Desde mayo de 2023 llegó a la Suprema Corte un caso en el que se juega el futuro de la libertad de expresión en el ciberespacio. El asunto lleva ya tres años sin resolverse en la Corte y hoy está en la cancha del ministro Hugo Aguilar, quien es el ponente.
Todo comenzó cuando un día apareció un blog en el que un abogado llamado Ulrich Richter es difamado y calumniado. Richter le exigió a Google bajar ese contenido argumentando que el material publicado estaba plagado de falsedades. Y, seguramente, lo estaba. Sin embargo, como no había una orden de un juez, la empresa no le hizo caso y el contenido se quedó a la vista de todos.
En honor a la verdad, Google no podía bajarlo. ¿Se imaginan ustedes que una empresa de este tipo tenga que ocuparse de bajar de las redes los contenidos que algún usuario considere calumniosos? Tendría que tener un ejército de censores.
Pero, además, ¿quién es Google para decidir, sin que así lo determine una instancia judicial, qué contenidos son calumniosos? La respuesta es obvia: no le toca a las plataformas ni a los editores tomar decisiones de ese tipo. El riesgo de ello es que dos jueces, uno privado y otro público, terminen decidiendo cuáles contenidos pueden circular y cuáles no.
Pero esto, que parece tan obvio, no lo es para el abogado Ulrich Richter, quien enfureció frente al gigante de internet —y probablemente también deseoso de convertirse en un hombre multimillonario,— decidió demandar a Google por 5 mil millones de pesos, nada más que por haberse negado a bajar el contenido.
Ciertamente, nadie debe ser calumniado, pero la demanda de Ulrich Richter, a quien ya le dieron la razón en dos instancias del Poder Judicial de la Ciudad de México, no tiene ni pies ni cabeza. Porque es como si cualquiera de nosotros, al sentirse agraviado por lo que está escrito en un libro, pretendiera quemar toda una biblioteca. Como si un niño destruyera el pizarrón del salón por lo que un compañero escribió en él.
El hecho de que a Google lo obliguen a pagar 5 mil millones de pesos no es lo más relevante del caso; personalmente me tiene sin cuidado. Aquí no se trata de defender a un corporativo tecnológico. Muy por el contrario, se trata de defender a todos nosotros de este y otros corporativos tecnológicos. De no dejar que se conviertan en árbitros del discurso público que determinen, a partir de oscuros criterios, qué contenidos circulan y qué no. Hacerlo así sería poner en manos de una empresa juzgadora de la verdad, incluso con más poder para censurar que muchos gobiernos.
Porque si Hugo Aguilar y la Suprema Corte no frenan esto, sobre todo antes del inicio del proceso electoral de 2027, estarían pavimentando el camino para que, cualquier ciudadano o candidato que se sienta agraviado por algo que se publica sobre él en las redes, pueda solicitarles a estas que se baje casi inmediatamente. Poner esa decisión en manos de Google sentaría un precedente muy peligroso.
El efecto inhibidor de un fallo como este haría que, ante cualquier queja de un particular, Google prefiera bajar los contenidos como una forma de censura previa, para evitar pagar las multimillonarias indemnizaciones que pretenden cobrar abogados avispados como Ulrich Richter.
Si algo así pasa, cada vez que un político o empresario sienta que algo que se escribe sobre él es una mentira, un infundio, una injuria o una calumnia, envíe una carta intimidatoria a las plataformas tecnológicas pidiendo que se elimine, y estas muy probablemente se verían obligadas a hacerlo.
No empoderemos a una multinacional estadounidense para que se convierta en un gran hermano, en un censor capaz de decidir qué es correcto o incorrecto, qué es falso o qué es verdadero ni mucho menos qué contenidos pueden o no considerarse calumniosos.