Miscelánea fiscal, un capítulo más en la lucha contra la corrupción

Para entender lo que está en juego con la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos aprobadas el pasado 18 de octubre hay que ver más allá de los intereses específicos que han resultado afectados. 

Uno de los objetivos centrales de este gobierno consiste en aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, cumpliendo así la promesa que hizo López Obrador a la iniciativa privada en su conferencia de prensa matutina del pasado 10 de junio. 

Hay que tomar en cuenta que la recaudación en México es sumamente baja, apenas del 16.5% del PIB. Eso está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (33%), y obviamente de países europeos como Dinamarca y Francia, que recaudan más del 45% de su producto interno bruto. 

Uno de los aspectos más controversiales de la miscelánea fiscal aprobada la semana pasada es la eliminación de las deducciones a donativos superiores a los 163 mil pesos. Algunos miembros de la oposición acusaron a Morena de pretender quitar el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil que reciben estos recursos. Eso, sin embargo, es falso, aunque la oposicion diga que se trata de “terrorismo fiscal” (ese término que usan cada vez que el gobierno pretende hacer que quien tiene que pagar impuestos los pague). 

No está de más repetir que solo 4% de los donativos a organizaciones de la sociedad civil en el país son superiores a ese  límite, mientras el 96% restante continuarán siendo deducibles. Además, en el país hay 10 mil donatarios que seguirán teniendo beneficios fiscales, por lo que esta medida solo afecta a 7 personas que deducen entre 150 y 350 millones de pesos anuales por concepto de donaciones, como ha explicado el SAT. 

Con la aprobación de esta miscelánea, lo que vemos en realidad es un intento más, de una larga serie de esfuerzos por parte de la 4T para incrementar la recaudación y combatir la evasión fiscal, que es muy alta en este país. Para muestra, en 2020 alcanzó el equivalente a 6% del PIB anual, según algunos estudios. 

No es la primera vez que este gobierno implementa políticas para conseguir una mayor recaudación. Por ejemplo, el SAT informó que entre 2019 y 2020 recuperó 743 mil millones de pesos por cobro de adeudos y fiscalización, de los cuales 43% provenían de grandes fortunas. 

Además, este gobierno puso en marcha un plan de acción conocido como el “ABC institucional”, que se traduce en aumentar la recaudación, bajar la evasión y combatir la corrupción. de esta forma, la llamada 4T ha logrado aumentar los recursos gubernamentales al 15% del PIB, el nivel más alto de los últimos diez años. 

Por todos estos motivos, la miscelánea fiscal propuesta este año es otro capítulo de la lucha de la 4T contra la corrupción y un intento por hacer que los empresarios cumplan con sus obligaciones fiscales.