado apartando discretamente a personajes involucrados en casos de corrupción en varios niveles.
Uno de ellos fue nada más y nada menos que el yerno de Julio Scherer Ibarra, Bernardo Fernández Sánchez, director de operaciones de Liconsa; un joven itamita que difícilmente hubiera llegado a ese puesto sin un acto de nepotismo.
Hernán Gómez Bruera
Nuevamente ha vuelto a ser noticia uno de los personajes más oscuros que han pasado por la 4T: el ex Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, llegó a ser una pieza fundamental dentro de la actual administración. Además de fungir como el abogado del presidente, fue su gran interlocutor con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con políticos de diversa índole e incluso con algunos de los más grandes empresarios.
Por el gran poder que amasó durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador –no olvidemos que pudo nombrar a todos los directores jurídicos del gobierno federal, luego de la reforma de 2018–, la salida de Scherer Ibarra en septiembre del año pasado sorprendió a muchos.
Aunque el ex consejero aparentemente se fue en buenos términos con el presidente de la República, su separación no dejó de levantar sospechas. Nadie con tanto poder, influencia y cercanía con el jefe del Ejecutivo se marcha del gobierno porque sí.
Desde entonces circulaban ya rumores sobre nepotismo, tráfico de influencias y los negocios que el ex consejero impulsaba en los más diversos ámbitos, particularmente en el sector inmobiliario, en la distribución de alimentos a las cárceles y en el ámbito judicial.
Sus negocios, al parecer, también llegaron al ámbito electoral, donde no tuvo reparo en apoyar a candidatos de partidos distintos a Morena, con tal de promover sus propios intereses, de la mano de su primo, el estratega político Hugo Scherer. El tema, como lo di a conocer en su momento, enfureció al presidente en la última elección (https://bit.ly/3LAOozE).
Todos estos eran temas sobre los cuales la clase política rumoraba permanentemente. Estaban al tanto varios dirigentes de Morena y altos funcionarios del gobierno, pero no se decía nada por temor al personaje y porque todos suponían que Scherer era leal al presidente. Pero se equivocaban.
Extrañamente, los negocios de Scherer nunca se ventilaron en los medios. Incluso hoy, que están siendo investigados, tampoco ocupan las primeras planas de los grandes diarios nacionales. Las razones no dejan de ser intrigantes. Evidentemente, Scherer aún goza de un enorme poder.
El silencio en torno a esta figura, que hasta ahora ha parecido intocable, comenzó a romperse cuando –un mes después de su salida del gobierno– su nombre apareció mencionado en los Pandora Papers, esa filtración en la que aparecieron más de tres mil mexicanos con fortunas ocultas en empresas ubicadas en jurisdicciones offshore y fideicomisos opacos.
Scherer, en particular, apareció ligado a una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. En 2011, recibió 50 mil acciones de una compañía llamada “3203 Turn LLC” que cuenta con una filial en Miami. Esa filial, a su vez, compró un departamento por 1.2 millones de dólares en 2008. A pesar de que Julio Scherer no aparecía como propietario de la residencia, los pagos de los impuestos sí figuran a su nombre del ex consejero jurídico de 2013 a 2016.
Todo esto ofrecía ya indicios para pensar que el ex consejero jurídico no se había ido limpio y, casi seguramente, que no se fue simplemente porque “había concluido un ciclo”, como decimos eufemísticamente cuando nos corren de algún lugar. En otras palabras, que no se fue, que lo fueron.
Pero lo que hoy sabemos resulta de lo más inquietante, y pone a prueba como nunca antes el discurso de probidad y honestidad de la 4T. Porque hace tan solo siete días se dio a conocer que la FGR investiga una amplia red de extorsión y tráfico de influencias en la que todos los caminos llevan a Julio Scherer Ibarra.
En el mes de septiembre anticipé algunos indicios de lo que se venía al apuntar cómo diversos testimonios señalaban que, a pesar de sus funciones oficiales, Scherer nunca dejó de hacer negocios, utilizando para ello a terceros. Hablé también de cómo el ex consejero creó una poderosa estructura para influir en la procuración e impartición de justicia (https://bit.ly/3uKWhML; https://bit.ly/3svARQX).
Trataré de explicar el tema de la forma más concisa posible:
Primero, la FGR investiga hasta el momento a dos despachos cercanos Scherer. El caso más importante es el de “Araujo, González, Peimbert y Carrancá” que ha “defendido” entre comillas (y ahora les voy a explicar por qué digo entre comillas) a personajes implicados en casos de corrupción como el de la Cooperativa Cruz Azul, el del facturero May Álvarez Puga e Inés Gómez Mont o el de Alonso Ancira en Altos Hornos de méxico, entre muchos otros.
Al parecer, este despacho, como lo hicieron otros más, utilizó su cercanía con Scherer para obtener algunos tratos preferenciales y hacerse de favores en el Poder Judicial.
Los vínculos de Scherer con este despacho son públicos y notorios. De hecho, como nos lo hace notar Paulo Díez, el ex consejero fue socio de este despacho, como se ve en su propio CV (https://bit.ly/3JkVZ3a). Scherer, además, ha sido (o es) socio de otros dos despachos: Rivera Gaxiola y Ferraes & Igartúa, los cuales también formarían parte de esa red, aunque al parecer no han sido formalmente denunciados ante la FGR.
Para entender un poco como funcionaba esto imaginemos, por ejemplo, que yo soy Alonso Ancira y quiero evitar ir a prisión o soy Emilio Lozoya y quiero llevar mi proceso en libertad comiendo en pato laqueado en el Hunan… O soy el facturero Álvarez Puga y no quiero que me giren una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué hacía? pues iba con el mandamás, el señor consejero, para ver qué podíamos negociar o cómo nos podíamos arreglar. ¿Y qué es lo que me diría el consejero o sus más cercanos? “Habla con Juan Araujo”, “habla con Alonso Rivera Gaxiola” o “habla con Barradas”…. Ellos te pueden “ayudar”.
Y entonces ibas con alguno de esos socios del consejero, para que te ayudaran; para que supuestamente “defendieran” tu caso. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacían estos despachos, según se desprende de las investigaciones en curso? Pues cobrarte una enorme cantidad de dinero.
Hasta ahí todo puede ser entendible: los grandes despachos de abogados cuestan y cuestan mucho. El problema es que esos despachos no solo estaban cobrándote sus servicios. El cobro que hacían era tan ridículamente alto que, al final, lo que te estaban vendiendo era la sentencia absolutoria o un trato privilegiado para que pudieras llevar tu caso en la comodidad de tu domicilio o comiendo pato en el Hunan, por dar sólo algunos ejemplos. Y a cambio de esto alguien se hizo muy rico. Más de uno, probablemente.
Al menos cuatro despachos de abogados podrían estar implicados en esta trama que exhibe la podredumbre del poder judicial, de la que se habría aprovechado Julio Scherer, junto a un modus operandi que se parece mucho al que practicó el oscuro Humberto Castillejos, cuando estuvo al frente de la consejería jurídica con Peña Nieto. Algunos creen, sin embargo, que aquí las cosas llegaron aún más lejos. Si, tristemente en un gobierno de la 4T y muy cerca de López Obrador.
La trama involucra, al parecer, a grandes despachos de abogados, como podemos ver en este mapa que elaboró el abogado Paulo Díez, quien ha denunciado a Scherer ante la FGR, y donde figuran Rivera Gaxiola; Ferráez & Igartúa Abogados; García, González y Barradas Abogados y el ya mencionado despacho de Juan Araujo, cuyo nombre completo es Araujo, González, Peimbert, Robledo, Carrancá.
En esta red, además, aparecen varios parientes de Julio Scherer Ibarra: En el despacho de Rivera Gaxiola, Rodrigo Lagos Scherer, sobrino de Julio, y Carlos Mauricio Suárez Tarverner, hijo de la pareja sentimental del ex consejero; en el despacho de Ferraes & Igartúa, Alejandro Igartúa Scherer, y en el de Barradas, Valentina Scherer Navarro, quien también trabaja en el negocio de las campañas con su padre, Hugo Scherer. En esta red de intereses figura también el hermano de Julio, Pedro Scherer Ibarra.
El caso de Rivera Gaxiola es especialmente ilustrativo. Hace unos días, en entrevista con Aristegui, el abogado Paulo Díez denunció como este socio de Scherer presentó una propuesta de honorarios a Interjet, acusados de evasión fiscal. El abogado asegura tener el documento por escrito con la firma del litigante–, donde solamente por estudiar el caso cobraría 9 millones de dólares. A eso se suman otros honorarios que abultaban mucho más la cifra. Evidentemente, esa no es la suma que cobran los abogados. Seguramente allí iban implícitas otras triquiñuelas que deben investigarse.
Pero hay un elemento más que debemos tomar en cuenta para entender la forma en que operaban estos despachos vinculados a Scherer. En el Poder Judicial existe una institución llamada Consejo de la Judicatura, que es la cual disciplina a los jueces, decide sus ascensos y les puede imponer sanciones. Allí es donde Julio Scherer habría asentado una influencia decisiva para orientar las resoluciones del Poder Judicial.
Aquí aparecen dos personajes del Consejo de la Judicatura Federal que también han sido denunciados ante la Fiscalía. Me refiero a Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la presidencia del consejo, y Alejandro Ríos Camarena, secretario ejecutivo.
Estos dos funcionarios, que han sido denunciados, fueron recomendados por el ex consejero, e incluso están ligados a su red de despachos. A través de Alpízar y Ríos el ex consejero de Palacio Nacional habría coaccionado a los responsables de los juzgados y los tribunales para fallar en el sentido que más favorecía a sus intereses.
Uno de los temas más espinosos que investiga la Fiscalía es la acusación en contra de Scherer Ibarra –aquí aparece su nombre de forma más explícita– por aprovecharse de su posición como consejero jurídico con el fin de poner a un abogado cercano a él en un puesto que le permitía frenar una investigación en contra de la empresa Aleática, antes conocida como OHL, la cual se benefició de un contrato leonino durante el gobierno de enrique peña nieto para hacer el viaducto bicentenario, en el Estado de México.
Este caso, sobre el cual ha informado Animal Político (https://bit.ly/34RJixL) es muy relevante. Mientras se desgasta la opinión pública buscando escándalos (como la casa de la nuera de López Obrador), es increíble que los grandes medios hegemónicos no vean un asunto como este que posiblemente es el más grave de corrupción ocurrido hasta ahora en el actual gobierno.
Se trata de un caso grave porque lo que vemos es cómo uno de los hombres más cercanos del presidente se escudó de forma oportunista y deshonesta en la autoridad moral de López Obrador para hacer grandes triquiñuelas, aprovechándose de una posición de enorme poder y autoridad dentro del gobierno. La buena noticia, sin embargo, es que finalmente este entramado está siendo objeto de una investigación.
Aquí se asoma una historia truculenta, como lo escribí recientemente (https://bit.ly/3oBEO5p). Una historia en la cual Scherer podría terminar como el José Dirceu de Lula da Silva, el Vladimiro Montesinos de Fujimori o incluso el Luis Videgaray de Peña Nieto.
Con todo, en esta trama hay dos elementos que animan: uno: quien investiga el caso no es un periodista, sino la propia Fiscalía General de la República, que con esto ganaría una dosis de credibilidad, que tanto la necesita. Y dos: que Scherer –aunque él intente instalar en los medios una versión distinta– fue apartado por decisión del presidente.
Porque muy probablemente López Obrador sabía que la figura de su consejero –su ambición por el dinero y la obsesión que le llevó a extender su red de negocios a todas partes, incluso más allá de lo que hoy se investiga– podía comprometer su lugar en la historia y el proyecto transformador de la 4t, ese movimiento que busca separar el poder económico del poder político.
Sin duda, sería una positiva señal que la 4T actúe con firmeza ante un caso de corrupción emanado de una figura como Julio Scherer Ibarra. Eso demostraría que efectivamente estamos en unos tiempos donde no se tolera la corrupción de ningún tipo, venga de donde venga.
Véase editorial en video: https://www.youtube.com/watch?v=fSN2R3uNZ4o