Tenemos que hablar de Rafael Guerra
La propuesta de reforma judicial presentada por el presidente López Obrador ha ignorado la dimensión local. La omisión es grave porque es allí donde la justicia es más deficiente en nuestro país y donde se presentan los casos más escandalosos de corrupción. Uno particularmente serio –que ha recibido escasa o nula atención– es el de la Ciudad de México.
En el índice de Estado de Derecho en México (2022-2023) del World Justice Project, la capital ocupa el último lugar por la calidad de su justicia penal y civil, y figura como la entidad con el poder judicial más corrupto en todo el país.
Que esto ocurra en una ciudad tan importante para la inversión privada, nacional y extranjera; en una de las urbes de mayor conciencia crítica y donde gobierna la izquierda desde hace tantos años es algo que debiera preocupar a todos.
Imposible no apuntar hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, quien desde hace tiempo es señalado por encabezar una presunta red de jueces y magistrados sobre quienes tiene un control absoluto y directo y con los que administra, sin pudor ni recato, el negocio de la justicia en la Ciudad de México.
Según diversas fuentes, el magistrado Guerra heredó y ha reproducido el modus operandi de Edgar Elías, un auténtico mercenario del poder judicial que convirtió a la justicia en un auténtico mercado. Desde entonces, cualquier abogado sabe que en la capital del país las sentencias en las que se juegan las mayores sumas de dinero se compran y venden al mejor postor.
Sucesivos jefes de gobierno han encontrado en la cabeza del Tribunal –ayer en Elías, hoy en Guerra– un aliado privilegiado para ejercer un control político sobre el aparato judicial, y así sacar los asuntos que más les preocupan. Este arreglo –que lo mismo le resultó útil a Mancera, a Ebrard, a Sheinbaum y hoy a Batres— tiene una perversa contracara: si por un lado le ha permitido al Ejecutivo local llevar la fiesta en paz con los jueces, también los ha forzado, a ellos y a su partido, a mirar a otra parte ante los negocios que se operan desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx.
Según despachos de litigantes entrevistados para esta columna, desde que aterrizó en la presidencia del Poder Judicial local, en noviembre de 2018, Guerra ha fungido como la cabeza una presunta red de corrupción y tráfico de influencias –no demasiado diferente a la que en su momento impulsó Elías–, y de la que se ha beneficiado personalmente con total impunidad, particularmente por medio de unos 40 jueces y magistrados que se prestan a cualquier cosa que les pida.
Guerra es un hombre hábil. Sin una presencia física que imponga en modo alguno, ni gestos que hagan pensar en el poder que ha logrado acumular, ha sabido generar entre círculos del actual gobierno la falsa imagen de ser un jurista honesto y comprometido, incluso de ser leal a los valores de la 4T. En parte ha sido así gracias a que, tiempo atrás, supo ganarse una patente de corso al defender a López Obrador en el tema del desafuero.
Dentro de la influyente, codiciada (y muy corrupta) Unidad de Gestión Judicial 12 –donde se expiden numerosas órdenes de aprehensión a modo, cateo y técnicas de investigación–, las instrucciones de Guerra se siguen al pie de la letra. Quienes allí le obedecen sin chistar obtienen ascensos (como el ahora magistrado, Enrique Cedillo García), pero quienes desobedecen (como Agustín Moreno Gaspar o Joel de Jesús Garduño) son expulsados o enviados a otras adscripciones de menor relevancia.
Según reconocidos litigantes, el magistrado Guerra suele recurrir a Karen, su secretaria particular, o a Víctor Hugo González, un juez de control con licencia que funge como su asesor, para girar instrucciones a los jueces. Algunos le son particularmente leales, como es el caso de Héctor Fernando Rojas Pacheco, Sergio Acevedo Villafuerte y Júpiter López Ruiz, sobre quien ya existen múltiples versiones de abusos.
Sobran ejemplos de presuntos casos de corrupción en los que podría estar implicado el magistrado Guerra. En el libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”, fuentes de la cooperativa Cruz Azul narran con todo detalle cómo el día 9 de marzo de 2021, a las 9.30 de la mañana, en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en avenida Juárez, el magistrado Guerra, junto a uno de sus colaboradores más cercanos, recibió de manos de David Cohen, abogado de Billy Álvarez, 14 millones de pesos para frenar cualquier solicitud de aprehensión en contra de su cliente, cosa que finalmente no cumplió. En toda la trama legal de Cruz Azul, además, pueden observarse fallos de dudosa legalidad por parte de unos 10 jueces y magistrados al servicio de Guerra que no podrían explicarse sino por actos de corrupción.
Los negocios de Guerra y su red han empezado a llamar la atención del presidente López Obrador, desde que un periodista le planteó en una mañanera cómo el juez 18 civil de la CdMx, Marcial Enrique Terrón Pineda, en posible contubernio con algunos funcionarios de Pemex, podría estar también involucrado en un presunto desfalco a la paraestatal por más de mil 80 millones de pesos (¡el equivalente al presupuesto anual del Inai!) a una empresa ligada a Miguel Ángel Yunes; esto como parte de un pleito entre particulares.
Lo anterior ocurrió después de que el juez ordenó al Banco de Bienestar depositar esa suma en la cuenta de una de las empresas en litigio, con lo que desobedeció abiertamente las determinaciones de dos jueces federales. La decisión del juez 18, hay que decir, se llevó a cabo sin garantizar a las partes el derecho de audiencia, que él mismo les había reconocido previamente, luego de alterar sorpresivamente su propio criterio. Cuando el tema llegó a la mañanera, en diciembre, el propio presidente –que sabe que aquello que no suena lógico suena metálico– ordenó una investigación a la Consejería Jurídica.
La forma en la que operan Guerra y sus jueces no solo genera malestar entre los más diversos despachos jurídicos y hasta ministros de la Suprema Corte. El comportamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México preocupa cada vez más a inversionistas nacionales y extranjeros que observan cómo unos simples jueces locales enrarecen los procesos judiciales, intervienen en asuntos federales, y cometen abusos inenarrables.
Guerra y sus hombres se sienten a tal punto impunes que incluso han operado en contra de empresas transnacionales como Google, a la que forzaron a pagarle a un jurista una demanda por usurpación de identidad por la exorbitante cantidad de 250 millones de dólares (unos 5 mil millones de pesos mexicanos) por daños morales y punitivos, como también consignó en “Traición en Palacio”.
Un asunto en el que la voracidad de Guerra y sus jueces ha repercutido internacionalmente es el de Advent International, un fondo estadounidense que administra unos 95 mil millones de dólares, y hoy está siendo perseguido en México por la venta de Gayosso. Tras una diferencia en la interpretación del contrato, el empresario que lo adquirió –al parecer para no pagar el precio pactado– recurrió a los favores del magistrado Guerra, y a través del inefable juez Júpiter López Ruiz crearon una falsa acusación de fraude (por cuatro veces superior al monto original de la operación) que derivó en seis órdenes de aprehensión en contra de varios directivos de Advent y una serie de embargos ilegales en contra de la compañía. Para ilustrar los extremos a los que es capaz de prestarse la red de Rafael Guerra, ¡uno de los altos ejecutivos a los que López Ruiz mandó detener es un ciudadano norteamericano que nunca ha pisado México!
Por lo demás, es conocido en los pasillos judiciales la influencia que sobre el magistrado Guerra ejerce el dueño de una de las televisoras más grandes del país, quien cotidianamente presenta acciones judiciales en contra de sus oponentes para intimidarlos o imponerles sus condiciones en cualquier asunto. El caso más notorio involucra un arbitraje internacional presentado en contra del Estado mexicano por una serie de fondos estadounidenses que demandaron violaciones al TLCAN por medidas cautelares otorgadas por uno de los jueces de Guerra que –aunque parezca insólito— les prohibió cobrar lo que se les debía. En otra disputa legal con la financiadora UNIFIN, el mismo grupo logró a través de Guerra dictar una serie de embargos y órdenes de aprehensión en contra de casi 20 miembros de su consejo de administración para de esa manera tratar de obtener un trato preferencial frente a los demás acreedores.
Guerra se siente y sabe impune. Está seguro de que el partido en el gobierno lo protegerá. Lo que tal vez no haya dimensionado son las consecuencias de sus actos fuera del país. Más ahora que el congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley de prevención de extorsión por parte de funcionarios extranjeros (Foreign Extortion Prevention Act), que faculta a las autoridades estadounidenses a perseguir a funcionarios de gobiernos extranjeros –incluidos representantes del poder judicial– que hayan cometido actos de corrupción en perjuicio de ciudadanos o empresas estadounidenses.
