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La reforma electoral enviada por López Obrador tiene puntos positivos, algunos negativos y uno que otro francamente disparatado. Veamos en qué consiste la propuesta de la 4T
1. Financiamiento a partidos políticos
El espíritu de toda la reforma electoral está en sintonía con la lógica de austeridad de esta administración. El objetivo es gastar menos dinero, en congruencia con el eslogan cuatroteísta de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De hecho, la iniciativa propone un ahorro de 24 mil millones de pesos, según lo dijo López Obrador, y se recortaría el financiamiento a los partidos políticos en un 66%. No son cifras menores.
Con nuestros impuestos le damos dinero a todos los partidos políticos para que mantengan sus burocracias y organicen sus campañas políticas. A quienes se benefician de esas sumas no les debe haber hecho mucha gracia escuchar que se les pretende cerrar la llave de los recursos.
Dentro de la reforma electoral se plantea una reducción de todo el gasto a los partidos políticos en las llamadas actividades ordinarias. Esto significa el costo de la plantilla laboral, la renta de locales, papelería, etcétera. Básicamente a todo el aparato burocrático.
De acuerdo con la iniciativa, al año se ejercen alrededor de 11 mil millones de pesos en el gasto ordinario de los partidos políticos. La propuesta es ahorrar este dinero y forzar a que los partidos se hagan cargo de sus estructuras a través de las donaciones de la militancia y de sus simpatizantes.
Esto tiene sus partes positivas y negativas. Es loable porque se trata de un ahorro significativo para todos y compromete a los partidos a tener una relación más cercana a sus militantes y simpatizantes. Sería interesante ver cuántos seguirían haciendo política partidista en este país si se eliminaran estas ingentes cantidades de recursos que vienen de nuestros impuestos.
Pero la propuesta también tiene sus bemoles. Algunos creen que los partidos, como entidades de interés público, que supuestamente son, deben recibir recursos públicos. El hecho de que no ocurra así puede prestarse a la corrupción, y a que los partidos sean cooptados por intereses privados inconfesables.
2. Acceso a radio y televisión
Los comerciales partidistas con los que nos bombardean en las campañas políticas son tiempos oficiales de los que disponen los partidos. En otras palabras, son spots que no les pagan a las televisoras y radiodifusoras, lo cual no está mal porque el espacio radioeléctrico que usan los medios es propiedad del Estado. Esto se concesiona para que las empresas privadas puedan comercializar el tiempo aire, aunque obviamente el Estado tiene derecho a usar gratuitamente ciertos tiempos para temas de interés público.
Además del gobierno federal, los partidos también tienen derecho a tiempos oficiales para comunicar sus propuestas y presentar a sus candidatos. La reforma electoral de AMLO propone reducir los tiempos oficiales en campaña de los partidos políticos, pasando de 48 minutos diarios por estación de radio o canal de televisión a 30 minutos.
Este cambio es positivo porque evita que haya tanto bombardeo mediático en las campañas políticas, pero es negativo porque parece destinado a complacer una vez más a los dueños de televisoras y radiodifusoras. Ellos son los más interesados en que el Estado utilice menos su derecho al tiempo aire para poder vender esos segmentos a otros privados.
3. Eliminar los OPLES
Con la legislación actual, cada entidad federal tiene su propio Organismo Público Local (esos que se conocen como OPL), una especie de “inecitos” que existen en cada estado y se encargan de organizar las elecciones locales. La propuesta de López Obrador es desaparecer estos organismos locales y que sean absorbidos por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual vendría a sustituir al INE.
Con este movimiento de desaparecer los OPLES se busca ahorrar más de 13 mil millones de pesos al año y evitar la duplicidad de funciones. Ciertamente, no necesitamos tanta burocracia.
Este nuevo órgano electoral, el INEC, sería el encargado de llevar a cabo todas las elecciones y consultas populares en el país. Además, tendría una estructura más sencilla que la del actual INE porque se eliminarían los distritos electorales y todos los organismos que salen de allí.
También se propone eliminar los tribunales electorales locales y que todos los conflictos electorales sean resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto tiene sentido porque casi siempre las disputas en elecciones terminan por dirimirse en instancias superiores.
4. Elección de consejeros y magistrados
El punto más discutido, y honestamente más disparatado de toda la reforma electoral, es el de que propone que los consejeros del futuro INEC y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular.
Se trata de una ocurrencia demagógica. La idea es que la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación propongan candidaturas y que la población elija quién desea que sea consejero y magistrado electoral.
Esto es un completo sinsentido porque finalmente la razón de ser de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral es ser imparciales ante todas las fuerzas políticas. Su función no es representar a la sociedad ni a las fuerzas políticas, sino garantizar condiciones de competencia sanas entre todos los partidos y candidatos.
Si los consejeros y magistrados se eligieran por voto popular, pasarían a representar las simpatías de la población por uno u otro partido, y dejarían de ser imparciales. Si primeros fueran electos serían más parciales que algunos de los actuales consejeros, lo que ya es mucho decir.
No hay forma de que este punto pase.
5. Voto electrónico
La quinta propuesta de la reforma electoral es incorporar el voto electrónico, como ya existe en Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Perú y Panamá, por mencionar algunos países que lo tienen. Sin duda es positivo ir incorporando herramientas tecnológicas funcionales para nuestra democracia. Esperemos en un futuro poder votar desde nuestros hogares o nuestros celulares sobre todo tipo de cuestiones importantes en la vida nacional. Este sería un primer paso hacia allá. Aunque para eso tenemos que poder confiar plenamente en los sistemas que se establezcan.
6. Reducción de integrantes en congresos locales, ayuntamientos y alcaldías
La reforma propone regular el número de legisladores locales para que la representación sea acorde a la población. Básicamente, para que no haya enormes congresos locales donde no es necesario. El objetivo es reducir y tener 459 legisladores menos en todo el país con el fin de reducir gastos en las burocracias.
En aquellas entidades donde no pasen de un millón de habitantes, no podrá haber más de 15 diputados locales, y por cada medio millón adicional podrá incrementarse un diputado hasta un máximo de 45 legisladores. Este mismo criterio se usaría para la integración de alcaldías y ayuntamientos.
En síntesis, cada punto de la reforma propuesta es más complejo de lo que parece. La iniciativa propuesta por López Obrador tiene aspectos positivos, otros negativos y uno francamente disparatado. Pero merece darse la discusión sobre nuestro sistema político y avanzar hacia una reforma electoral que se adapte a los nuevos tiempos, sea más barata y funcional para todos.
7. Conformación del Congreso
Por último, hay mucha confusión sobre la reforma electoral y el tema de los legisladores plurinominales. ¿De verdad se quiere desaparecerlos, como han señalado varios medios y opositores? No, realmente.
Para entender lo que propone la reforma, primero hay que conocer un poco de historia electoral. Antes de 1977, todos los legisladores llegaban por la vía de la elección directa. La gente votaba por su diputado o senador, y éste representaba a su distrito en las cámaras. A esto se le conocía como sistema de representación directa.
El problema con este método es que beneficiaba al partido mayoritario y dificultaba a las segundas y terceras fuerzas conquistar curules. Además, hacía prácticamente imposible que los partidos minoritarios pudieran llegar al poder.
Pensamos, por ejemplo, que en un distrito ganaba el PRI con un 65% de votos y el PAN quedaba en segundo lugar, con el 35%. ¿Qué pasaba con esos 35% que habían votado por el PAN? Pues nada, no tenían representación. O pensemos qué ocurría con un partido que no obtenía más que unas cuantas milésimas en un distrito electoral, pero que a nivel nacional sumaba 2, 3, 4 o 5% de la votación total. Tampoco tenía ninguna posibilidad de llegar a la Cámara. De hecho, eso fue lo que le pasó a la izquierda en México durante mucho tiempo.
Para evitar esto, en la reforma electoral de 1977 se creó en México la llamada representación proporcional, la cual se combinó con la representación directa. Así, se dividió el territorio en cinco grandes regiones llamadas circunscripciones electorales, más o menos con la misma cantidad de habitantes, y a partir de ahí cada partido mandaría una lista de diputados de acuerdo a sus resultados en las elecciones. Estos son los famosos plurinominales.
Así, en cada elección, cada partido postulaba su lista de candidatos a diputados plurinominales. Dependiendo de cuántos votos conseguía en la elección era el número de diputados al que podía acceder en las cámaras.
En la reforma de 1977 había 400 diputados, divididos en 300 electos por voto directo y 100 por vía plurinominal. Sin embargo, en 1986, aumentó el número de pluris al doble. Así llegamos al escenario actual, donde desde 1986 en la Cámara de Diputados hay 500 legisladores, 300 por mayoría y 200 por la vía plurinominal.
Con la reforma electoral propuesta por López Obrador se propone un nuevo sistema que tenga por resultado una representación más fiel, sin que a nadie se le otorgue más de lo que conquistó en las urnas.
¿Qué es exactamente lo que propone la reforma de López Obrador en este sentido? Primero, reducir el número de diputados de 500 a 300 en la Cámara de Diputados
Entonces, ¿es cierto que se pretenden eliminar los diputados plurinominales, como ha dicho la oposición y varios medios en estos días? FALSO. Todo lo contrario: con la propuesta, todos los diputados serían electos bajo un principio de proporcionalidad. Todos pasan a ser plurinominales.
Es decir, en una elección hipotética, donde a un Estado le tocan 10 diputados, un partido gana la elección con el 70% de los votos, el segundo lugar queda con 20% y el tercero con 10%, al primero le tocarían 7 diputados, al segundo 2 y al último 1. Todos tienen representación de acuerdo con sus votos.
La reforma de López Obrador propone que, en vez de cinco circunscripciones en el país, haya 32, una por cada estado. Así, cada entidad tendría un sistema de listas y a partir de ahí saldrían los diputados.
En otras palabras, las personas ya no votarán por individuos, sino por una lista de candidatos de cada partido. Mientras más o menos votos tenga un partido, más o menos candidatos podrá incluir en las cámaras.
Este sistema basado en una representación proporcional pura, por listas estatales, es muy común en todo el mundo. Se emplea en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, y también en naciones europeas como Dinamarca, Noruega, Suiza, España y Portugal, entre muchas otras.