Hernán Gómez Bruera
El ministro Arturo Zaldívar ha salido una vez más a denunciar esa “operación de Estado” que se orquestó durante el gobierno de Felipe Calderón para proteger a familiares de Margarita Zavala y altos funcionarios de ese gobierno involucrados en la tragedia de la Guardería ABC. Zaldívar narró también cómo fue presionado por esa administración para dejar pasar el asunto y cómo se enfrentó ante ese evidente abuso de poder.
El ministro ya había hablado de esto antes. Criticarlo por haber callado 13 años sobre el asunto es simplemente desinformación. Declaraciones en este sentido ya se habían dado a conocer, cuando en 2012 se publicó el libro de Diego Osorno, La guerra de los Zetas, y nuevamente en 2019, cuando Zaldívar hizo una serie de declaraciones muy polémicas sobre el tema.
¿Por qué entonces el presidente de la Suprema Corte ha vuelto a hablar del tema? ¿Por qué una vez más juega la carta de tirarle a Felipe Calderón? ¿Por qué ahora? Como analistas y comunicadores no podemos dejar de cuestionar este tipo de cosas, independientemente de cuáles sean nuestras simpatías políticas.
Y la respuesta es que Zaldívar quiere evitar que hablemos de lo que realmente hoy le incomoda.
Porque a principios de este mes se dio a conocer que dos altos funcionarios del Consejo de la Judicatura habían sido denunciados por corrupción: el jefe de administración, Alejandro Ríos Camarena y nada más y nada menos que el secretario general de ese organismo, Carlos Antonio Alpizar.
Y el problema, el pequeño problema que hoy tiene Zaldívar, es que ambos fueron nombrados por él, bajo recomendación del ex consejero presidencial, Julio Scherer Ibarra, también acusado de montar una red de corrupción, extorsión y tráfico de influencias junto a una red de despachos asociados.
Estos dos funcionarios, Ríos y Alpízar, acaban de ser denunciados por la Fiscalía General de la República en un caso que exhibe la podredumbre del Poder Judicial en nuestro país y que pone bajo cuestionamiento al propio Zaldívar: Ríos Camarena ha sido acusado de haber otorgado contratos por asignación directa en los que cobraba un moche de hasta 30%, y Alpízar por coaccionar jueces y magistrados para conceder amparos de acuerdo a la voluntad del ex consejero jurídico. Ambas acusaciones son sumamente graves. Por eso, Ríos renunció a su puesto a principios de este mes.
Estas dos denuncias indirectamente señalan a Arturo Zaldívar, por haberlos nombrado, por ser la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura y porque le toca vigilar que las cosas en su propia casa estén bien. Por eso no es casual que el ministro saque hoy el tema de Felipe Calderón y la Guardería ABC, reivindicando sus glorias pasadas, especialmente hoy que lo que podría estar siendo cuestionado es la forma en que ha manejado el Poder Judicial.
Tampoco es casual, en ese mismo contexto, que desde principios de la semana pasada Zaldívar haya venido tratado de posicionar en la agenda pública, a través de un evidente nado sincronizado de filtraciones, una presunta investigación en contra del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, acusado de nepotismo y corrupción.
No se necesita ser muy sofisticado en el análisis para darse cuenta que lo que está buscando Arturo Zaldívar con todo esto es desvíar la atención.
En redes sociales muchos obradoristas religiosos me han dicho que soy frívolo por llamar a estas declaraciones una cortina de humo. A ellos quisiera decirles que no soy un militante político, sino un comunicador, un analista político y simpatizante crítico del obradorismo y, quienes nos ubicamos en ese lugar debemos poner los puntos sobre las íes; no callarnos ante verdades incómodas.
Lo frívolo, en todo caso, es que el ministro –a quien respeto– utilice un tema delicado y tan sensible para la sociedad mexicana como una forma de desviar la atención sobre los graves problemas que enfrenta en el Poder Judicial. Nada más fácil para congraciarse con el obradorismo que atacar a esa bolsa de sparring llamada Felipe Calderón.
Claro que se debe aclarar el asunto de la Guardería ABC y la responsabilidad del poder federal, pero no podemos instalarnos en el recurso fácil de culpar de todo a Felipe Calderón, quien dejó la presidencia hace 10 años, sin perder la perspectiva crítica ante los problemas de hoy. Ese reto pasa por luchar decididamente contra la corrupción y hacerlo, en particular, contra la corrupción estructural que impera al interior del Poder Judicial.
El país está en medio de una batalla por acabar con la corrupción y Arturo Zaldívar es una pieza clave para limpiar el Poder Judicial. El problema es que el presidente de la Corte no ha logrado grandes éxitos en este terreno. De entrada, porque la reforma que planteó para este poder se ha quedado corta.
Al no llegar realmente al fondo del asunto –la carrera judicial–, Zaldívar no ha podido acabar con la discrecionalidad a través de la cual se reparten los ascensos y promociones de jueces y magistrados en nuestro país. Al no modificar este sistema perverso, es muy difícil acabar con la corrupción estructural que existe en el Poder Judicial.
De todo esto debieran estar hablando los medios y la oposición. El problema es que no les importa realmente acabar con la corrupción. Lo que quieren es acabar con el presidente.
