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Lo bueno y lo malo en las reformas de AMLO

La prensa ha interpretado el anuncio de las 18 reformas constitucionales (y dos legales) del presidente López Obrador como un cálculo electoral.

Ciertamente, hay un juego político de cara a la elección de este año, donde el presidente será un actor central hasta el último día de su mandato. La reforma al sistema de pensiones —donde se propone algo tan inviable como el que los trabajadores se retiren con el 100% de su salario— es solo una de las iniciativas que se inscriben en ese sentido. Aun así, el paquete propuesto por AMLO debe leerse al menos en tres niveles:

1. El primero y más importante —que poco anticiparon los medios— tiene que ver con blindar su legado y evitar retrocesos en futuros gobiernos. Buena parte de las reformas presentadas buscan llevar a la Constitución los principales avances de su gobierno en materia social para que estos sean considerados como derechos.

Así, por ejemplo, si ya era un derecho universal la pensión para adultos mayores (plasmado en el artículo cuarto por una reforma propuesta por esta administración), ahora también lo serán las becas Benito Juárez a estudiantes de escasos recursos, y el sentido de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o Producción para el Bienestar

Incluso en materia de salario mínimo —donde este gobierno ha desplegado una política de aumentos significativos para recuperar su valor real— ahora se plantea algo bastante sensato, e incluso justo: la prohibición de fijarlo por debajo de la inflación. De esta manera, se evitaría que el salario mínimo vuelva a perder poder adquisitivo, como lo hizo durante cuarenta años.

En otro orden, si a golpe de decretos se prohibió el maíz transgénico, y establecieron medidas de austeridad, ahora todo esto tendrá fuerza de ley, en este último caso a través de una Ley General aplicable a todos los poderes y autoridades del Estado.

Incluso si este gobierno, como política, dejó de otorgar concesiones para la minería a cielo abierto, ahora se avanza en su prohibición, junto con otra práctica igualmente dañina al medio ambiente como es el fracking. Todo esto es digno de celebrarse.

Menos alentador es que López Obrador haya incluido dos reformas que refuerzan el decadente enfoque prohibicionista de las drogas, como es la prohibición del consumo de fentanilo y la venta de vapeadores.

2. El segundo nivel de su paquete de reformas tiene que ver con revivir batallas del presidente con otros poderes y órganos del Estado, algunas con razón, otras por mera obcecación.

Para bien, AMLO reflota asuntos que ya habían estado en la agenda y que lamentablemente el Congreso rechazó, como el insistir en reducir el financiamiento a los partidos políticos a la mitad, o adelgazar las estructuras burocráticas de las instituciones electorales, cosa que debe hacerse, pero con cuidado.

Para mal, se reviven algunas batallas hasta ahora perdidas, como la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y se plantea —a rajatabla y con un simplismo que impide una discusión racional— la desaparición de 18 órganos autónomos, incluidos algunos relevantes y socialmente útiles como el Coneval, que dista de ser institución “neoliberal”.

Surgen dentro de las propuestas, también, algunas que parecen emanar de la necedad presidencial, como la desaparición de los plurinominales, y otras probablemente demagógicas, como la elección popular de ministros, magistrados, jueces y hasta consejeros del INE.

Por último, hay un tercer nivel en las iniciativas del presidente que podría leerse como un reconocimiento implícito —silencioso quizás— de lo que debió hacerse y no se hizo.

Un ejemplo de ello es la reforma del poder judicial. Si bien hay elementos de la propuesta difíciles de compartir, al menos uno debió ser parte de la reforma que Arturo Zaldívar no entregó en su momento, porque no quería renunciar a su propio poder. Tal es el caso de la separación de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que hoy recae en una sola persona.

En esa línea, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la Corte, podría permitir —si se encauza adecuadamente— desplegar una estrategia para limpiar de corrupción nuestro putrefacto Poder Judicial. Sobre esto escribiré próximamente.

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Necesitamos elecciones primarias

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Primarias organizadas por el INE

Los partidos políticos no pertenecen a sus dirigentes. Son instrumentos fundamentales en nuestra democracia, al grado que la Constitución los considera “entidades de interés público”. Por esa razón –quizás– se podría justificar que se les destinen tantos recursos: El año próximo, por ejemplo, recibirán 10 mil 444 millones de pesos para sostener sus actividades y gastos de campaña.

Lo que sucede en el interior de los partidos tiene una relevancia mucho mayor a la que normalmente queremos atribuirles. No podemos resignarnos a que la opacidad y las imposiciones antidemocráticas sean el pan de cada día.

Ni el oficialismo ni la oposición han salido bien librados de sus procesos internos recientes para elegir candidaturas. La forma en que el Frente Amplio abortó su consulta y bajó a Beatriz Paredes por un acuerdo entre caciques partidistas fue un episodio bochornoso.

Y aunque Morena ha acertado en abrir a la sociedad la definición de sus candidaturas a través de ejercicios demoscópicos, lo cierto es que la Comisión de Encuestas del partido es una caja negra: no sabemos a ciencia cierta cómo es que se llevan a cabo los ejercicios de opinión pública.

A diferencia de lo que ocurrió en la elección interna para elegir al candidato presidencial –donde las exigencias de Marcelo Ebrard llevaron a establecer algunas reglas básicas que se violaron de todas formas–, el proceso para seleccionar las nueve candidaturas a gobiernos estatales y jefatura de gobierno de la CDMX han vuelto a reproducir viejas fallas.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el uso del aparato público a favor de uno de los candidatos, Omar García Harfuch, fue más que evidente por parte de los titulares de secretarías como la de Inclusión y Bienestar, Trabajo y Seduvi, tanto como en el uso de sindicatos del sector público.

Los medios de comunicación electrónicos mostraron un sesgo perceptible a favor de Harfuch. Un estudio de Central de Inteligencia Política encontró que, entre septiembre y octubre, el policía tuvo 34% más de tiempo aire en radio y televisión del que le dieron a Clara Brugada, mientras que el valor de esa cobertura –de acuerdo al tipo de espacios, horarios de transmisión, etc.– fue 20% mayor para él que para ella.

En el mercado de las encuestas hemos visto también cómo se opera, con mucho dinero de por medio, para inflar a ciertos candidatos en las contiendas internas y construir la percepción de un triunfo inevitable.

Por todo ello, una nueva reforma electoral debiera plantear que la elección de candidatos, especialmente a puestos ejecutivos de relevancia, pueda ser conducida y/o supervisada por el INE. En vez de encuestas u otros ejercicios de opinión pública, deberíamos pensar seriamente llevar a cabo verdaderas elecciones primarias, plenamente transparentes, democráticas y abiertas a toda la población.

La autoridad electoral podría supervisar todo el proceso, vigilar tiempos de campaña, fiscalizar el uso de recursos públicos y privados, regular el uso de la publicidad, registrar encuestadoras autorizadas y confiables, sancionar a funcionarios públicos que se involucren indebidamente en la contienda, obligar a que exista paridad de género en las candidaturas y monitorear que exista una cobertura equitativa por parte de los medios de comunicación.

Al final, en muchos procesos internos partidistas –como ocurre en el caso de Morena– estamos eligiendo a quien nos va a gobernar. ¿Acaso en un sistema democrático ese no es un derecho de todas y todos?

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Más gobernadoras mujeres

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Más mujeres en gubernaturas

Una nueva reacción de quienes dominan los partidos políticos —hombres todos— se ha dejado venir desde que un grupo de consejeras del INE planteó que, en la elección de 2024 —en la cual se disputarán nueve gubernaturas—, los partidos deberán presentar cinco candidaturas de mujeres y cuatro de hombres.

No es casual que, una vez más, el rechazo venga de toda la partidocracia (salvo el PVEM), dominada como siempre ha estado por el interés patriarcal.

Su actitud, en el fondo, es muy parecida a la que los coordinadores parlamentarios tuvieron en abril pasado, cuando intentaron aprobar una reforma constitucional que le quitaba al Tribunal Electoral atribuciones para establecer acciones afirmativas, una agenda que le resulta incómoda a esos hombres blancos heterosexuales, de más de cuarenta años, que en general son quienes dominan la política en México.

Dejando fuera la discusión sobre si el INE tiene o no facultades para establecer cuotas (pues no es su atribución interpretar la Constitución), hay argumentos de peso para que, al ser nueve un número impar, se favorezca a las mujeres y no a los hombres, por tratarse de un grupo claramente subrepresentado entre quienes encabezan los gobiernos de las entidades federativas.

En 2019 se aprobó una reforma constitucional en México que estableció un principio pionero y de avanzada en materia de paridad de género en todos los ámbitos gubernamentales y de elección.

En el caso de los congresos estatales, eso implica que el número de legisladoras debía ser el mismo que el de legisladores. En el ámbito de las gubernaturas, sin embargo, el asunto es más complejo por tratarse de cargos unitarios.

Dada la omisión de la mayor parte de los congresos estatales que se han negado a legislar sobre el tema (solo Yucatán, Puebla y Jalisco lo han hecho), a partir de 2021 el Tribunal tuvo que emitir una serie de sentencias para forzar a los partidos a cumplir con el artículo 35, fracción II de la Constitución, donde se establece la paridad en todo.

En 2021, cuando se jugaban 15 gubernaturas, el TEPJF obligó a las fuerzas políticas a postular a siete mujeres y ocho hombres. En 2022, al estar en juego seis, se instruyó a postular tres hombres y tres mujeres. Algo similar ocurrió en 2023, cuando estuvieron en juego dos gubernaturas y los partidos o sus coaliciones tuvieron que postular un hombre y una mujer. En suma, la máxima autoridad en materia electoral hasta ahora ha obligado a los partidos a postular 12 hombres y 11 mujeres.

Siguiendo esa misma lógica, es razonable que para 2024, cuando se disputará el poder en nueve entidades, cinco candidaturas se asignen a mujeres y cuatro a hombres, especialmente porque en 2021 el número impar favoreció a los varones, sin mediar justificación válida. Si ahora se procede a la inversa, llegaríamos a una paridad absoluta en las postulaciones efectuadas desde la sentencia de 2024: 16 mujeres y 16 hombres.

Ciertamente, hay varios criterios a partir de los cuales consejeros, magistrados y dirigentes partidistas han entendido y aplicado hasta ahora la paridad en lo que hace a gubernaturas. Incluso las sentencias del Tribunal en la materia no son del todo consistentes.

En cualquier caso, más que buscar argumentos para ver de qué manera pichicatearle candidaturas a las mujeres, toca favorecer al grupo históricamente discriminado, especialmente porque hoy menos de un tercio de las gubernaturas son ocupadas por ellas, pues tenemos solo nueve gobernadoras en México.

Al final, lo que una acción afirmativa busca es establecer una medida temporal para revertir paulatinamente una situación de discriminación y desigualdad estructural. Lo que busca es compensar a un grupo social históricamente desfavorecido.

En ese sentido, es importante entender que el principio constitucional de paridad, que establece un techo del 50% de candidaturas para un solo género, aplica para los hombres, no para las mujeres, porque estas últimas constituyen el grupo discriminado y subrepresentado. Al mismo tiempo, el principio de progresividad —fundamental en materia de derechos humanos— exige que el número de espacios para ellas se incremente hasta alcanzar una paridad efectiva y real.

Operacionalmente la discusión es compleja y seguramente los actores políticos recurrirán a muchas maromas para beneficiar a unos o perjudicar a otros. Aun así, no hay que olvidar que —pese a todos los espacios que han logrado conquistar las mujeres—, aún están en desventaja. De hecho, aún si las cinco candidaturas a gobernadoras que hoy el INE pretende postular ganaran la elección, no serían suficiente para alcanzar 16, es decir, para lograr la paridad.

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La simulación preelectoral

El cinismo y la simulación se han apoderado de los actores políticos al iniciar de forma anticipada el proceso electoral del próximo año –que para todos los efectos empieza en noviembre– y actuar peligrosamente por fuera del marco legal.

Morena ha recurrido a una maroma de triple dificultad, al argumentar que está eligiendo al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, aunque todos sabemos que está eligiendo a su candidato presidencial.

Y aunque los líderes de la oposición criticaron la anticipación del oficialismo, han terminado por hacer algo similar, escudándose en la figura del frente político que no exime de ajustarse al calendario.

Las autoridades electorales han admitido que tanto el oficialismo como la oposición inicien precampañas como si se tratara de meros “procesos autoorganizativos” al interior de los partidos.

Pasamos de tener un INE hiperprotagónico y con una agenda política propia —como la de Lorenzo y Ciro— a un consejo general tibio en sus decisiones y que no hace cumplir la ley. Tanto el INE como el Tribunal Electoral han terminado por convalidar un tramposo juego de palabras, una simulación.

Pero el asunto es mucho más grave que un simple tema de tiempos, a los que hoy todos se adelantan. El tema de fondo es que, al no considerar lo que hoy están haciendo los partidos como actos de precampaña, casi todo queda fuera de la legalidad.

Y en ese terreno lo más grave quizás es que la autoridad electoral no podrá fiscalizar más que de forma cosmética y acaso tardía los gastos de precampaña. Se escapa así uno de los elementos más importantes que toda democracia debe mantener a raya: el poder del dinero.

El gasto opaco e ilimitado de recursos que estamos viendo tendrá graves consecuencias, en la medida en que los potentados podrán seguir perpetuando un modus operandi donde se aseguran contratos, adjudicaciones, concesiones y hasta protección en el ámbito judicial.

Dentro de este esquema anticipado, además, los grandes consorcios televisivos están de plácemes en la medida que recuperan una parte del poder que perdieron con la reforma que prohibió la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. No es extraño que empecemos a ver el retorno de las coberturas noticiosas en función de la cantidad de recursos que llegan a favor de uno u otro precandidato.

En el más reciente libro de mi autoría, “Traición en Palacio”, describo cómo Julio Scherer Ibarra, al recaudar fondos para la campaña de 2012, pidió donaciones al empresario Julio Villarreal, y a quien años más tarde habría buscado favorecer con la venta de Caja Libertad y Altos Hornos de México.

En esta misma investigación un empresario chihuahuense al que entrevisté asegura haber sido uno de los donantes de Morena en la campaña presidencial de 2018, y hace una prístina descripción de la forma en que opera ese esquema reproducido por todos los partidos políticos, donde los donantes aspiran a obtener contratos o beneficios hasta diez veces superiores al monto de su “inversión” en la contienda.

Ante una legislación fantasiosa, donde los topes para donaciones privadas son sumamente bajos, todo es simulación, mientras que este tipo de donaciones terminan por generar una enorme distorsión política. Transparentar y limitar esto de forma realista será clave para evitar un retroceso democrático y que la Cuarta Transformación se convierta en la Cuarta Deformación.

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