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Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T

 

La mentira es el demonio,
la verdad es revolucionaria.
AMLO, 14 de diciembre de 2019

“Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 2 de septiembre de 2021. El presidente quería mostrar que la relación entre ambos terminaba de forma amistosa, porque inmediatamente después agregó: “Julio es como mi hermano; nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación”. Naturalmente, la prensa corporativa, y el grueso de la comentocracia, registró especialmente la segunda parte del mensaje.
Lo relevante de sus palabras, sin embargo, estuvo en una sutileza que solo registraron quienes conocen bien a Andrés Manuel López Obrador, para quien el compromiso con su proyecto político obedece a una entrega que va mucho más allá de las responsabilidades formales de un puesto burocrático: “ha decidido dejar el cargo y el encargo”. Ahí estaba lo relevante del asunto, el mensaje que quería dirigir a los más cercanos. Con estas palabras AMLO no solamente cerraba la posibilidad de que Scherer pudiera ocupar nuevamente un puesto en su gobierno, sino también que apoyara en determinado tipo de tareas, que siguiera gravitando en la órbita de la 4T o incluso ser considerado parte de su equipo de confianza. El subtexto del mensaje era claro. Quien entendió entendió: Julio Scherer Ibarra estaba fuera, fuera de todo.
Diez meses antes de eso, López Obrador había despedido a otra figura relevante de su gobierno, Alfonso Romo, aunque de una manera muy distinta. Cuando el empresario dejó la Oficina de la Presidencia, el presidente publicó un tuit que decía: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”. AMLO anunciaba también que Romo seguiría ayudándolo por fuera y le daba un espaldarazo claro llamándolo “honesto”.
Sabemos que, en realidad, Alfonso Romo no volvió a ocupar un papel relevante; tal vez nunca lo tuvo. Pero el hecho que importa aquí consignar es que el presidente lo seguía considerando uno de los suyos. A Scherer Ibarra, en cambio, AMLO le agradeció públicamente su contribución y su trabajo en buenos términos, pero no le concedió la posibilidad de mantener ningún “encargo”, ni abrió puerta alguna para que continuara ayudándolo. Por cierto, en su despedida tampoco se refirió a él como un hombre honesto. Quizás las cosas no habían terminado tan bien como el presidente López Obrador y su consejero se esforzaron por aparentar en esa ocasión.
Este libro cuenta la historia que podría explicar lo que vimos aquella mañana: una historia de traición. La de un hombre que se ganó la confianza del presidente López Obrador y usó su nombre y buena reputación —la de un político honesto y comprometido con la lucha contra la corrupción— para satisfacer una ambición creciente de dinero y poder, alimentada desde la privilegiada posición de ser el consejero jurídico del Ejecutivo federal; asimismo, dispuso de su enorme influencia sobre el aparato de procuración e impartición de justicia y
de haber sido, quizá, el segundo hombre más poderoso del país durante los primeros tres años de esta administración. Una historia de traición al ejemplo que ha buscado dar el presidente, a su movimiento político, así como a la narrativa central de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Pero Julio también traicionó el legado de su padre, don Julio Scherer García, un viejo amigo de López Obrador, por quien logró acercarse al hoy presidente.
Comencé a interesarme por el consejero jurídico unos meses después de iniciado el gobierno de López Obrador. Personajes del entorno presidencial, leales al mandatario, me compartieron, con estricta reserva, historias sobre presuntas conductas irregulares y negocios en los cuales estaba involucrado el consejero jurídico de la Presidencia.
Me sorprendió sobremanera escuchar que cuadros tan convencidos del ideario obradorista pudieran hablar de esa forma de un hombre tan cercano al mandatario. ¿Se trataba de uno de esos pleitos internos o había un verdadero trasfondo que justificaba sus aseveraciones?
En un principio me resultó difícil creer todo lo que escuchaba, pero lo que llegaba a mis oídos de forma reiterada se volvió imposible de ignorar. Eran historias dolorosas para algunos de los hombres y mujeres que han seguido luchando todos estos años junto a López Obrador, así como para sus simpatizantes. Por eso empecé a recopilar información y testimonios de cuadros destacados de la 4T en distintos niveles; personas preocupadas por la conducta de un personaje que daba la apariencia de haber llegado a servirse con la cuchara grande.
La lucha contra la corrupción estructural y la separación del poder económico del poder político han sido quizás los mantras más importantes del obradorismo. Lo que a partir de entonces se me revelaba acerca de Julio Scherer Ibarra, sin embargo, se apartaba cada vez más de ello. Más aún, la forma en la que Scherer actuaba dentro del gobierno, a juzgar por los testimonios que fui logrando recopilar, dice mucho acerca de la manera en que esas dos expresiones del poder —el económico y el político— están íntimamente vinculadas en México y son muy difíciles de separar.
El presidente le confió a Scherer Ibarra, en su carácter de funcionario público, un gran número de tareas. Resultaba estremecedor atestiguar la cantidad de poder que concentraba un personaje oscuro dentro de un gobierno que ha buscado ser diferente. Todos lo iban a ver: políticos del oficialismo y la oposición, líderes sindicales o empresarios pasaban por la oficina de un funcionario que comenzó a ser percibido como una suerte de vicepresidente. “Julio sí resuelve, Romo no”, se escuchaba en el empresariado. “Es él quien realmente tiene acceso a López Obrador”.
Aprovechándose de esa posición, el personaje tuvo una intensa actividad en los negocios. Varios elementos permiten suponer que no solamente se fue topando a lo largo del camino con oportunidades para hacerlos en grande, sino que, desde antes de llegar al poder, ya se venía preparando para beneficiarse económicamente, a pesar de que ello implicaba engañar u omitir verdades inconvenientes al presidente López Obrador.
Si algo me llamó la atención desde entonces era que el consejero raramente aparecía en público y casi nunca daba entrevistas. ¿Por qué alguien con tanta influencia, que ocupaba las funciones de un secretario de Gobernación, raramente mostraba la cara? Comencé a ver también que, dentro de Morena y el gobierno, muchos le tenían un gran temor (algunos todavía se lo tienen), lo que probablemente lo ha hecho doblemente poderoso, pues no hay
poder comparable al que emana del miedo. Incluso a muchos todavía les resulta inconcebible cuestionar siquiera a una figura como esta.
En plena era de la 4T había un personaje intocable, alguien de quien no se podía hablar y, cuando se hacía en comidas o cenas, los comensales invariablemente bajaban la voz. “No te metas con Julio, no te conviene”, me decían ciertos integrantes de la 4T, e incluso ejecutivos de algunos medios cuando empecé a hablar y escribir sobre este personaje. Nada me motivó más a publicar este libro que ese tipo de comentarios, en muy buena medida porque, si voté por López Obrador en 2018, y por todos los candidatos de su partido en 2021, no fue para seguir viviendo en un país de intocables. ¿Por qué Scherer Ibarra parecía serlo? La curiosidad de averiguarlo no me dejaba tranquilo.
Los testimonios que comencé a reunir apuntaban a que Scherer Ibarra habría montado una red de negocios judiciales con una serie de despachos asociados, junto con los cuales incurrió en presuntos casos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias. Así lo vino a plantear el abogado Paulo Díez Gargari, el primero en señalar esto públicamente, en una entrevista concedida a Carmen Aristegui en octubre de 2021.
Julio se develaba en los testimonios como un personaje poseído por una ambición desmedida por el dinero, la cual lo llevaría a ocupar todos los espacios posibles y tratar de aprovechar cuanta oportunidad de hacer negocios se presentara en el camino. A tal punto crecería su ambición que su proceder empezó a ser cada vez más torpe y a dejar cada vez más rastros. Nada de eso se hizo visible, sin embargo, porque el personaje supo blindarse con la moralidad de la 4T y refugiarse detrás del nombre del presidente López Obrador, igual que alguna vez lo hizo detrás de su padre, un referente de la ética periodística en México.
Muy convenientemente, Scherer Ibarra se apropió de un ámbito poco conocido para López Obrador, y ante el cual suele mostrar una gran antipatía: el de los abogados y el sistema de justicia. Scherer, en cambio, sabía perfectamente de qué se trataba el asunto y se aprovechó de un punto ciego presidencial para satisfacer sus propios intereses y darles rienda suelta a sus ambiciones.
En el curso de esta investigación me di cuenta de que debía ir más allá de Julio Scherer Ibarra. Este caso podía y debía arrojar luz sobre un tema aún más profundo y complejo: la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados que representan intereses económicos poderosos, jueces y políticos que administran el negocio de la justicia en México, así como el mercado en el que se negocia la impunidad.
El exconsejero no era más que una pieza del mecanismo. Alguien que no llegó a inventar nada nuevo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; todo lo emprendió de una manera poco prolija, dejando muchos rastros de su actuación y un gran número de agraviados en el camino.
El consejero habría replicado en gran escala y de forma descarada un modus operandi empleado por otros personajes antes que él: un esquema usado una y otra vez por otros gobiernos, a través del cual ciertos brokers o intermediarios, a nivel local o federal, modulan e intervienen en una relación corrupta y corruptora que se establece entre grandes despachos de abogados y el Poder Judicial para obtener sentencias favorables en juicios de élite.
La gran paradoja es que un esquema de este tipo, que hace tiempo han venido usufructuando algunos abogados y políticos, llegó a extremos pocas veces vistos, justamente en el único gobierno que se ha planteado con cierta seriedad luchar contra la corrupción
estructural y desmontar los privilegios. Un gobierno que, a pesar de eso, no entendió la necesidad de transformar al más opaco de todos los poderes de la unión: el Poder Judicial.
Entre finales de 2020 y la primera mitad de 2021, busqué varias veces a Julio Scherer Ibarra. Como es habitual entre los políticos, después de escribir una serie de artículos en los que lo cuestionaba, aceptó recibirme para conversar. El encuentro se pactó para el 3 de agosto de 2021. Fue un mes antes de su salida del gobierno, en su oficina de Virrey de Mendoza, en las Lomas, donde lo mismo atendía asuntos públicos y temas de Estado que sus propios negocios privados.
En esa ocasión hablamos por más de dos horas y lo cuestioné sobre una gran variedad de temas, incluida su actividad empresarial. Por tratarse de una plática que acordamos tener off the record, no reproduzco ni cito sus respuestas en estas páginas. Puedo decir, sin embargo, que el consejero se veía desgastado, cansado y molesto. Por momentos tuve la impresión de que sobreactuaba y buscaba generar empatía, mostrándose ya como víctima, ya como objeto de una serie de injusticias y actos de mala fe. Confieso que me costó creerle. En algún momento llegué a sentirme incómodo, cuando elevó el tono mucho más de lo normal para exigirme que lo viera a los ojos en lugar de tomar notas.
En cualquier caso, puedo decir que encontré en Julio Scherer a un tipo inteligente —sobre todo listo— y de amena conversación, e incluso que aquel día me convencí de que el personaje era suficientemente interesante en sí mismo como para escribir un libro. Irónicamente, cuando le formulaba mis preguntas al todavía consejero jurídico, uno de sus colaboradores allí presentes llegó a bromear con la idea de que escribiera un libro sobre su jefe. Si ya venía considerando esta posibilidad, ese día decidí tomarme la sugerencia en serio.
En aquella ocasión, en su oficina privada de las Lomas, el todavía consejero jurídico se comprometió a responder las dudas que pudieran surgirme y acordamos establecer una línea de comunicación a través de quien se ocupaba de su relación con los medios. En algún momento entretuve la idea de que podía contar con un testimonio de Scherer on the record o al menos ampliar mi indagatoria en la misma modalidad anterior. Intenté contactarlo dos veces más, pero, lamentablemente, ya no tuve éxito.
Dice Paco Ignacio Taibo II que los libros se hacen con lo que se tiene y no necesariamente con lo que se quiere. En ese sentido, lo que aquí se presenta no es más que una serie de pistas a partir de las cuales, posteriormente, será posible sacar conclusiones. Escapa a las posibilidades de esta investigación hacer una revisión exhaustiva de los presuntos negocios que Scherer habría hecho al amparo del poder. Lo que se pretende es ofrecer elementos, varios de los cuales requieren de una investigación más amplia para ser plenamente esclarecidos.
Este libro —que se compone de dos partes— revisa al personaje desde su historia personal y familiar, antes de llegar al gobierno y una vez que aterrizó en él. La primera parte arranca con su trayectoria personal y profesional, como abogado, y termina con su consolidación como un litigante y broker de la justicia. Se analizan aquí los distintos ámbitos en los que Scherer Ibarra incurrió en una traición: al legado de su padre, don Julio Scherer García, cuyo nombre e influencia política usó siempre en su provecho; al presidente López Obrador, de cuya confianza abusó; a Morena, que buscó instrumentalizar como si fuera una franquicia de dinero y poder, y a los valores más importantes de la 4T. La segunda parte examina con lupa el modus operandi de la red de negocios judiciales que comandó desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a partir de siete casos concretos que tuve
posibilidad de reconstruir: Juan Collado, Alonso Ancira, Miguel Alemán, Cruz Azul, Aleatica, Oro Negro y Banco Santander.
Me ha parecido importante recabar la información disponible hasta el momento sobre Scherer y sus socios, tanto a partir de lo que ha aparecido en la prensa, como de las denuncias que han presentado en su contra y las carpetas de investigación existentes, así como de algunas otras evidencias documentales, algunas de ellas derivadas de solicitudes de transparencia. Mi fuente principal, sin embargo, son unos 80 testimonios. Amparándome en el secreto profesional, no daré sus nombres, pues la mayoría de ellos así lo solicitó expresamente.
Una parte importante de los testimonios fue recabada entre figuras de la propia 4T, con cargos y encargos de mayor o menor relevancia, así como de otras instituciones públicas en el nivel federal y local. Otra parte relevante proviene de litigantes familiarizados con el funcionamiento del Poder Judicial en México, muchos de los cuales conocen a Julio Scherer desde hace tiempo o tienen conocimiento de la forma en que operó el sistema de justicia durante la actual administración, e incluso antes. A todas y todos ellos les agradezco enormemente su contribución a este esfuerzo. No menciono a ninguno por su nombre, como tampoco a las muchas personas que me apoyaron en esta investigación, para no perjudicarlas. Ellas y ellos, en cualquier caso, saben de mi enorme gratitud.
El principal obstáculo para esta investigación ha sido el miedo de mis fuentes, las cuales en general han sido en extremo cautelosas. Casi nadie ha querido ser el primero en revelar información y pocos estuvieron dispuestos a compartir documentos. Todo esto representa una enorme dificultad para precisar detalles y proporcionar datos más específicos, so pena de exponer y poner en riesgo a quienes aportaron testimonios.
He de decir que yo mismo no pude hacer esta investigación con la comodidad y soltura que hubiera deseado; debí moverme con mucho cuidado, como me lo sugirieron mis fuentes dentro y fuera del gobierno. No es fácil, como periodista, investigar un perfil como el de Julio Scherer y sus socios sin ponerse en riesgo. De hecho, más de un medio de comunicación para el cual he colaborado —no todos— me pidió dejar de hablar sobre este personaje, ya por haber recibido llamadas suyas, ya por tener una relación de negocios o interés con el exconsejero. Otros se negaron a publicar mis textos, y en uno terminaron por cesarme, tres días después de que se enteraron del tipo de investigaciones que estaba llevando a cabo. El mensaje era muy claro: no te metas con Julio.
En la etapa final también recibí amenazas por redes sociales y correo electrónico. Una de ellas me llamó la atención especialmente porque ocurrió 36 horas después de encontrarme en un sitio público con una de las presuntas víctimas de extorsión del exconsejero. Ante tales hechos, que difícilmente pueden ser fortuitos, me vi obligado a presentar una denuncia penal y adoptar medidas de protección. Por todas estas circunstancias, no siempre pude indagar libremente, contrastar posturas y escuchar la versión de todos los involucrados (lo que en condiciones óptimas debe hacerse en un trabajo periodístico), porque no quise levantar más sospechas. Aun así, me comprometo a darles difusión en mis redes sociales y otros espacios en los que colaboro a aquellos aludidos en esta investigación que deseen ejercer su derecho de réplica.
Debo mencionar, asimismo, que en esta investigación usé como referencia, también, una serie de audios que llegaron a mí de forma anónima, luego de publicar varios artículos sobre Scherer, y en los que pueden escucharse conversaciones telefónicas comprometedoras para el exconsejero jurídico y sus socios, tanto en el ámbito empresarial como en el de los
despachos de abogados afines a él. Hay más de 100 conversaciones, las cuales he decidido mantener mayoritariamente bajo reserva, aunque no dudaré en divulgarlas en caso de que el exconsejero o sus socios intenten hacerme daño. Por esta razón, he encargado estos audios a una persona de mi confianza, a la que le he pedido hacerlos del conocimiento público en caso de ser necesario.
En las siguientes páginas no acuso a nadie por cometer alguna conducta ilícita, tan solo soy la voz de mis fuentes. Además, difícilmente una persona en solitario podría generar el tipo de pruebas que requeriría sustentar una acusación formal sobre casos como los que aquí se relatan. Lo que se presenta en este libro, en todo caso, es una recapitulación de investigaciones previamente publicadas en la prensa —algunas de mi propia autoría—, así como pistas y aproximaciones adicionales que podrían servir para llevar a cabo una investigación más amplia que pueda arrojar conclusiones.
En última instancia, lo que busco es entender los desafíos que presenta la justicia en México y mostrar el tipo de mecanismos a través de los cuales opera y se perpetúa la corrupción en el Poder Judicial, especialmente, en casos que involucran a los grandes capitales. Centrarse en Julio Scherer Ibarra no solo es importante por el hecho de que un personaje que era cercano al presidente de la República presuntamente emprendió negocios al amparo del poder. También lo es porque su conducta pública, como veremos, afectó o pudo afectar los objetivos planteados por la 4T.
Por último, soy consciente de los riesgos que implica denunciar la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados y jueces que controla áreas del sistema de justicia, un mecanismo que les ha reportado cuantiosos lucros. Mencionar a algunos de sus presuntos integrantes no les va a gustar, y varios, especialmente quienes se sientan más aludidos, podrán sentir que este ejercicio periodístico interfiere con un negocio que se ha nutrido por mucho tiempo del silencio en el que transcurre su forma de actuar.
Sé que Scherer y sus socios intentarán buscar alguna justificación —por ridícula que sea— para proceder legalmente en mi contra o perjudicarme por cualquier vía. Buscarán esgrimir, quizás, que mi actividad periodística afecta su honra. Por ello es importante recordarles que nuestra Constitución protege la libertad de expresión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en casos como el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ha señalado que, cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, el primero tiene un lugar preferente en el ordenamiento jurídico, al considerarse un derecho humano y constitucional fundamental.
En el mismo sentido, el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión establece en su numeral 105 que, dado el interés del debate sobre asuntos públicos, la libertad de expresión adquiere un valor ponderado mayor, al tiempo que “las ex presiones de interés público constituyen un discurso objeto de especial protección bajo la Convención Americana”.
Con todo esto, y aunque la razón jurídica no los asista, sé que Scherer y sus socios abogados intentarán usar a esos jueces a sueldo de los que echan mano normalmente para tratar de silenciar al mensajero, evitar que se escuche el mensaje y que nadie quiera volver a hablar de este tema. Estoy preparado para eso, y también para continuar documentado —con todo interés periodístico— su modus operandi, aun cuando la víctima sea yo mismo. Con todo, estimo que, al actuar de esta forma, seguramente estarán pensando con la lógica del pasado. Lo harán porque no se han dado cuenta de que este país —aunque no ha cambiado todo lo que quisiéramos— ya no es el mismo de antes.
De hecho, estoy convencido de que no lo es. El simple hecho de que un político tan poderoso como Julio Scherer Ibarra haya tenido que despedirse del gobierno y de la Cuarta Transformación es un signo de que las cosas no son iguales. En administraciones anteriores, perfiles como el del exconsejero jurídico permanecían en sus cargos hasta el último día de su gestión, con pleno conocimiento de sus actos por parte del presidente. En este caso no fue así. Por eso creí que valía la pena contar esta historia.

Ciudad de México, 30 de mayo de 2023

 

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Lo que revela el caso Collado

Supongamos que eres un juez y tienes que resolver un caso en el que el imputado es el mismo hombre que metió a la cárcel a tu tío al dar a conocer unos videos. Supongamos que el caso que tienes que resolver es el de un grupo de abogados que después sacaron de la cárcel a ese mismo tío.

¿No tendrías un conflicto de interés y razones de sobra para excusarte?

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Scherer habría extorsionado a Miguel Alemán Magnani

 

En la carta publicada recientemente por Julio Scherer Ibarra en Proceso, el ex consejero Jurídico de la Presidencia señala que Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, presentó una serie de “fabulaciones” respecto a su relación con una serie de despachos de abogados, uno de los cuales es el encabezado por Alonso Rivera Gaxiola.

Quien fuera uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador reconoce también que en diferentes momentos de su actividad profesional trabajó en este despacho (así como en el bufete de Juan Araujo, hoy señalado por el caso Juan Collado). Incluso nos recuerda que todo eso puede comprobarse en su currículum vitae. Como puede verse en la imagen, Scherer ha sido socio del despacho de Araujo, el de Rivera Gaxiola y el de Ferráez, Benet, Segovia e Igartúa.

 

En la polémica carta publicada el domingo, Scherer Ibarra asevera que la hoy presidenta del Senado pretendió en su momento infamarlo al “insinuar que hizo de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida”, y él mismo menciona como parte de esa historia el nombre de Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdez, para asegurar que el empresario se acercó a su oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet.

Dentro de las muchas cosas que no cuenta Scherer, sin embargo, es el trato que le dio al caso, probablemente una de las razones por las cuales terminó por perder la confianza del presidente López Obrador.

Y es que desde hace tiempo ha circulado entre algunos empresarios, abogados y altos funcionarios de este gobierno –incluido el presidente– una cotización en la que uno de los socios más cercanos a Scherer, el abogado Rivera Gaxiola, pretendía cobrarle a Alemán Magnani 40 millones de dólares a cambio de poner en orden a la empresa, ayudarle a resolver su situación fiscal y sacarlo del enredo legal en el que estaba.

La cotización –de la cual me fue entregada una copia–, presenta una cifra tan extravagante para cualquier bufete jurídico, que dejó la firme impresión de que el ex consejero jurídico estaría implicado en una trama de corrupción y tráfico de influencias similar a la que ya se ha denunciado en el caso Juan Collado, misma que podría repetirse en otros como el de Cruz Azul, Inés Gómez Mont, Ancira y Lozoya, por mencionar algunos.

En 2018, cuando Interjet todavía era la tercera aerolínea más importante del país, comenzaba ya a hablarse sobre los problemas financieros y la falta de solvencia en la compañía. En octubre de 2019, el SAT confirmó que la compañía tenía una deuda acumulada entre 2013 y 2017 que ascendía a 549 millones de pesos, unos 27 millones de dólares, deuda por la cual Miguel Alemán Magnani y su padre, Miguel Alemán Velázco, resultaban ser responsables solidarios.

Como ya se mencionó, el consejero indica en su reciente carta que Miguel Alemán se le acercó para tratar de resolver la situación de Interjet. Según narró tiempo después Darío Celis (https://bit.ly/3wwtsEQ), conocido por ser una correa de transmisión de Scherer en los medios, la recomendación del consejero jurídico fue acogerse a concurso mercantil para reestructurar ordenadamente sus deudas, tanto las fiscales, como aquellas que la empresa tenía con proveedores y empleados, a fin de poder efectuar una inyección de capital fresco que permitiera salvar a la compañía.

La alternativa que entonces le ofreció el consejero jurídico al presidente del Consejo de Administración de Interjet fue la misma que habría utilizado en otros casos similares y que parece haberle reportado enormes dividendos: dirigirlo a uno de sus despachos más cercanos para que le ayudaran a encontrar una “solución a su problema”.

De esa manera, se presume, el funcionario delegaba en un tercero el cobro de millonarios dividendos, mismos que se repartían a razón de 30% para los despachos cercanos a Scherer y 70% para el consejero jurídico, según testimonios.

Siguiendo la recomendación del consejero jurídico, Alemán Magnani fue a ver a Rivera Gaxiola –en cuyo despacho es socio su sobrino, Rodrigo Lagos Scherer y también trabaja un hijo de la pareja de Scherer, Carlos Suárez Estaberniet–, quien buscó materializar la ruta a seguir establecida por Scherer Ibarra. Todo esto fue expuesto por el abogado Paulo Díez Gargari en una entrevista que dio a Carmen Aristegui en octubre de 2021.

Lo novedoso ahora es un documento fechado el 8 de mayo de 2020, escrito en papel membretado y firmado con el puño y letra de Rivera Gaxiola (el nombre del sobrino de Scherer también figura en el papel membretado) se presentó una propuesta de honorarios para la reestructura de Interjet y un procedimiento de concurso mercantil.

 

 

Además de promover los recursos y juicios de amparo que normalmente realiza un despacho de abogados,  en la cotización se le ofrecía a Interjet llevar a cabo “las gestiones extrajudiciales ante las distintas autoridades gubernamentales correspondientes”.

Por el cobro de estos servicios, el bufete de Rivera Gaxiola cobraría un honorario inicial por la inmensa cantidad de 9 millones de dólares, única y exclusivamente para empezar a estudiar y analizar el asunto, revisar documentos y realizar la solicitud de Concurso Mercantil. Como parte de este servicio se incluía, además, la “gestión ante las autoridades competentes y necesarias para procurar la solución satisfactoria del asunto”.

Pero los cobros no terminaban ahí. La cotización contempla además, una iguala mensual por cuatrocientos cincuenta mil dólares durante el tiempo que dure el procedimiento y hasta la conclusión del asunto, el cual se prevé en 24 meses. Es decir, serían 10.8 millones de dólares en dos años (en caso de finalizar antes de todas formas sería necesario cubrir el resto de las mensualidades), así como un honorario final por 19 mil 800 dólares, al momento de concluir el asunto. Una cifra total de 39.6 millones de dólares.

Como si estos cobros no fuesen suficientes, la propuesta de cotización establecía al final que se podrían agregarse “gastos extraordinarios”, con lo que se puede imaginar que quedaba abierta la posibilidad de seguir exprimiendo al empresario en el futuro.

Ciertamente, el costo de un concurso mercantil –que es el procedimiento que se sigue cuando en una empresa se abre un periodo de conciliación con el objeto de que el deudor y los acreedores puedan alcanzar un convenio para evitar la quiebra– suele ser oneroso. Pero ninguno de los abogados consultados como parte de esta investigación considera que pueda costar una suma como la que pretendía cobrarse. “Cuando mucho cuatro o cinco millones de dólares para una compañía de ese tamaño”, señaló uno de ellos, “pero en general la mayor parte se paga una vez que el proceso ha concluido satisfactoriamente”. Nadie cobra 9 millones de dólares sólo por estudiar un caso y presentar una solicitud, como sucede con la cotización referida.

Resulta muy posible, por tanto, que en esos honorarios iba implícita una mordida para que Interjet pudiese solucionar sus problemas obteniendo las facilidades legales que solo alguien como el consejero jurídico sería capaz de obtener en las instancias judiciales, como lo alertó desde octubre de 2021 el abogado Paulo Díez Gargari, y como se desprende de algunas de las frases de la propia cotización.

¿Cómo terminó la historia? Alemán Magnani prefirió rechazar la oferta que se le hacía, probablemente por considerarla más que abusiva. En enero de 2021 tomó la decisión de irse del país. Seis meses después, se giraría una orden de aprehensión en su contra y en septiembre una ficha roja ante la Interpol. Sin embargo, por el hecho de ser ciudadano francés, el empresario no puede ser extraditado a México.

Un año después, cuando Darío Celis se refirió al tema en su columna ya mencionada, señaló que Miguel Alemán había recurrido al abogado Rivera Gaxiola por recomendación del consejero –lo dice textual–, Y reflexionaba: “Si entonces le hubieran hecho caso al consejero jurídico se hubiera evitado el cese de operaciones de la atribulada línea aérea”.

Con el mismo descaro con que el abogado Rivera Gaxiola firmó aquella escandalosa cotización, el despacho que encabeza subió a su página web ese artículo que a la fecha todavía vive allí.

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Así fue como Julio Scherer y sus cómplices traicionaron la confianza de AMLO

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La 4T ante el affaire Scherer

Hernán Gómez Bruera

El tema Julio Scherer no es un invento del periódico Reforma, que el domingo pasado lo llevó a ocho columnas dándole gran visibilidad. Tampoco surgió como un ataque de los conservadores para desprestigiar a la 4T, como muchos simpatizantes y militantes del obradorismo podrían suponer. Sabemos que esas prácticas han sido recurrentes y que tratarán de explotar también este caso para golpear al presidente. Sin embargo, esta vez las cosas son diferentes.

Con el paso del tiempo, se siguen acumulando evidencias sobre la red de corrupción alrededor de una serie de despachos privados y la Consejería Jurídica de Presidencia, cuando Scherer estaba al frente. 

Todo empezó con las acusaciones del abogado Paulo Díez Gargari (insisto, no empezó con una nota de Reforma), quien en octubre de 2021, se atrevió a romper el silencio sobre lo que era un secreto a voces, con el fin de denunciar en el programa de Carmen Aristegui que el litigante Juan Antonio Araujo, socio de Scherer, había utilizado su cercanía con el ex consejero jurídico para frenar las investigaciones sobre las irregularidades en el Viaducto Bicentenario, obra del Estado de México construida bajo el gobierno de Peña Nieto a cargo de la empresa Aleática, antes OHL. 

Pero la acusación de Diez Gargari iba más allá, en el sentido de que el consejero recomendaba ciertos despachos –no solo al de Juan Araujo– para interceder, a cambio de grandes sumas de dinero, a favor de personas o empresas con importantes procesos judiciales. Esto fue denunciado públicamente por el abogado Díez Gargari desde octubre y recientemente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en diciembre.

Ahora nos venimos a enterar, además, que en diciembre del año pasado la Fiscalía General de la República recibió una denuncia del abogado Juan Collado, quien está preso en el Reclusorio Norte desde julio de 2019, donde describe un esquema de corrupción que coincide plenamente con el que en su momento dio a conocer Paulo Diez. En la denuncia, que la Fiscalía presentó ante un juez, se acusa a esta serie de abogados estrechamente ligados a Scherer de haberlo extorsionado. 

Según la denuncia, se le dijo a Juan Collado que la única forma para que pudiera escapar de la pena de prisión era vender una empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio muy por debajo de su valor en el mercado, nada más y nada menos que a un amigo de Scherer, Julio Villareal, a quien en el pasado le pidió dinero para financiar una campaña. 

Además, en otro episodio más de esta extorsión, Collado denuncia haber tenido que dar 10 millones de pesos en efectivo para que la Unidad de Inteligencia Financiera frenara una investigación en su contra, y otro millón 300 mil pesos para que el consejero jurídico, Julio Scherer, intercediera por él y evitara la cárcel. 

La Fiscalía General ya recibió la denuncia de Collado y reunió las pruebas que acreditan que efectivamente existen elementos para pensar que esas extorsiones sí tuvieron lugar, razón por la cual decidió judicializar el caso.

Pero hay que insistir, no se trata solo de Juan Collado. Recientemente ha trascendido en medios (https://bit.ly/3sDZkov) que se suma otra posible denuncia de Alonso Ancira, quien fuera dueño de la empresa Altos Hornos de México y quien también está preso desde 2019 por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados que compró Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya. 

Alonso Ancira, según ha dicho su abogado, también está analizando la posibilidad de denunciar a Scherer Ibarra y sus abogados cercanos por un delito de extorsión muy similar al de Collado. Al parecer, Ancira habría pagado 7 millones de dólares al mismo grupo de abogados cercanos a Julio Scherer. Lo que resulta muy interesante observar es que aquí también hubo una operación para obligar a este empresario a venderle Altos Hornos nada más y nada menos que a Julio Villarreal, al mismo empresario antes mencionado. 

No se trata de venir a defender a Juan Collado o a Alonso Ancira, que naturalmente están muy lejos de ser un par de santurrones. Pero es evidente que aquí hay un modus operandi similar, donde Julio Scherer y sus abogados buscaron embolsarse grandes sumas de dinero de forma ilícita, e incluso apropiarse de una serie de empresas –en este caso Caja Libertad y Altos Hornos– para adueñárselas, ya sea bajo un prestanombres o entregándoselas a alguien cercano con quien podría haber un negocio. 

El escándalo en torno a esta presunta red de extorsión está escalando. Cada vez se suman más evidencias e incluso ya hay rumores de que las denuncias en contra de Julio Scherer Ibarra pueden llegar hasta la justicia de Estados Unidos y que se pueden sumar otras denuncias, por ejemplo, ya suena el nombre de Gonzalo Gil White, de la empresa Oro Negro, quien enfrenta cargos por operaciones con factureros.

Además, hay otras cuatro denuncias ya presentadas –Cruz Azul, Álvarez Puga, Gómez Mont y la de Díez Gargari– y otras que podrían eventualmente estallar. Esquemas más o menos parecidos de extorsión y/o tráfico de influencias podrían haber ocurrido con Interjet, Zebadúa, y las demás que muy probablemente irán saltando una vez que crezca el número de afectados se atrevan a romper el silencio.  

Por lo pronto, el juicio a los abogados de Scherer por el caso Collado ya está en puerta. La primera audiencia tuvo lugar el pasado lunes y se difirió para la semana siguiente. El caso va en serio, el fiscal Manuel Granados Quiroz fue bastante duro, e incluso adelantó que pedirán 40 años de cárcel contra los abogados. Parece un fiscal que desea llegar hasta el fondo del asunto. 

La investigación en torno a esta red de corrupción, que de pronto remite a la forma de operar de ciertos grupos de la mafia, apenas está comenzando. No tengo dudas de que en las próximas semanas y meses se irán ventilando más evidencias sobre este que puede ser el peor caso de corrupción en la 4T.

Finalmente, quiero hacer una reflexión personal, como simpatizante del obradorismo: cuando ganó López Obrador sabíamos que sería difícil desterrar la corrupción de tajo. Pensar que un cáncer como este podía extirparse de un día para otro, sería llamarse a engaño. 

La posibilidad de que eventualmente estallara un escándalo de corrupción en las propias filas de la 4T no podía descartarse. Finalmente, la corrupción existe en todos los gobiernos. La diferencia radica en lo que se hace con ella una vez que se encuentra con ella: se tolera y queda en la impunidad o se le pone un alto de forma decisiva. 

Por eso estoy convencido de que hoy la 4T está frente a uno de sus mayores retos y tiene una oportunidad única para dar un golpe a la corrupción dentro de sus filas.

Es difícil aceptar que alguien tan cercano se corrompió. Creo que el presidente difícilmente lo hará porque eso le daría armas a sus opositores para buscar debilitarlo. Sin embargo, entre los círculos gubernamentales se sabe que Julio Scherer Ibarra traicionó su confianza y que en gran medida por eso salió del gobierno. 

De hecho, todavía cuando estaba en la Consejería Jurídica ya se conocía entre susurros que existía esa red de corrupción alrededor de Scherer Ibarra. Yo mismo escribí sobre el tema en septiembre del año pasado, en una serie de artículos (https://bit.ly/3IIaGxh). Con todo, me gustaría ver al presidente tomar una actitud distinta a la que ha asumido hasta ahora para hablarle al pueblo con la verdad y no tratar de tapar lo que sucedió. 

Es triste que uno de los hijos del gran periodista Julio Scherer García, quien además fue un gran amigo del presidente, no haya estado a la altura del encargo. Es realmente triste que Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres de mayor confianza del presidente lo traicionara de esa forma y utilizara su puesto para hacer negocios y enriquecerse, comprometiendo así el legado de López Obrador. 

La 4T es un movimiento amplio y complejo donde entró mucha gente. Obviamente adentro hay de todo y es innegable que también se colaron varios corruptos para hacer negocios. Gente que pensó que el discurso de honestidad del presidente no iba en serio. Por eso creo que el obradorismo no debería defender a esos personajes sólo porque están o han estado bajo el mando de la 4T.

Reconocer que hubo un caso de corrupción en las propias filas no sería una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Incluso podría ser una muestra de alta calidad moral que revitalizaría el ímpetu en la lucha contra la corrupción en este país. Más aún, podría ser una oportunidad para mostrar que la 4T va en serio y mandar una señal a otros funcionarios que todavía no entienden que las cosas han cambiado. Que quien quiera llenarse los bolsillos de dinero mejor se vaya a otro lado. 

Me parece, además, que estamos ante una oportunidad única para entrar a reformar de una vez por todas y de fondo el Poder Judicial en México, un poder que indudablemente tiene partes muy podridas. Ojalá el caso de Scherer Ibarra logre eventualmente detonar un maxiproceso que sirva realmente para sanear al Poder Judicial, que sin duda es una materia pendiente. Porque no puede haber democracia ni Estado de derecho ni justicia social con un Poder Judicial como el que hoy tenemos. 

La 4T no sólo es el gobierno, Morena o López Obrador, son también los millones de simpatizantes que creen que el país puede cambiar. Harían mal militantes y seguidores de la Cuarta Transformación en voltear la vista hacia otro lado, en negarse a ver que también dentro de las filas propias puede haber casos de corrupción. 

Sería un grave error que sean esos mismos militantes y simpatizantes los primeros en minimizar este caso o salir a defender a Julio Scherer Ibarra. Unos y otros, en todo caso, deberían entender que es necesario deslindarse de este personaje cuanto antes. 

Yo nunca he ocultado mi simpatía política. Me considero obradorista, pero si ser obradorista es defender o comulgar con Scherer, que me borren de la lista. 

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Zaldívar ante la podredumbre del Poder Judicial

Hay pocas dudas de que López Obrador es un hombre honesto y probo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de algunos de los colaboradores que lo han acompañado.

Si lo que nos preocupa es la corrupción estructural, el caso que debería estar en las portadas de los diarios y en el debate público es la podredumbre del poder judicial; esa que ha asomado la cabeza en las últimas semanas.

El verdadero problema de AMLO no se llama José Ramón: se llama Julio Scherer Ibarra. Pero hay varios que tendrían que ofrecer explicaciones, incluyendo el ministro Arturo Zaldívar.

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Segalmex y el yerno de Scherer

Mientras la opinión pública está absorta en el tema de la casa de la nuera y el hijo del Presidente, a pesar de no haber evidencias contundentes de conflictos de interés, en el subsuelo pasan cosas de las que casi no se hablan.

Una de ellas es que el gobierno y el presidente han estado apartando discretamente a personajes involucrados en casos de corrupción en varios niveles.

Uno de ellos fue nada más y nada menos que el yerno de Julio Scherer Ibarra, Bernardo Fernández Sánchez, director de operaciones de Liconsa; un joven itamita que difícilmente hubiera llegado a ese puesto sin un acto de nepotismo.

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La red de extorsión y tráfico de influencias que apunta a Julio Scherer Ibarra

Hernán Gómez Bruera

 

Nuevamente ha vuelto a ser noticia uno de los personajes más oscuros que han pasado por la 4T: el ex Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra. 

Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, llegó a ser una pieza fundamental dentro de la actual administración. Además de fungir como el abogado del presidente, fue su gran interlocutor con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con políticos de diversa índole e incluso con algunos de los más grandes empresarios.

Por el gran poder que amasó durante los tres primeros años del gobierno de López  Obrador –no olvidemos que pudo nombrar a todos los directores jurídicos del gobierno federal, luego de la reforma de 2018–, la salida de Scherer Ibarra en septiembre del año pasado sorprendió a muchos. 

Aunque el ex consejero aparentemente se fue en buenos términos con el presidente de la República, su separación no dejó de levantar sospechas. Nadie con tanto poder, influencia y cercanía con el jefe del Ejecutivo se marcha del gobierno porque sí. 

Desde entonces circulaban ya rumores sobre nepotismo, tráfico de influencias y los negocios que el ex consejero impulsaba en los más diversos ámbitos, particularmente en el sector inmobiliario, en la distribución de alimentos a las cárceles y en el ámbito judicial. 

Sus negocios, al parecer, también llegaron al ámbito electoral, donde no tuvo reparo en apoyar a candidatos de partidos distintos a Morena, con tal de promover sus propios intereses, de la mano de su primo, el estratega político Hugo Scherer. El tema, como lo di a conocer en su momento, enfureció al presidente en la última elección (https://bit.ly/3LAOozE). 

Todos estos eran temas sobre los cuales la clase política rumoraba permanentemente. Estaban al tanto varios dirigentes de Morena y altos funcionarios del gobierno, pero no se decía nada por temor al personaje y porque todos suponían que Scherer era leal al presidente. Pero se equivocaban. 

Extrañamente, los negocios de Scherer nunca se ventilaron en los medios. Incluso hoy, que están siendo investigados, tampoco ocupan las primeras planas de los grandes diarios nacionales. Las razones no dejan de ser intrigantes. Evidentemente, Scherer aún goza de un enorme poder. 

El silencio en torno a esta figura, que hasta ahora ha parecido intocable, comenzó a romperse cuando –un mes después de su salida del gobierno– su nombre apareció mencionado en los Pandora Papers, esa filtración en la que aparecieron más de tres mil mexicanos con fortunas ocultas en empresas ubicadas en jurisdicciones offshore y fideicomisos opacos. 

Scherer, en particular, apareció ligado a una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. En 2011, recibió 50 mil acciones de una compañía llamada “3203 Turn LLC” que cuenta con una filial en Miami. Esa filial, a su vez, compró un departamento por 1.2 millones de dólares en 2008. A pesar de que Julio Scherer no aparecía como propietario de la residencia, los pagos de los impuestos sí figuran a su nombre del ex consejero jurídico de 2013 a 2016. 

Todo esto ofrecía ya indicios para pensar que el ex consejero jurídico no se había ido limpio y, casi seguramente, que no se fue simplemente porque “había concluido un ciclo”, como decimos eufemísticamente cuando nos corren de algún lugar. En otras palabras, que no se fue, que lo fueron. 

Pero lo que hoy sabemos resulta de lo más inquietante, y pone a prueba como nunca antes el discurso de probidad y honestidad de la 4T. Porque hace tan solo siete días se dio a conocer que la FGR investiga una amplia red de extorsión y tráfico de influencias en la que todos los caminos llevan a Julio Scherer Ibarra. 

En el mes de septiembre anticipé algunos indicios de lo que se venía al apuntar cómo diversos testimonios señalaban que, a pesar de sus funciones oficiales, Scherer nunca dejó de hacer negocios, utilizando para ello a terceros. Hablé también de cómo el ex consejero creó una poderosa estructura para influir en la procuración e impartición de justicia (https://bit.ly/3uKWhML; https://bit.ly/3svARQX). 

Trataré de explicar el tema de la forma más concisa posible:  

Primero, la FGR investiga hasta el momento a dos despachos cercanos Scherer. El caso más importante es el de “Araujo, González, Peimbert y Carrancá” que ha “defendido” entre comillas (y ahora les voy a explicar por qué digo entre comillas) a personajes implicados en casos de corrupción como el de la Cooperativa Cruz Azul, el del facturero May Álvarez Puga e Inés Gómez Mont o el de Alonso Ancira en Altos Hornos de méxico, entre muchos otros. 

Al parecer, este despacho, como lo hicieron otros más, utilizó su cercanía con Scherer para obtener algunos tratos preferenciales y hacerse de favores en el Poder Judicial. 

Los vínculos de Scherer con este despacho son públicos y notorios. De hecho, como nos lo hace notar Paulo Díez, el ex consejero fue socio de este despacho, como se ve en su propio CV (https://bit.ly/3JkVZ3a). Scherer, además, ha sido (o es) socio de otros dos despachos: Rivera Gaxiola y Ferraes & Igartúa, los cuales también formarían parte de esa red, aunque al parecer no han sido formalmente denunciados ante la FGR. 

Para entender un poco como funcionaba esto imaginemos, por ejemplo, que yo soy Alonso Ancira y quiero evitar ir a prisión o soy Emilio Lozoya y quiero llevar mi proceso en libertad comiendo en pato laqueado en el Hunan… O soy el facturero Álvarez Puga y no quiero que me giren una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué hacía? pues iba con el mandamás, el señor consejero, para ver qué podíamos negociar o cómo nos podíamos arreglar. ¿Y qué es lo que me diría el consejero o sus más cercanos? “Habla con Juan Araujo”, “habla con Alonso Rivera Gaxiola” o “habla con Barradas”…. Ellos te pueden “ayudar”. 

Y entonces ibas con alguno de esos socios del consejero, para que te ayudaran; para que supuestamente “defendieran” tu caso. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacían estos despachos, según se desprende de las investigaciones en curso? Pues cobrarte una enorme cantidad de dinero. 

Hasta ahí todo puede ser entendible: los grandes despachos de abogados cuestan y cuestan mucho. El problema es que esos despachos no solo estaban cobrándote sus servicios. El cobro que hacían era tan ridículamente alto que, al final, lo que te estaban vendiendo era la sentencia absolutoria o un trato privilegiado para que pudieras llevar tu caso en la comodidad de tu domicilio o comiendo pato en el Hunan, por dar sólo algunos ejemplos. Y a cambio de esto alguien se hizo muy rico. Más de uno, probablemente. 

Al menos cuatro despachos de abogados podrían estar implicados en esta trama que exhibe la podredumbre del poder judicial, de la que se habría aprovechado Julio Scherer, junto a un modus operandi que se parece mucho al que practicó el oscuro Humberto Castillejos, cuando estuvo al frente de la consejería jurídica con Peña Nieto. Algunos creen, sin embargo, que aquí las cosas llegaron aún más lejos. Si, tristemente en un gobierno de la 4T y muy cerca de López Obrador. 

La trama involucra, al parecer, a grandes despachos de abogados, como podemos ver en este mapa que elaboró el abogado Paulo Díez, quien ha denunciado a Scherer ante la FGR, y donde figuran Rivera Gaxiola; Ferráez & Igartúa Abogados; García, González y Barradas Abogados y el ya mencionado despacho de Juan Araujo, cuyo nombre completo es Araujo, González, Peimbert, Robledo, Carrancá. 

En esta red, además, aparecen varios parientes de Julio Scherer Ibarra: En el despacho de Rivera Gaxiola, Rodrigo Lagos Scherer, sobrino de Julio, y Carlos Mauricio Suárez Tarverner, hijo de la pareja sentimental del ex consejero; en el despacho de Ferraes & Igartúa, Alejandro Igartúa Scherer, y en el de Barradas, Valentina Scherer Navarro, quien también trabaja en el negocio de las campañas con su padre, Hugo Scherer. En esta red de intereses figura también el hermano de Julio, Pedro Scherer Ibarra. 

El caso de Rivera Gaxiola es especialmente ilustrativo. Hace unos días, en entrevista con Aristegui, el abogado Paulo Díez denunció como este socio de Scherer presentó una propuesta de honorarios a Interjet, acusados de evasión fiscal. El abogado asegura tener el documento por escrito con la firma del litigante–, donde solamente por estudiar el caso cobraría 9 millones de dólares. A eso se suman otros honorarios que abultaban mucho más la cifra. Evidentemente, esa no es la suma que cobran los abogados. Seguramente allí iban implícitas otras triquiñuelas que deben investigarse. 

Pero hay un elemento más que debemos tomar en cuenta para entender la forma en que operaban estos despachos vinculados a Scherer. En el Poder Judicial existe una institución llamada Consejo de la Judicatura, que es la cual disciplina a los jueces, decide sus ascensos y les puede imponer sanciones. Allí es donde Julio Scherer habría asentado una influencia decisiva para orientar las resoluciones del Poder Judicial. 

Aquí aparecen dos personajes del Consejo de la Judicatura Federal que también han sido denunciados ante la Fiscalía. Me refiero a Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la presidencia del consejo, y Alejandro Ríos Camarena, secretario ejecutivo. 

Estos dos funcionarios, que han sido denunciados, fueron recomendados por el ex consejero, e incluso están ligados a su red de despachos. A través de Alpízar y Ríos el ex consejero de Palacio Nacional habría coaccionado a los responsables de los juzgados y los tribunales para fallar en el sentido que más favorecía a sus intereses. 

Uno de los temas más espinosos que investiga la Fiscalía es la acusación en contra de Scherer Ibarra –aquí aparece su nombre de forma más explícita– por aprovecharse de su posición como consejero jurídico con el fin de poner a un abogado cercano a él en un puesto que le permitía frenar una investigación en contra de la empresa Aleática, antes conocida como OHL, la cual se benefició de un contrato leonino durante el gobierno de enrique peña nieto para hacer el viaducto bicentenario, en el Estado de México. 

Este caso, sobre el cual ha informado Animal Político (https://bit.ly/34RJixL) es muy relevante. Mientras se desgasta la opinión pública buscando escándalos (como la casa de la nuera de López Obrador), es increíble que los grandes medios hegemónicos no vean un asunto como este que posiblemente es el más grave de corrupción ocurrido hasta ahora en el actual gobierno. 

Se trata de un caso grave porque lo que vemos es cómo uno de los hombres más cercanos del presidente se escudó de forma oportunista y deshonesta en la autoridad moral de López Obrador para hacer grandes triquiñuelas, aprovechándose de una posición de enorme poder y autoridad dentro del gobierno. La buena noticia, sin embargo, es que finalmente este entramado está siendo objeto de una investigación. 

Aquí se asoma una historia truculenta, como lo escribí recientemente (https://bit.ly/3oBEO5p). Una historia en la cual Scherer podría terminar como el José Dirceu de Lula da Silva, el Vladimiro Montesinos de Fujimori o incluso el Luis Videgaray de Peña Nieto.

Con todo, en esta trama hay dos elementos que animan: uno: quien investiga el caso no es un periodista, sino la propia Fiscalía General de la República, que con esto ganaría una dosis de credibilidad, que tanto la necesita. Y dos: que Scherer –aunque él intente instalar en los medios una versión distinta– fue apartado por decisión del presidente. 

Porque muy probablemente López Obrador sabía que la figura de su consejero –su ambición por el dinero y la obsesión que le llevó a extender su red de negocios a todas partes, incluso más allá de lo que hoy se investiga– podía comprometer su lugar en la historia y el proyecto transformador de la 4t, ese movimiento que busca separar el poder económico del poder político. 

Sin duda, sería una positiva señal que la 4T actúe con firmeza ante un caso de corrupción emanado de una figura como Julio Scherer Ibarra. Eso demostraría que efectivamente estamos en unos tiempos donde no se tolera la corrupción de ningún tipo, venga de donde venga. 

 

Véase editorial en video: https://www.youtube.com/watch?v=fSN2R3uNZ4o 

 

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Los Pandora Papers: Una prueba para la 4T

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde participan medios como el New York Times, The Guardian, BBC y Quinto Elemento Lab, reveló millones de documentos que exponen el uso de sociedades financieras en paraísos fiscales por parte de jefes de estado, empresarios y celebridades de todo el mundo. Estas empresas extraterritoriales suelen abrirse con el objetivo de evadir impuestos, ocultar fortunas e incluso lavar dinero. 

 

En el ámbito político, la investigación incluye a 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 que ya han dejado el poder. También están señalados 300 funcionarios públicos de más de 90 países de todo el mundo. Entre los involucrados están el presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y el exprimer ministro británico, Tony Blair. 

 

Desgraciadamente, México no solamente no fue la excepción, sino que se trata de la investigación que ha involucrado a un mayor número de mexicanos en paraísos fiscales. Quinto Elemento Lab publicó que al menos 3 mil 47 ciudadanos mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales entre 2016 y 2020. 

 

Entre los señalados se encuentra Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de López Obrador y que, de acuerdo con los Pandora Papers, recibió 50 mil acciones de una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, la cual controlaba a una empresa de Florida, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en Miami Beach, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares. Un condominio que no aparece en la declaración patrimonial que presentó el ex consejero jurídico de la presidencia. 

 

Además de Julio Scherer, también fueron señalados los priistas Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila y Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. Por parte del PAN, aparece Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde de Cancún. Está también Germán Larrea, director ejecutivo de la empresa minera Grupo México. Además, figuran otros tres integrantes de la 4T: Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de comunicaciones y transportes; Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett y Armando Guadiana, senador por Coahuila. 

 

Esta filtración pone en jaque a las élites de México, que emplean sistemáticamente este tipo de estrategias para sacar del país, de acuerdo con la organización periodística Quinto Elemento, aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales. Los Pandora Papers, llamados así en referencia a la Caja de Pandora, han expuesto una práctica sistemática en nuestro país de ocultamiento de capitales, evasión fiscal y corrupción por parte de empresarios y políticos de todos los ámbitos y partidos.

 

La presencia en estos documentos de varios personajes ligados a la Cuarta transformación también revela que el problema de la corrupción sigue presente en el gobierno mexicano y que el discurso de honestidad de AMLO no es compartido por varios de sus allegados. 

 

En respuesta a la publicación de los Pandora Papers, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que la UIF ya se encuentra investigando a los implicados, en cumplimiento con el compromiso de López Obrador de combatir la corrupción

 

Ciertamente, se trata de un gran escándalo y de un momento definitorio para este gobierno. No podemos minimizar este asunto. Esta mañana, el presidente aclaró el caso de Jorge Arganis, pero no dijo absolutamente nada sobre su ex consejero jurídico. De hecho, se lavó las manos y dijo que Scherer debe responder por sí mismo.

 

Los resultados de esa investigación nos mostrarán con cuánta seriedad toma el combate a la corrupción la 4T. También quedará expuesta la capacidad y voluntad de esta administración por castigar la corrupción cuando es cometida por sus partidarios y no solamente por  sus opositores. Al final de cuentas, la prueba de fuego cuando de corrupción se trata, es qué se hace cuando esta aparece dentro de las propias filas. 

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Carta abierta a Franco Carreño, director general de El Heraldo de México

Esta carta se envió a El Heraldo como despedida a mis lectores, lamentablemente el periódico no la publicó

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021

 

Sr. Franco Carreño

Director General

El Heraldo de México

Quiero en primer lugar agradecerle a usted y a todo el equipo de El Heraldo con el que colaboré a lo largo de estos casi dos años.

Empiezo por decirle que no tengo un problema con usted y lo respeto. En el fondo entiendo que mi salida tiene una explicación que no puedo ocultar a mis lectores. Esa explicación se llama Julio Scherer Ibarra. Ya sea por las presiones que ejerció el empresario y ex consejero jurídico de la Presidencia, ya porque alguien en el medio tenga algún interés en protegerlo, fui separado del diario sin siquiera poder despedirme de mis lectores.

Usted y yo sabemos que esta no es la primera ocasión en que las presiones de los Scherer (Julio y Hugo) se hacen patentes. Que los escritos en los que yo los mencionaba generaron tensiones desde septiembre de 2020, cuando alerté de que el ex consejero jurídico intentaba tirar la encuesta interna de Morena en el Tribunal Electoral.  Incluso usted sabe que en junio de 2021 me negué a retirar una columna en la que aludía a la conducta de Scherer en la última elección, información sobre la cual tenía buenas fuentes.

Sabemos también que finalmente, el día 2 de septiembre, uno de sus subalternos anticipó mi salida del diario para el día 15 de ese mismo mes, argumentando el término de un contrato que en realidad había expirado meses atrás, a pesar de que yo seguía publicando en el diario. También sabemos que, casualmente, justo el día que eso ocurrió yo publiqué otro artículo más, donde ya anticipaba algunas de las razones de la salida de Scherer del gobierno.

Además, cualquier lector atento puede ver que la línea editorial del periódico ha sido resaltar la “contribución de Julio Scherer”, como lo hicieron el lunes 6 de septiembre en términos sorprendentemente elogiosos, rindiéndole un homenaje al trabajo del ex funcionario. Lo hicieron como ningún diario lo había hecho, resaltando únicamente posturas positivas sobre su actuación, sin buscar ecuanimidad.

Desde luego, la directiva del diario es libre de tener esa línea editorial si eso conviene a sus intereses. Lo que no resulta legítimo –y se lo digo con todo respeto—es pretender que los columnistas que participamos en las páginas de opinión subordinemos nuestras plumas a esa visión. Lo que hace grande a un periódico no es el pensamiento único al estilo estaliniano, sino la diversidad de opiniones que pueden expresarse en sus páginas.

Por esa razón, la semana pasada les hice llegar mi versión sobre la salida de Scherer, a partir de la información que pude allegarme de las más diversas fuentes. Lamentablemente, ustedes optaron deliberadamente por no publicar esos textos. No tiene sentido tratar de justificarlo.

Hasta ahora, en los más de 20 años que llevo publicando en páginas de opinión nunca me había ocurrido algo así. Jamás me habían pedido modificar el contenido de una columna ni mucho menos las habían dejado de publicar sin una explicación válida. Incluso siempre se me dio la oportunidad de despedirme de mis lectores cuando ya no existía la posibilidad de continuar. Ustedes, en cambio, dejaron de publicarme de un día para otro.

Señor director: México no ha cambiado tanto ni todo lo que quisiéramos. Hasta ahora, nadie se había resuelto a cuestionar a Julio Scherer, tal vez porque hay un gran temor en torno a su figura. Yo lo hice porque estoy convencido de que ha sido el Talón de Aquiles para un gobierno que promete separar el poder económico del poder político. Por eso tengo la certeza de haber hecho lo correcto y que el tiempo me dará la razón.

Por lo que a mí respecta, esto es lo último que diré sobre el tema, pues no pretendo prolongar esta polémica ni ponerme en riesgo. Con suerte, algún día ustedes me ofrecerán una disculpa. Mientras eso ocurre, le pido que al menos tenga un gesto de caballerosidad y decencia, y publique esta carta en las páginas del diario para poder decir adiós a mis lectores. No lo olvide: Es a ellos –y a nadie más– a quienes usted y yo nos debemos

Saludos cordiales,

Hernán Gómez Bruera