Hernán Gómez Bruera
Casi todos aceptamos la validez de los estudios científicos y tomamos sus resultados como verdades absolutas. Pero a veces vale la pena cuestionar las motivaciones detrás de los trabajos académicos, porque podemos encontrar que algunos de ellos no tienen como objetivo la adquisición de conocimiento, sino que están influenciados por intereses totalmente ajenos a la ciencia.
El libro “Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia”, de Martha Elena García y Guillermo Bermúdez, nos muestra algunos casos en que ciertas instituciones educativas y estudios “científicos” están marcados por los conflictos de interés de los investigadores que los llevan a cabo. Porque ser académico o ser investigador, no te hace ser necesariamente honesto, ni incorruptible, ni impoluto, ni buena persona.
Un ejemplo es el caso de la UNAM, particularmente el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que recibió en 2012 más de 2 millones de pesos de parte de una Kellog´s para la realización de dos estudios que buscaban probar que el consumo de cereal puede ayudar a las mujeres a bajar de peso.
Resulta completamente absurdo que un conjunto de investigadores reciban financiamiento por parte de una empresa para probar que sus productos son benéficos. En este caso, los académicos se vuelven empleados de quien financia sus investigaciones y necesariamente están ante un caso de conflicto de interés. ¿Qué valor científico pueden tener los resultados de esos estudios?
La Facultad de Medicina de la UNAM también firmó dos convenios en 2017 con Nestlé, que pagó 2 millones 500 mil pesos para publicar un libro sobre la actividad física y la salud de los escolares mexicanos. Dos de los autores de este estudio son el exsecretario de salud, José Narro, y el actual rector, Enrique Graue.
Este tipo de estudios buscan posicionar una narrativa, fomentada por los productores de comida chatarra, que sostiene que la actividad física es el factor fundamental para mantener un peso saludable, y subestimar la importancia de tener una dieta balanceada. O sea, lo que se ha buscado con estos estudios, por los cuales académicos de la UNAM recibieron 1 millón 904 mil pesos , es decir “no importa tanto que consumas comida chatarra, siempre y cuando hagas cierta cantidad de ejercicio todos los días ”. Y pues eso simple y sencillamente no es cierto.
También es muy revelador el caso del ITAM, la UANL y el Colmex, que en 2016 llevaron a cabo estudios financiados por la Asociación Nacional de Refrescos y Aguas Carbonatadas de México con 1 millón 400 mil pesos por institución para probar que la asignación de un impuesto a los refrescos no disminuye su consumo por parte de la población.
Sorprendentemente, los tres estudios elaborados en esas instituciones llegaron a la misma conclusión: el impuesto efectivamente no incide en el consumo de refrescos en el caso mexicano.
También el Conacyt recibió más de 3 millones de pesos entre 2016 y 2019 de parte de Coca Cola. En este caso, fue para patrocinar el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Ciertamente, es bastante irónico que este premio diga fomentar y recompensar investigaciones que benefician al consumidor mexicano cuando su principal benefactor es responsable en gran medida de la epidemia de obesidad y diabetes en nuestro país. Es como si una empresa de cigarros premiara estudios sobre cáncer de pulmón.
Todos estos ejemplos nos muestran que no debemos tomar los estudios científicos como verdades absolutas, porque detrás de muchos de ellos se esconden intereses económicos poderosos, que hay que cuestionar y evidenciar. Por eso son tan importantes textos como “Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia”, publicado por El Poder del Consumidor, que le quitan la máscara a los académicos que a veces parecen inmunes a la crítica y al escrutinio público.
