–Hernán Gómez Bruera–
El viernes pasado se dio a conocer una investigación periodística a cargo de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde se muestra la casa en la que habita José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, en Texas.
El enfoque del reportaje se centra en el lujo de la residencia, y en lo que se antoja como una incongruencia frente al discurso de austeridad republicana de esta administración.
Pero, ¿estamos entendiendo bien el concepto de austeridad republicana? ¿No estamos confundiendo el estilo de vida con la ética en el ejercicio de gobierno?
No hay que confundirse: una cosa es la apuesta personal de vida de López Obrador –a quien se le agradece no haber vivido en la ostentación de otros políticos– y otra es cómo elijan hacerlo sus familiares, especialmente cuando ya están en edad de vivir por sus propios medios.
El problema, quizás, es que el propio presidente ha contribuido con su discurso a confundir una cosa con la otra. Pero más allá de que pueda haber un poquito de demagogia en esta parte del discurso presidencial, la esencia de la austeridad republicana –que no es equiparable a estilo de vida– radica en el ejercicio de los recursos públicos.
Esa austeridad tiene que ver con el hecho de que las dependencias y funcionarios del gobierno no derrochen recursos en emolumentos innecesarios: que no tengan 15 choferes, una flotilla de autos a su disposición, bonos para comidas, chefs privados, etc, pagado todo con recursos públicos, cual si estos fueran su patrimonio personal.
Lo importante no es la forma en que elijan vivir los funcionarios públicos en la esfera privada. No es qué reloj utilizan, si viven en una casa grande o una casa chica, si comen en una fonda o si van al San Ángel Inn.
Mientras no se emplee el dinero de nuestros impuestos y los bienes en cuestión se obtengan de forma lícita, cada funcionario puede vivir como le plazca a partir del producto de su trabajo o de su patrimonio, si este es bien habido. Naturalmente, lo mismo ocurre con los familiares del presidente.
Esta es una diferencia fundamental, aunque el propio López Obrador frecuentemente mezcle un discurso con el otro, abriéndole así un flanco a la prensa opositora que hoy lo está explotando con habilidad y destreza.
Y es que solo a partir de esta confusión puede entenderse que pueda ser un escándalo el reportaje de Latinus y MCCI.
En realidad, lo que debería ser la nota principal apenas aparece tangencialmente en el reportaje. ¿No es extraño eso? Porque justamente el tema de fondo sería que la casa de la nuera de López Obrador perteneció antes a un alto ejecutivo petrolero. La nota no debería ser el patrimonio en sí de la esposa del hijo de AMLO, sino si ésta se obtuvo por medios legales o no.
Por eso llama tanto la atención que el reportaje de Latinus se vaya por un aspecto tan sensacionalista como el estilo de vida de López Beltrán y su esposa, y que hasta este momento se haya dicho tan poco sobre lo que podría ser el tema medular. ¿Por qué eso no se desarrolla ni se explica en el reportaje, tan solo se deja una insinuación en el aire?
Lo único que se desprende de esto es que la nuera de López Obrador rentó una propiedad a un ejecutivo petrolero, y que después fue comprada por la esposa de José Ramón López Beltrán. Hasta ahí no había nada indebido ni se acreditaba un conflicto de interés. Si hubiera mayores evidencias el propio reportaje debió señalarlas más claramente.
Por eso la nota probablemente se centra más en mostrar la alberca, la casa, la decoración y todo aquello que hace de forma alarmista sin entrar al que podría ser el tema de fondo.
Recordemos que cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca se mostró de forma bastante más precisa cómo Grupo Higa mandó a construir la casa para el matrimonio presidencial, cómo se dieron los contratos públicos con esta misma empresa, y cómo la propia ex Primera Dama confirmó la relación. Las cosas estaban muchísimo más claras.
Al menos en la primera versión de esta investigación sólo se señalan de forma aislada ciertos hechos, sin establecer su relación.
Lo poco que sabemos de Carolyn Adams –la esposa de José Ramón– es que trabaja en empresas del ramo petrolero que han participado en contratos con Pemex desde mucho antes de que empezara esta administración. Los trabajos que hace esta empresa son clave para Pemex.
El gobierno de Peña Nieto le dio un contrato por 65 millones para 4 años, mismo que se renovó con un contrato de 85 millones en este gobierno. Mientras no se logre demostrar que los contratos se salen de la normalidad, difícilmente se puede hablar de un conflicto de interés patente.
En realidad, lo que hasta ahora hemos visto en torno al caso es fundamentalmente alarmismo amarillista.
