La red de extorsión y tráfico de influencias que apunta a Julio Scherer Ibarra
Hernán Gómez Bruera
Nuevamente ha vuelto a ser noticia uno de los personajes más oscuros que han pasado por la 4T: el ex Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, llegó a ser una pieza fundamental dentro de la actual administración. Además de fungir como el abogado del presidente, fue su gran interlocutor con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con políticos de diversa índole e incluso con algunos de los más grandes empresarios.
Por el gran poder que amasó durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador –no olvidemos que pudo nombrar a todos los directores jurídicos del gobierno federal, luego de la reforma de 2018–, la salida de Scherer Ibarra en septiembre del año pasado sorprendió a muchos.
Aunque el ex consejero aparentemente se fue en buenos términos con el presidente de la República, su separación no dejó de levantar sospechas. Nadie con tanto poder, influencia y cercanía con el jefe del Ejecutivo se marcha del gobierno porque sí.
Desde entonces circulaban ya rumores sobre nepotismo, tráfico de influencias y los negocios que el ex consejero impulsaba en los más diversos ámbitos, particularmente en el sector inmobiliario, en la distribución de alimentos a las cárceles y en el ámbito judicial.
Sus negocios, al parecer, también llegaron al ámbito electoral, donde no tuvo reparo en apoyar a candidatos de partidos distintos a Morena, con tal de promover sus propios intereses, de la mano de su primo, el estratega político Hugo Scherer. El tema, como lo di a conocer en su momento, enfureció al presidente en la última elección (https://bit.ly/3LAOozE).
Todos estos eran temas sobre los cuales la clase política rumoraba permanentemente. Estaban al tanto varios dirigentes de Morena y altos funcionarios del gobierno, pero no se decía nada por temor al personaje y porque todos suponían que Scherer era leal al presidente. Pero se equivocaban.
Extrañamente, los negocios de Scherer nunca se ventilaron en los medios. Incluso hoy, que están siendo investigados, tampoco ocupan las primeras planas de los grandes diarios nacionales. Las razones no dejan de ser intrigantes. Evidentemente, Scherer aún goza de un enorme poder.
El silencio en torno a esta figura, que hasta ahora ha parecido intocable, comenzó a romperse cuando –un mes después de su salida del gobierno– su nombre apareció mencionado en los Pandora Papers, esa filtración en la que aparecieron más de tres mil mexicanos con fortunas ocultas en empresas ubicadas en jurisdicciones offshore y fideicomisos opacos.
Scherer, en particular, apareció ligado a una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. En 2011, recibió 50 mil acciones de una compañía llamada “3203 Turn LLC” que cuenta con una filial en Miami. Esa filial, a su vez, compró un departamento por 1.2 millones de dólares en 2008. A pesar de que Julio Scherer no aparecía como propietario de la residencia, los pagos de los impuestos sí figuran a su nombre del ex consejero jurídico de 2013 a 2016.
Todo esto ofrecía ya indicios para pensar que el ex consejero jurídico no se había ido limpio y, casi seguramente, que no se fue simplemente porque “había concluido un ciclo”, como decimos eufemísticamente cuando nos corren de algún lugar. En otras palabras, que no se fue, que lo fueron.
Pero lo que hoy sabemos resulta de lo más inquietante, y pone a prueba como nunca antes el discurso de probidad y honestidad de la 4T. Porque hace tan solo siete días se dio a conocer que la FGR investiga una amplia red de extorsión y tráfico de influencias en la que todos los caminos llevan a Julio Scherer Ibarra.
En el mes de septiembre anticipé algunos indicios de lo que se venía al apuntar cómo diversos testimonios señalaban que, a pesar de sus funciones oficiales, Scherer nunca dejó de hacer negocios, utilizando para ello a terceros. Hablé también de cómo el ex consejero creó una poderosa estructura para influir en la procuración e impartición de justicia (https://bit.ly/3uKWhML; https://bit.ly/3svARQX).
Trataré de explicar el tema de la forma más concisa posible:
Primero, la FGR investiga hasta el momento a dos despachos cercanos Scherer. El caso más importante es el de “Araujo, González, Peimbert y Carrancá” que ha “defendido” entre comillas (y ahora les voy a explicar por qué digo entre comillas) a personajes implicados en casos de corrupción como el de la Cooperativa Cruz Azul, el del facturero May Álvarez Puga e Inés Gómez Mont o el de Alonso Ancira en Altos Hornos de méxico, entre muchos otros.
Al parecer, este despacho, como lo hicieron otros más, utilizó su cercanía con Scherer para obtener algunos tratos preferenciales y hacerse de favores en el Poder Judicial.
Los vínculos de Scherer con este despacho son públicos y notorios. De hecho, como nos lo hace notar Paulo Díez, el ex consejero fue socio de este despacho, como se ve en su propio CV (https://bit.ly/3JkVZ3a). Scherer, además, ha sido (o es) socio de otros dos despachos: Rivera Gaxiola y Ferraes & Igartúa, los cuales también formarían parte de esa red, aunque al parecer no han sido formalmente denunciados ante la FGR.
Para entender un poco como funcionaba esto imaginemos, por ejemplo, que yo soy Alonso Ancira y quiero evitar ir a prisión o soy Emilio Lozoya y quiero llevar mi proceso en libertad comiendo en pato laqueado en el Hunan… O soy el facturero Álvarez Puga y no quiero que me giren una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué hacía? pues iba con el mandamás, el señor consejero, para ver qué podíamos negociar o cómo nos podíamos arreglar. ¿Y qué es lo que me diría el consejero o sus más cercanos? “Habla con Juan Araujo”, “habla con Alonso Rivera Gaxiola” o “habla con Barradas”…. Ellos te pueden “ayudar”.
Y entonces ibas con alguno de esos socios del consejero, para que te ayudaran; para que supuestamente “defendieran” tu caso. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacían estos despachos, según se desprende de las investigaciones en curso? Pues cobrarte una enorme cantidad de dinero.
Hasta ahí todo puede ser entendible: los grandes despachos de abogados cuestan y cuestan mucho. El problema es que esos despachos no solo estaban cobrándote sus servicios. El cobro que hacían era tan ridículamente alto que, al final, lo que te estaban vendiendo era la sentencia absolutoria o un trato privilegiado para que pudieras llevar tu caso en la comodidad de tu domicilio o comiendo pato en el Hunan, por dar sólo algunos ejemplos. Y a cambio de esto alguien se hizo muy rico. Más de uno, probablemente.
Al menos cuatro despachos de abogados podrían estar implicados en esta trama que exhibe la podredumbre del poder judicial, de la que se habría aprovechado Julio Scherer, junto a un modus operandi que se parece mucho al que practicó el oscuro Humberto Castillejos, cuando estuvo al frente de la consejería jurídica con Peña Nieto. Algunos creen, sin embargo, que aquí las cosas llegaron aún más lejos. Si, tristemente en un gobierno de la 4T y muy cerca de López Obrador.
La trama involucra, al parecer, a grandes despachos de abogados, como podemos ver en este mapa que elaboró el abogado Paulo Díez, quien ha denunciado a Scherer ante la FGR, y donde figuran Rivera Gaxiola; Ferráez & Igartúa Abogados; García, González y Barradas Abogados y el ya mencionado despacho de Juan Araujo, cuyo nombre completo es Araujo, González, Peimbert, Robledo, Carrancá.
En esta red, además, aparecen varios parientes de Julio Scherer Ibarra: En el despacho de Rivera Gaxiola, Rodrigo Lagos Scherer, sobrino de Julio, y Carlos Mauricio Suárez Tarverner, hijo de la pareja sentimental del ex consejero; en el despacho de Ferraes & Igartúa, Alejandro Igartúa Scherer, y en el de Barradas, Valentina Scherer Navarro, quien también trabaja en el negocio de las campañas con su padre, Hugo Scherer. En esta red de intereses figura también el hermano de Julio, Pedro Scherer Ibarra.
El caso de Rivera Gaxiola es especialmente ilustrativo. Hace unos días, en entrevista con Aristegui, el abogado Paulo Díez denunció como este socio de Scherer presentó una propuesta de honorarios a Interjet, acusados de evasión fiscal. El abogado asegura tener el documento por escrito con la firma del litigante–, donde solamente por estudiar el caso cobraría 9 millones de dólares. A eso se suman otros honorarios que abultaban mucho más la cifra. Evidentemente, esa no es la suma que cobran los abogados. Seguramente allí iban implícitas otras triquiñuelas que deben investigarse.
Pero hay un elemento más que debemos tomar en cuenta para entender la forma en que operaban estos despachos vinculados a Scherer. En el Poder Judicial existe una institución llamada Consejo de la Judicatura, que es la cual disciplina a los jueces, decide sus ascensos y les puede imponer sanciones. Allí es donde Julio Scherer habría asentado una influencia decisiva para orientar las resoluciones del Poder Judicial.
Aquí aparecen dos personajes del Consejo de la Judicatura Federal que también han sido denunciados ante la Fiscalía. Me refiero a Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la presidencia del consejo, y Alejandro Ríos Camarena, secretario ejecutivo.
Estos dos funcionarios, que han sido denunciados, fueron recomendados por el ex consejero, e incluso están ligados a su red de despachos. A través de Alpízar y Ríos el ex consejero de Palacio Nacional habría coaccionado a los responsables de los juzgados y los tribunales para fallar en el sentido que más favorecía a sus intereses.
Uno de los temas más espinosos que investiga la Fiscalía es la acusación en contra de Scherer Ibarra –aquí aparece su nombre de forma más explícita– por aprovecharse de su posición como consejero jurídico con el fin de poner a un abogado cercano a él en un puesto que le permitía frenar una investigación en contra de la empresa Aleática, antes conocida como OHL, la cual se benefició de un contrato leonino durante el gobierno de enrique peña nieto para hacer el viaducto bicentenario, en el Estado de México.
Este caso, sobre el cual ha informado Animal Político (https://bit.ly/34RJixL) es muy relevante. Mientras se desgasta la opinión pública buscando escándalos (como la casa de la nuera de López Obrador), es increíble que los grandes medios hegemónicos no vean un asunto como este que posiblemente es el más grave de corrupción ocurrido hasta ahora en el actual gobierno.
Se trata de un caso grave porque lo que vemos es cómo uno de los hombres más cercanos del presidente se escudó de forma oportunista y deshonesta en la autoridad moral de López Obrador para hacer grandes triquiñuelas, aprovechándose de una posición de enorme poder y autoridad dentro del gobierno. La buena noticia, sin embargo, es que finalmente este entramado está siendo objeto de una investigación.
Aquí se asoma una historia truculenta, como lo escribí recientemente (https://bit.ly/3oBEO5p). Una historia en la cual Scherer podría terminar como el José Dirceu de Lula da Silva, el Vladimiro Montesinos de Fujimori o incluso el Luis Videgaray de Peña Nieto.
Con todo, en esta trama hay dos elementos que animan: uno: quien investiga el caso no es un periodista, sino la propia Fiscalía General de la República, que con esto ganaría una dosis de credibilidad, que tanto la necesita. Y dos: que Scherer –aunque él intente instalar en los medios una versión distinta– fue apartado por decisión del presidente.
Porque muy probablemente López Obrador sabía que la figura de su consejero –su ambición por el dinero y la obsesión que le llevó a extender su red de negocios a todas partes, incluso más allá de lo que hoy se investiga– podía comprometer su lugar en la historia y el proyecto transformador de la 4t, ese movimiento que busca separar el poder económico del poder político.
Sin duda, sería una positiva señal que la 4T actúe con firmeza ante un caso de corrupción emanado de una figura como Julio Scherer Ibarra. Eso demostraría que efectivamente estamos en unos tiempos donde no se tolera la corrupción de ningún tipo, venga de donde venga.
Véase editorial en video: https://www.youtube.com/watch?v=fSN2R3uNZ4o
