Sandra Cuevas: la caricatura del despotismo
En dos años de administración, la alcaldesa Sandra Cuevas –un personaje acomplejado, con síndromes de grandeza– se ha convertido en la caricatura de una gobernante déspota, y no precisamente ilustrada: en una pequeña dictadora que agrede por igual a ciudadanos de a pie y adultos mayores, como a restauranteros y comerciantes, al imponer una autoridad caprichosa más allá de toda ley.
Afanosa por ser reconocida y erigirse en el centro de todas las miradas, a Cuevas ya no le importa hacer el ridículo. Sabe incluso que ni sus padrinos políticos ni los partidos que la postularon le guardan mayor respeto. Hoy lo único que busca –cual Paulina Rubio– es que hablen de ella, aunque sea mal, pero que hablen.
Lo suyo es la frivolidad del poder en su versión más pintoresca, estrafalaria y patética. Su sello distintivo es el poder como vehículo para la prepotencia y como vía para ascender en la escala social.
A decir verdad, la conducta de Sandra Cuevas no pasaría de una nota de color si no fuera porque gobierna uno de los municipios más importantes del país, donde se ubican la mayor parte de las oficinas federales y del gobierno capitalino, además de una demarcación muy importante en términos económicos.
Casi en una misma semana, Cuevas protagonizó dos nuevos escándalos mediáticos: uno de ellos, cuando ordenó a su personal propinarle una golpiza a un ciudadano que supuestamente la insultó en la vía pública, hecho que ella misma reconoció en una conferencia de prensa. Cuevas justificó esa acción con el argumento de que el sujeto la había amenazado, y en retaliación su gente le dio tan solo “unos zapes” (Si su proceder fue correcto, ¿por qué entonces tuvo que destituir a dos funcionarios?).
El otro escándalo –no tan visible pero no menos grave– tuvo lugar cuando la alcaldesa decidió cerrar el restaurante Mendl Delicatessen, en la colonia Condesa, a pesar de tener sus papeles en regla, mientras grupos de golpeadores le propinaban puntapiés y empujones al dueño del lugar y a su esposa, quienes con toda razón alegaban frente a un acto arbitrario.
Esta no ha sido ni la primera ni la última acción de ese tipo. Varios restauranteros de la demarcación –temerosos de presentar denuncias por miedo a las represalias– narraron a esta columna casos igual o peores, muchos de ellos vinculados a la colocación de pérgolas que han fueron autorizadas por el gobierno de la Ciudad y, a pesar de estar vigentes, ella combate como parte de su “Operativo Diamante”.
El modus operandi es más o menos este: De forma por demás discrecional, Cuevas se presenta en restaurantes y otros establecimientos de la Cuauhtémoc, a cualquier hora, con
golpeadores, los cuales en muchos casos no son siquiera funcionarios públicos, y cubren sus rostros para intimidar y violentar a la manera de los grupos de choque fascistas.
Un restaurantero explicó cómo, a pesar de tener vigente el permiso que le otorgó la Secretaría de Economía capitalina, para prevenirse frente a las acciones de Cuevas solicitó un escrito a la alcaldía donde le certificaron que cumplía con las especificaciones necesarias para tener instalada su pérgola y prevenir que en una inspección pudiera verse afectado. De nada sirvió: dos semanas después Cuevas y sus hombres se presentaron, motosierra en mano, a destruir lo que el hombre había instalado con su propio esfuerzo.
Cuando el afectado le mostró a la alcaldesa el papel que le habían entregado en las oficinas de la demarcación, Cuevas le contestó (a la manera de Luis XIV, región 4): “no me importa lo que te hayan dicho en la Alcaldía o qué documento te hayan dado, en Cuauhtémoc la que manda soy yo”. Acto seguido, destruyeron y se llevaron la estructura de madera que el empresario había colocado y era parte de su patrimonio.
En cualquier caso, si lo que la alcaldesa busca es “recuperar el espacio público”, no es claro porqué decide quitar algunas pérgolas y otras no. Es probable que esta sospechosa forma de actuar esté asociada a algún esquema de corrupción y extorsión que debiera investigarse a fondo, junto con la presencia de grupos parapoliciales cuya actuación resulta por demás inadmisible.
En clara contravención a la legislación, además, la Alcaldía no suele notificar previamente a los establecimientos mercantiles, ni tampoco justifica sus acciones, al efectuar clausuras o establecer sanciones. En lugar de explicar a los afectados qué normas están infringiendo, simplemente se presenta, intimida, destruye, e incluso roba el patrimonio de los restauranteros.
Este es solo un ejemplo del comportamiento delictivo de la alcaldesa. Sorprende que hasta ahora, pese a su larga lista de ilegalidades, prácticamente no ha habido sanciones a su conducta.
En cualquier país civilizado, un gobernante que se hace rodear de golpeadores con los rostros cubiertos y ordena agredir en la vía pública a los ciudadanos tendría que ser procesada y separada de su cargo. En México, por lo visto, tenemos otros usos y costumbres.
Por mucho tiempo, la justicia ha sido utilizada con criterios políticos. Por ello, frente a acciones como la de Sandra Cuevas el Estado no tiene la fuerza ni la credibilidad necesarias para actuar, mientras a las instancias competentes les tiembla el pulso. Y en buena medida es así porque los agresores siempre podrán decir que están siendo objeto de una “persecución política”.
