Desde hace cinco años Guanajuato encabeza la lista de las entidades más violentas del país. Solo en enero de este año se registraron 250 homicidios dolosos. El lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcadía de Celaya, Gisela Gaytán, muestra una vez más que la situación en materia de seguridad en el estado está fuera de control.
Especialmente ahora, llama la atención la situación en la entidad porque la seguridad está ocupando un lugar cada vez más importante en el discurso de la oposición, y porque la derecha defiende cada vez más la idea de que con medidas punitivistas y de “mano dura” podrían contener la violencia.
“Se acabaron los abrazos”, repite frecuentemente la candidata del PRIAN, en un guiño evidente al calderonismo.
Lo cierto es que este discurso hace aguas cuando vemos la situación de Guanajuato, una entidad que lleva 33 años gobernada por el panismo. Con experiencias como ésta, ¿cómo puede la oposición argumentar que sus planteamientos en materia de seguridad podrían funcionar mejor que los de la 4T?
Un ejercicio interesante surge de comparar a Guanajuato, durante tres décadas de gobiernos azules, con la Ciudad de México, 27 años gobernada por la centro-izquierda.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2023 los homicidios dolosos en Guanajuato crecieron 455%, mientras en la Ciudad de México se redujeron 22%.
Otros delitos –no todos necesariamente asociados a la presencia del narcotráfico– muestran igualmente un contraste enorme en esos 26 años. El robo con violencia a casa habitación, por ejemplo, creció 15,900%, cuando en la capital se redujo en un 62.4%; el de vehículos con violencia aumentó 5,734%, mientras en la ciudad se redujo 92%.
No se pretende aquí explicar las razones de estos contrastes, pues naturalmente incluyen múltiples variables. Sin embargo, vale la pena hacer tres consideraciones.
Primero: El gobernador Diego Sinhué fue renuente a participar en las mesas de seguridad del gobierno federal. Solo cuando cambió de postura, reconoció el error y comenzó a asistir, inició un moderado descenso de la violencia en la entidad. De 3359 homicidios en 2020 bajó hasta 2581 en 2023. ¿En algo habrá tenido que ver la actuación coordinada con el gobierno federal? Probablemente sí.
Segundo, desde 2009 solo ha habido un fiscal en Guanajuato: Carlos Zamarripa, quien primero fue procurador entre 2009 y 2019. ¿Cómo es posible que después lo hayan nombrado fiscal, cuando durante esos diez años los homicidios en la entidad crecieron casi siete veces? O hay fuertes intereses políticos o se trata de un perfil coludido con el crimen organizado, a la usanza calderonista.
No escribí “Traición en Palacio” –mi más reciente libro sobre el todo poderoso exconsejero jurídico de López Obrador— porque me preocupe en demasía Julio Scherer.
Lo que me animó principalmente fue develar la forma en que opera el negocio de la justicia en México, un mecanismo que sirve para conservar esos privilegios que la 4T quiso combatir, con éxito limitado.
Limitado porque ni el gobierno de AMLO ni el de Sheinbaum se plantearon una verdadera reforma al sistema de justicia.
Seguimos siendo hoy un país en el que los potentados compran su impunidad y los casos que involucran grandes sumas de dinero suelen resolverse a favor de quien paga más. Un país donde los abogados de élite y “brokers” de la Justicia con mucha facilidad logran acceder a jueces, magistrados y ministros para obtener favores y trato preferencial.
La muy fluida relación de Julio Scherer Ibarra con Arturo Zaldívar, cuando era presidente de la Corte, o con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra —uno de sus mayores facilitadores—, tan es solo una muestra de ese tipo de vínculos.
Varios incentivos en nuestro sistema de justicia son generadores de una corrupción que seguirá existiendo a menos de que avancemos hacia una reforma de verdad. Menciono solo algunos rubros:
Primero, la falta de una auténtica carrera judicial, pues coloca a jueces y magistrados a merced de las lealtades políticas y redes clientelares dentro del propio Poder Judicial.
Segundo, el excesivo poder que tienen los presidentes de los tribunales superiores de justicia en los estados, y a nivel federal el presidente de la SCJN, quienes encabezan los consejos de la judicatura, donde se vigila y controla a los juzgadores, siendo juez y parte.
Tercero, los diversos mecanismos de control y presión que existen sobre quienes imparten justicia, pues es fácil presionarlos a través de los mecanismos de quejas y sanciones administrativas que el presidente de la Corte o de los tribunales superiores de justicia pueden dar celeridad o archivar, según le convenga.
Cuarto, la facilidad para cambiar a juzgadores de adscripción, modificar la composición de los tribunales y apartar, con cualquier pretexto, a quienes toca resolver determinado asunto, a fin de que el caso sea turnado a otro juez.
Quinto, la forma en que se asignan los turnos de los casos. Uno de los vicios del sistema es la facilidad con la que pueden direccionarse litigios específicos hacia jueces de consigna con los que abogados y “brokers” tienen una “relación especial” y pueden anticipar sentencias favorables.
En teoría, los casos que llegan a la justicia federal y local se asignan por sorteo o a través de un algoritmo. En la práctica, el sistema es fácilmente manipulable. Así parece lo hizo a sus anchas Carlos Alpízar, ex secretario general del Consejo de la Judicatura Federal y hombre fuerte de Zaldívar, con la gran cantidad de asuntos que eran de interés para el exconsejero jurídico.
Cuando uno observa con detenimiento, cómo los casos que preocupaban personalmente a Scherer y sus socios –como lo detallo en mi investigación— tuvieron un trato a tal punto prioritario en el Poder Judicial Federal y de la Ciudad de México, no puede sino levantar las cejas ante tantas “coincidencias”.
El miércoles pasado se publicó en este diario el adelanto de mi libro Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (https://is.gd/Xt4oeL), el cual ya está llegando a librerías. Me han preguntado algunos conocidos del espectro opositor si después de lo que revelo en esta investigación puedo seguir simpatizando con este gobierno. Me cuestionan cómo, después de estudiar el modus operandi de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de AMLO, todavía puedo creer que la 4T es distinta.
No dudo en mi respuesta: claro que es distinta. Indagar sobre la red de presuntos negocios judiciales encabezada por este personaje —que abusó de la confianza del Presidente, hay que recordarlo— me permitió confirmarlo.
Sujetos como Scherer existen en muchos gobiernos. En los anteriores, sin embargo, se consentía y alentaba su corrupción. Los propios presidentes de la República la conocían y permitían. Esos personajes duraban hasta el final, como ocurrió con Lozoya o García Luna.
López Obrador hizo algo distinto cuando tuvo conocimiento sobre los negocios de su exconsejero, cuyos tentáculos se extendieron a varios ámbitos.
El Presidente no denunció a Scherer —como algunos hubiesen querido y como probablemente sería lo correcto—, pero lo apartó de su administración y dejó claro (al decir que dejaba “su cargo y encargo”) que no debía volver a gravitar en la órbita de la 4T.
Había que disfrazar aquello de una salida amistosa, en gran parte para no darle una victoria a los adversarios. Aun así, AMLO claramente cortó cabeza.
Pero hay más: la forma en que Julio Scherer Ibarra se condujo en sus funciones —donde además de ser consejero jurídico fungió como una suerte de secretario de gobernación en la oscuridad, desde donde se involucró en múltiples negocios— generó mucha indignación entre un buen número de cuadros de la 4T, la mayoría de los cuales tienen un compromiso firme en contra de la corrupción y creen genuinamente en el ideario obradorista.
A todas ellas y ellos les agradezco que hayan aceptado romper el silencio. Porque el libro que escribí se nutrió en gran medida de los testimonios que ofrecieron funcionarios de la 4T en todos los niveles, incluso en los equipos de todas las corcholatas. Gente a la que le indigna lo que hizo el traidor de Palacio y no quieren que una historia como esta se repita.
De igual forma —y me disculpo por esta autorreferencia— no deja de ser un dato interesante que quien se decidió a contar esto no fue un periodista opositor, sino uno que desde el inicio ha simpatizado con esta administración. No será esa simpatía acrítica y dogmática que algunos obradoristas religiosos quisieran. Pero es la de alguien que cree en la esencia de la 4T y se toma en serio sus objetivos y valores.
Aun así, la mía no ha querido ser una lectura autocomplaciente, sino una crítica desde la izquierda. Digámoslo claramente: AMLO también se equivocó al no elegir mejores perfiles en algunas áreas clave de su gobierno (como las vinculadas al mundo de la justicia), al creer que la honestidad es hereditaria (porque de don Julio a Julito hay una distancia como la del Océano Atlántico), pero sobre todo al no reformar en serio nuestro disfuncional, putrefacto y corrupto sistema de justicia.
Cómo no haber albergado esperanzas cuando en enero de 2019 Arturo Zaldívar fue elegido para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su perfil parecía el idóneo para encabezar una nueva etapa, donde el poder judicial estaba llamado a acompañar la batalla contra la corrupción promovida por López Obrador.
Tristemente, antes que estar a la altura, Zaldívar ha terminado por convertirse en un defensor del status quo.
A meses de concluir su mandato, el resultado de la reforma judicial —que en un gesto de confianza el Presidente puso en sus manos— ha sido por demás mediocre, presentando apenas unos cuantos avances cosméticos.
Entre quienes hoy más presumen haber derrotado a la coalición de la 4T en la discusión de lareforma eléctrica está el diputado federal y presidente del PRI, Alito Moreno.
El político campechano parecía ser pieza clave en las negociaciones de la reforma. Se pensaba que de un sector del PRI podían salir los votos para sacar adelante esta iniciativa.
No se contaba con que la dirigencia llamaría a la disciplina partidista y acabaría presionando a sus legisladores a votar como bloque. ¿Qué hizo cambiar de postura al PRI y particularmente a su dirigente Alito Moreno?
Hernán Gómez Bruera
El espionaje del que fue objeto el fiscal Alejandro Gertz Manero el 25 de febrero de este año pudo haberse efectuado desde una oficina alterna utilizada por el despacho del abogado Juan Antonio Araujo Riva Palacio, un socio clave del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En días pasados, tomé conocimiento de esto a partir de una fuente de inteligencia que encontró que el espionaje muy posiblemente fue efectuado por la firma Thomas Dale & Associates, una empresa de seguridad e investigación privada en Estados Unidos, dirigida por un ex jefe de la Policía de Los Ángeles, Thomas Elfmont.
La misma fuente me informó que el ilícito a través del cual se interceptó la llamada de Gertz Manero podría haberse llevado a cabo desde una modesta y discreta casa ubicada en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México, con domicilio en Damas 94, a una cuadra del Teatro de los Insurgentes, donde figuran las actividades de esta empresa de seguridad.
A través de una simple búsqueda en Google puede corroborarse como esta empresa de seguridad efectivamente se ubica en esa dirección, también utilizada por los abogados Juan Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, quienes deberán comparecer en la audiencia que tendrá lugar por el caso Juan Collado este 7 de abril.
Según la página de internet de Thomas Dale & Associates, se trata de una empresa global de investigación y seguridad basada en Los Ángeles, con oficinas regionales en Nueva York, México, Brasil, Venezuela, Colombia y Rusia, la cual emplea además a 300 expertos en todo el mundo (http://www.tdaltd.net/).
Lo que llama poderosamente la atención es que en 2011 esta misma firma fue acusada en Estados Unidos por contratar un servicio de espionaje para intervenir un celular en San Bernardino, California, en un caso que llegó hasta los tribunales, como consta en diversas notas periodísticas. (https://bit.ly/3NWL7LZ; https://bit.ly/3LLznKp)
En las mismas oficinas en la que tiene sede esta empresa estadounidense despacha ciertos asuntos el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá. Aunque su domicilio oficial está en Francisco Sosa 349, en Coyoacán, es sabido que utilizan varias oficinas más. El predio de San José Insurgentes, en particular, es utilizado como un despacho alterno, posiblemente para disfrazar algunas de sus actividades y maquillar cierto tipo de negocios.
La casa en cuestión –donde Araujo y sus socios reciben notificaciones– se ubica justo en una de las esquinas de Damas con Mercaderes. Al parecer, se trata de dos oficinas interconectadas: una en Damas 94 y otra en Mercader 39. Damas 94 ha sido utilizado, por ejemplo, como domicilio legal en una denuncia presentada por empleados de Araujo en contra del abogado Paulo Diez Gargari por el caso Aleática. Además, es la sede de dos empresas del hijo de Araujo, Juan Antonio Araujo Garrido: Financiera Mutuo y Caliza, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos.
En Damas 94 aparecen también registradas otras tres empresas mexicanas, aunque de capital suizo: una de ellas es una empresa de seguridad (otra más), registrada bajo el nombre de Glarus S. A. de C. V., según consta en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Figura también una empresa de artículos de joyería y accesorios, Bernart S. A. de C.V., y una de servicios de limpieza de inmuebles, Mexico-Astralasia Student Services, S.A. de C.V.
Mercaderes 39, por su parte, fue utilizado como domicilio legal en un amparo presentado por Alonso Ancira, donde figura el nombre de José Manuel Quintanares, empleado de Araujo. También fue empleado por otro de sus colaboradores, José Antonio Sadurnit, en uno de los amparos tramitados a Radiópolis, e incluso figura como dirección de la revista Edicta + Estilo de Vida, editada por Araujo. No menos importante, el mismo domicilio ha figurado como sede de Arcafim, una sociedad financiera de objeto múltiple que es propiedad de Araujo.
Araujo Rivapalacio es uno de los socios más importantes del ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, como consta en el currículum de este último, y como él mismo lo reconoce en la extensa carta que publicó en Proceso. Tanto Araujo, como su socio, César González Hernández, sobrino favorito del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deberán acudir este 7 de abril a la audiencia que tendrá lugar en el Reclusorio Norte, como ya se ha dicho.
Durante el tiempo en que Scherer Ibarra fue consejero jurídico de la Presidencia, en este despacho se trataron –aparentemente por intermediación de Scherer Ibarra–, casos tan importantes como el de Cruz Azul, Alonso Ancira, Aleática, Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa y el propio Juan Collado, por mencionar solo algunos donde se ha referido la existencia de un modus operandi extorsivo.
El 25 de febrero, cuando fue interceptada la llamada entre el fiscal general de la República y Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial, Thomas Dale & Associates tenía su domicilio en Damas 94, lo mismo que Glarus S.A. de C.V. Formalmente, aún lo tienen hoy.
¿Se tratará de una mera coincidencia que dos empresas de seguridad –una de ellas acusada de espionaje– figuren en la misma dirección que utiliza Juan Araujo para sus negocios? ¿Será que desde allí pudo haber sido espiado al Fiscal General de la República? Solo las autoridades competentes pueden aclararlo.
Algo debe saber ya el propio presidente de la República porque el 7 de marzo declaró durante la mañanera: “El hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace cualquier ciudadano, esos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos, espías”.
Video de entrevista: https://aristeguinoticias.com/2403/mexico/hay-posible-corrupcion-y-modus-operandi-por-parte-de-scherer-ibarra-hernan-gomez-bruera-video/