Desde hace cinco años Guanajuato encabeza la lista de las entidades más violentas del país. Solo en enero de este año se registraron 250 homicidios dolosos. El lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcadía de Celaya, Gisela Gaytán, muestra una vez más que la situación en materia de seguridad en el estado está fuera de control.
Especialmente ahora, llama la atención la situación en la entidad porque la seguridad está ocupando un lugar cada vez más importante en el discurso de la oposición, y porque la derecha defiende cada vez más la idea de que con medidas punitivistas y de “mano dura” podrían contener la violencia.
“Se acabaron los abrazos”, repite frecuentemente la candidata del PRIAN, en un guiño evidente al calderonismo.
Lo cierto es que este discurso hace aguas cuando vemos la situación de Guanajuato, una entidad que lleva 33 años gobernada por el panismo. Con experiencias como ésta, ¿cómo puede la oposición argumentar que sus planteamientos en materia de seguridad podrían funcionar mejor que los de la 4T?
Un ejercicio interesante surge de comparar a Guanajuato, durante tres décadas de gobiernos azules, con la Ciudad de México, 27 años gobernada por la centro-izquierda.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2023 los homicidios dolosos en Guanajuato crecieron 455%, mientras en la Ciudad de México se redujeron 22%.
Otros delitos –no todos necesariamente asociados a la presencia del narcotráfico– muestran igualmente un contraste enorme en esos 26 años. El robo con violencia a casa habitación, por ejemplo, creció 15,900%, cuando en la capital se redujo en un 62.4%; el de vehículos con violencia aumentó 5,734%, mientras en la ciudad se redujo 92%.
No se pretende aquí explicar las razones de estos contrastes, pues naturalmente incluyen múltiples variables. Sin embargo, vale la pena hacer tres consideraciones.
Primero: El gobernador Diego Sinhué fue renuente a participar en las mesas de seguridad del gobierno federal. Solo cuando cambió de postura, reconoció el error y comenzó a asistir, inició un moderado descenso de la violencia en la entidad. De 3359 homicidios en 2020 bajó hasta 2581 en 2023. ¿En algo habrá tenido que ver la actuación coordinada con el gobierno federal? Probablemente sí.
Segundo, desde 2009 solo ha habido un fiscal en Guanajuato: Carlos Zamarripa, quien primero fue procurador entre 2009 y 2019. ¿Cómo es posible que después lo hayan nombrado fiscal, cuando durante esos diez años los homicidios en la entidad crecieron casi siete veces? O hay fuertes intereses políticos o se trata de un perfil coludido con el crimen organizado, a la usanza calderonista.
Aunque cierto sector crea que Taboada es un hombre decente por su apariencia física, su manera “articulada” de hablar y su perenne sonrisa, el candidato a la jefatura de gobierno por el PRIANRD es un prototipo de mirrey bisnero, de esos que no conciben la política sino como un vehículo para hacer negocios al amparo del poder.
Cada vez es más claro que Taboada reprodujo el mismo esquema del cartel inmobiliario del PAN en la alcaldía Benito Juárez, por el cual hoy está detenido el ex alcalde de la demarcación, Christian von Roehrich.
El equipo del hoy candidato expidió terminaciones de obra y uso de ocupación de edificios que violan los niveles permitidos por ley. Al respecto, la SEDUVI reporta que su gestión es responsable de edificar hasta 40 obras irregulares con 66 niveles de excedentes: un quebranto de más de 7 mil millones de pesos.
Pero Taboada es también un gran encubridor de von Roehrich y sus hombres: Como alcalde debió ayudar en la investigación de las denuncias de los vecinos de la alcaldía para deslindar responsabilidades, pero prefirió proteger a sus comparsas del cártel inmobiliario, antes que a las víctimas.
En el debate del domingo pasado, Taboada no respondió porqué en 2016, antes de ser alcalde, adquirió un crédito por cinco millones de pesos para comprar una casa y la revendió cuatro años después al triple de su valor original a un proveedor de la alcaldía.
Según el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, por dos años consecutivos la alcaldía Benito Juárez figuró como la demarcación más opaca de la Ciudad de México. La alcaldía, además, fue calificada con cero en transparencia de programas sociales, presupuesto y beneficiarios a través de su portal, en la publicación de los resultados de licitaciones, así como en información sobre permisos y concesiones.
En la Cuenta Pública de 2022, la ASF encontró irregularidades por 14.4 millones en Benito Juárez, por no presentar evidencias de servicios, contratos de obra pública y adquisiciones.
Con relación a su patrimonio, es evidente que hay algo que Taboada no ha querido que sepamos. Pese a haber llegado a gobernar la alcaldía Benito Juárez en 2018, no dio su consentimiento para que sus declaraciones patrimoniales anteriores a 2021 sean públicas. Probablemente solo lo hizo a partir de que tomó la decisión de ser candidato.
Aún así, a partir de solicitudes de transparencia se ha podido saber que entre 2019 y 2021 el hombre que hoy aspira a gobernar la CdMx incrementó su patrimonio en tan solo dos años de 40 mil a 14.4 mdp. Al parecer, ello se sustenta como resultado de la enajenación de un inmueble cuya propiedad, empero, nunca declaró.
Las declaraciones patrimoniales públicas de Taboada, además, son un mar de inconsistencias y despiertan serias dudas. Por ejemplo, informó ser socio de una empresa llamada Casacon S.A. de CV, de la cual no hay registros en internet y cuyo domicilio corresponde a un edificio de departamentos, donde no hay ninguna empresa. Esto hace suponer que se trataría de una empresa fantasma.
Los ingresos de Taboada resultan inexplicables si se considera que solo ha sido propietario de un departamento de 98 metros cuadrados de 2.8 millones y desde 2011 se ha dedicado de tiempo completo –al menos eso suponemos– al servicio público.
@HernanGomezB
