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Violencia en la Marea Rosa
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Guanajuato la evidencia del fracaso
Desde hace cinco años Guanajuato encabeza la lista de las entidades más violentas del país. Solo en enero de este año se registraron 250 homicidios dolosos. El lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcadía de Celaya, Gisela Gaytán, muestra una vez más que la situación en materia de seguridad en el estado está fuera de control.
Especialmente ahora, llama la atención la situación en la entidad porque la seguridad está ocupando un lugar cada vez más importante en el discurso de la oposición, y porque la derecha defiende cada vez más la idea de que con medidas punitivistas y de “mano dura” podrían contener la violencia.
“Se acabaron los abrazos”, repite frecuentemente la candidata del PRIAN, en un guiño evidente al calderonismo.
Lo cierto es que este discurso hace aguas cuando vemos la situación de Guanajuato, una entidad que lleva 33 años gobernada por el panismo. Con experiencias como ésta, ¿cómo puede la oposición argumentar que sus planteamientos en materia de seguridad podrían funcionar mejor que los de la 4T?
Un ejercicio interesante surge de comparar a Guanajuato, durante tres décadas de gobiernos azules, con la Ciudad de México, 27 años gobernada por la centro-izquierda.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2023 los homicidios dolosos en Guanajuato crecieron 455%, mientras en la Ciudad de México se redujeron 22%.
Otros delitos –no todos necesariamente asociados a la presencia del narcotráfico– muestran igualmente un contraste enorme en esos 26 años. El robo con violencia a casa habitación, por ejemplo, creció 15,900%, cuando en la capital se redujo en un 62.4%; el de vehículos con violencia aumentó 5,734%, mientras en la ciudad se redujo 92%.
No se pretende aquí explicar las razones de estos contrastes, pues naturalmente incluyen múltiples variables. Sin embargo, vale la pena hacer tres consideraciones.
Primero: El gobernador Diego Sinhué fue renuente a participar en las mesas de seguridad del gobierno federal. Solo cuando cambió de postura, reconoció el error y comenzó a asistir, inició un moderado descenso de la violencia en la entidad. De 3359 homicidios en 2020 bajó hasta 2581 en 2023. ¿En algo habrá tenido que ver la actuación coordinada con el gobierno federal? Probablemente sí.
Segundo, desde 2009 solo ha habido un fiscal en Guanajuato: Carlos Zamarripa, quien primero fue procurador entre 2009 y 2019. ¿Cómo es posible que después lo hayan nombrado fiscal, cuando durante esos diez años los homicidios en la entidad crecieron casi siete veces? O hay fuertes intereses políticos o se trata de un perfil coludido con el crimen organizado, a la usanza calderonista.
Hernán Gómez Bruera
Este fin de semana hubo dos conversaciones en las redes sociales que ilustran hasta qué punto están situadas o mal situadas las prioridades en nuestro México: de un lado vimos la indignación colectiva que llevó a una marcha de unas mil quinientas mujeres que se manifestaron en contra de un feminicidio, uno más; del otro lado, un pequeño grupo se lamentaba en redes sociales ante de una palmera. Sí, una palmera muy particular, con una historia legendaria y todo lo que se quiera argumentar, pero una palmera al fin y al cabo.
Estas dos muestras de indignación exhiben un México de realidades paralelas, donde lo que está en juego de un lado es la vida humana y del otro las preocupaciones más intrascendentes y banales.
Las mujeres habían salido a manifestarse por el terrible caso de Debanhi Escobar, esa joven de 18 años que desapareció en Monterrey el 8 de abril, y más tarde fue encontrada asesinada, supuestamente en la cisterna en un hotel, muy cerca de donde fue vista por última vez.
El caso nos ha dejado a todos estupefactos porque nos recuerda la manera en que las mujeres son violentadas y ultrajadas todos los días en este país. Nos pone una vez más, cara a cara, frente a esa espiral de violencia de la que no podemos salir, y que sigue siendo una deuda pendiente.
Llama la atención que en un país en el que murieron casi 3,500 mujeres asesinadas el año pasado, y donde 86% del territorio está bajo alerta de género algunos hayan pensado que lo importante este domingo era salir a conmemorar la vida de una palma o usarla como caballo de batalla contra Claudia Sheinbaum. Sí, una palma que vivió en el Paseo de la Reforma más de cien años y que por causa de un hongo está muriendo.
A algunos esto les pareció muy importante porque esta palma, que dio nombre a una de las glorietas más importantes de la ciudad, representaba un símbolo para la capital y un largo etcétera. Ciertamente hay que respetar a los arbolitos y las plantas, cuidar de la herbolaria, amar a los vegetales, a las flores y a los frutos, pero ponerse a protestar por una causa así o incluso salir a la calle por ese tema, en un país como este, resulta extravagante y risible.
Fue un tanto surreal ver cómo el domingo había quienes despedían entre aplausos una palmera, mientras del otro lado un grupo numeroso de mujeres indignadas marchaban por el caso Debanhi. Quizá el gobierno de Claudia Sheinbaum debió posponer esa ceremonia a la Palma, en consideración a esa marcha por Debanhi.
Pero además, fue lamentable que la oposición usara el asunto de la palmera como tema como bandera para atacar políticamente, mostrando su frivolidad. Por ejemplo, la senadora Mariana Gómez del Campo tuiteó: “Muy buenos días desde una Ciudad de México en donde el gobierno se olvidó de cuidar la PALMERA de más de 100 años de Paseo de la Reforma. Imagínense si @Claudiashein no puede con una palmera ahora pretender gobernar el país… ¡Desastre! El homenaje es el colmo del CINISMO”. O Enrique Krauze, quien más dramáticamente dijo: “Que el lugar Palmera de Reforma lo ocupe el vacío. El dolor por haberla dejado morir es el mejor homenaje.” O Marco Levario Turcott, quien dijo “Casi 200 palmas han muerto en la CDMX porque no has podido controlar el hongo que las seca y ahora quieres rendir un cursi homenaje a una palma que no supiste cuidar. Pero no has recordado a las 26 víctimas de la L12 de lo que llamas incidente.”
Al final, la imagen de este domingo de unos preocupados por la palma y otras por los feminicidios muestra los intereses que animan a sectores tan distintos. Por un lado, una clase media –pro y anti 4T– que vive en una burbuja y son capaces de gastar un domingo para venerar una palmera, y del otro lado, las mujeres que salieron a protestar por la violencia que no deja de azotar al país. Uno grupo al que le gusta vivir en una realidad paralela y se regocija en preocupaciones propias de un país como Noruega o Dinamarca, y otro que no tolera ya la violencia que está destruyendo a nuestro país.
Hernán Gómez Bruera
La semana pasada, la Fiscalía General de la República compartió en sus redes sociales un escueto boletín de prensa sobre el caso José Eduardo Ravelo –aquel joven que perdió la vida tras ser detenido y brutalmente golpeado por la policía municipal de Mérida–, que parece evocar aquella vergonzosa «verdad histórica» del entonces procurador Murillo Karam.
Si seguimos la máxima de creerle a las víctimas, la Fiscalía debiera haber considerado seriamente el testimonio que recuperó de su propio hijo doña María Ravelo. Antes de morir, él mismo dijo haber sido detenido por policías municipales por «parecer sospechoso». Contó que los policías lo golpearon, torturaron y violaron. Unas horas después el joven falleció.
Por lo visto, según la fiscalía general nada de eso es cierto. Pareciera que, según ellos, doña María Ravelo mintió, porque en su boletín de prensa emitido la semana pasada señalan que «no existió tortura, ni violación sexual» y que el joven «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.
Al resolver de esta forma, la FGR ha negado los testimonios de doña María y José Eduardo, e ignorado las múltiples pruebas documentales sobre la violencia policiaca; además, ha hecho a un lado el dictamen del servicio médico forense donde se confirmó que José Eduardo fue torturado y violado.
Llaman mucho la atención estas afirmaciones porque se supone que la investigación todavía está en curso, que no ha concluido, y que la FGR no comunicó los resultados de su investigación a la madre de José Eduardo, quien se enteró de todo por los medios de comunicación.
La Fiscalía tiene la obligación de involucrar a la familia de la víctima en la investigación y facilitar en todo momento el acceso a la información. Pero no hicieron nada de esto.
Sorprende esta falta de respeto a las víctimas. Un trato que no se diferencia mucho de lo que veíamos en administraciones anteriores, y recuerda las peores formas de la entonces PGR, en el caso Ayotzinapa, o el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena que fue víctima de violación y asesinato por parte de miembros del ejército, pero que según las autoridades murió por “gastritis”, durante el gobierno de Fidel Herrera en Veracruz.
Estamos ante un tipo de revictimización similar frente a las personas que sufrieron la violencia de estado; una misma forma de ignorar a los familiares de víctimas en las investigaciones; una misma insensibilidad para comunicar los resultados; las mismas dudas sobre la seriedad de la investigación y los resultados que se presentan, y la misma sensación de que se busca dar carpetazo rápido a los casos mediáticos.
Con todo, no estamos ante un problema aislado de la Fiscalía. El desdén hacia las víctimas comienza desde los gobiernos locales, que procedieron mal desde el minuto uno y que hoy quieren ver cerrado este caso y lavarse las manos. Recordemos que el gobernador, Mauricio Vila, se negó a recibir a la madre de José Eduardo a pesar de que la señora se paró afuera del palacio de gobierno con el féretro de su hijo para ser escuchada.
También el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha destacado por su indolencia. Su primera reacción, cuando el caso se volvió mediático, fue salir a defender a sus policías municipales y alegar que no habían cometido delito alguno; que José Eduardo iba drogado y estaba alterando el orden público. Una grotesca revictimización de alguien que sufrió violencia de Estado.
Pero no sólo eso, Renán Barrera ratificó en su puesto al jefe de la policía de Mérida. Además, los cuatro policías involucrados, que presuntamente habrían golpeado y torturado al joven, fueron liberados por un juez de control en agosto pasado y reintegrados a sus labores en septiembre por el gobierno de Barrera, a pesar de que las investigaciones no habían concluido.
Ahora, con la resolución de la FGR, el alcalde de Mérida ha salido exultante a decir que esta resolución reivindica la “confianza en la policía municipal”, sin poder ocultar su alegría por cerrar este caso que afecta sus aspiraciones políticas. Por lo visto, para el joven panista lo que más importa es cuidar su imagen personal y la de su gobierno que brindar seguridad y justicia a los ciudadanos; que reparar a las víctimas.
Pero además, el alcalde ha mostrado su desprecio hacia los medios de comunicación y la ciudadanía, al negarse a dar la cara. Hoy Barrera pretende lavarse las manos y actúa como si se tratara de un caso cerrado.
Casos como el de José Eduardo Ravelo merecerían un tratamiento diametralmente distinto al que hemos visto hasta ahora en los tres órdenes de gobierno. No será posible sanar nuestra sociedad, atravesada por la violencia, mientras las autoridades no entiendan que están tratando con el profundo dolor de personas y familias de carne y hueso.
02 de noviembre de 2021
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