Etiqueta: GertzManero
Hernán Gómez Bruera
El espionaje del que fue objeto el fiscal Alejandro Gertz Manero el 25 de febrero de este año pudo haberse efectuado desde una oficina alterna utilizada por el despacho del abogado Juan Antonio Araujo Riva Palacio, un socio clave del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En días pasados, tomé conocimiento de esto a partir de una fuente de inteligencia que encontró que el espionaje muy posiblemente fue efectuado por la firma Thomas Dale & Associates, una empresa de seguridad e investigación privada en Estados Unidos, dirigida por un ex jefe de la Policía de Los Ángeles, Thomas Elfmont.
La misma fuente me informó que el ilícito a través del cual se interceptó la llamada de Gertz Manero podría haberse llevado a cabo desde una modesta y discreta casa ubicada en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México, con domicilio en Damas 94, a una cuadra del Teatro de los Insurgentes, donde figuran las actividades de esta empresa de seguridad.
A través de una simple búsqueda en Google puede corroborarse como esta empresa de seguridad efectivamente se ubica en esa dirección, también utilizada por los abogados Juan Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, quienes deberán comparecer en la audiencia que tendrá lugar por el caso Juan Collado este 7 de abril.
Según la página de internet de Thomas Dale & Associates, se trata de una empresa global de investigación y seguridad basada en Los Ángeles, con oficinas regionales en Nueva York, México, Brasil, Venezuela, Colombia y Rusia, la cual emplea además a 300 expertos en todo el mundo (http://www.tdaltd.net/).
Lo que llama poderosamente la atención es que en 2011 esta misma firma fue acusada en Estados Unidos por contratar un servicio de espionaje para intervenir un celular en San Bernardino, California, en un caso que llegó hasta los tribunales, como consta en diversas notas periodísticas. (https://bit.ly/3NWL7LZ; https://bit.ly/3LLznKp)
En las mismas oficinas en la que tiene sede esta empresa estadounidense despacha ciertos asuntos el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá. Aunque su domicilio oficial está en Francisco Sosa 349, en Coyoacán, es sabido que utilizan varias oficinas más. El predio de San José Insurgentes, en particular, es utilizado como un despacho alterno, posiblemente para disfrazar algunas de sus actividades y maquillar cierto tipo de negocios.
La casa en cuestión –donde Araujo y sus socios reciben notificaciones– se ubica justo en una de las esquinas de Damas con Mercaderes. Al parecer, se trata de dos oficinas interconectadas: una en Damas 94 y otra en Mercader 39. Damas 94 ha sido utilizado, por ejemplo, como domicilio legal en una denuncia presentada por empleados de Araujo en contra del abogado Paulo Diez Gargari por el caso Aleática. Además, es la sede de dos empresas del hijo de Araujo, Juan Antonio Araujo Garrido: Financiera Mutuo y Caliza, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos.
En Damas 94 aparecen también registradas otras tres empresas mexicanas, aunque de capital suizo: una de ellas es una empresa de seguridad (otra más), registrada bajo el nombre de Glarus S. A. de C. V., según consta en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Figura también una empresa de artículos de joyería y accesorios, Bernart S. A. de C.V., y una de servicios de limpieza de inmuebles, Mexico-Astralasia Student Services, S.A. de C.V.
Mercaderes 39, por su parte, fue utilizado como domicilio legal en un amparo presentado por Alonso Ancira, donde figura el nombre de José Manuel Quintanares, empleado de Araujo. También fue empleado por otro de sus colaboradores, José Antonio Sadurnit, en uno de los amparos tramitados a Radiópolis, e incluso figura como dirección de la revista Edicta + Estilo de Vida, editada por Araujo. No menos importante, el mismo domicilio ha figurado como sede de Arcafim, una sociedad financiera de objeto múltiple que es propiedad de Araujo.
Araujo Rivapalacio es uno de los socios más importantes del ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, como consta en el currículum de este último, y como él mismo lo reconoce en la extensa carta que publicó en Proceso. Tanto Araujo, como su socio, César González Hernández, sobrino favorito del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deberán acudir este 7 de abril a la audiencia que tendrá lugar en el Reclusorio Norte, como ya se ha dicho.
Durante el tiempo en que Scherer Ibarra fue consejero jurídico de la Presidencia, en este despacho se trataron –aparentemente por intermediación de Scherer Ibarra–, casos tan importantes como el de Cruz Azul, Alonso Ancira, Aleática, Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa y el propio Juan Collado, por mencionar solo algunos donde se ha referido la existencia de un modus operandi extorsivo.
El 25 de febrero, cuando fue interceptada la llamada entre el fiscal general de la República y Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial, Thomas Dale & Associates tenía su domicilio en Damas 94, lo mismo que Glarus S.A. de C.V. Formalmente, aún lo tienen hoy.
¿Se tratará de una mera coincidencia que dos empresas de seguridad –una de ellas acusada de espionaje– figuren en la misma dirección que utiliza Juan Araujo para sus negocios? ¿Será que desde allí pudo haber sido espiado al Fiscal General de la República? Solo las autoridades competentes pueden aclararlo.
Algo debe saber ya el propio presidente de la República porque el 7 de marzo declaró durante la mañanera: “El hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace cualquier ciudadano, esos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos, espías”.
Hernán Gómez Bruera
La semana pasada, la Fiscalía General de la República compartió en sus redes sociales un escueto boletín de prensa sobre el caso José Eduardo Ravelo –aquel joven que perdió la vida tras ser detenido y brutalmente golpeado por la policía municipal de Mérida–, que parece evocar aquella vergonzosa «verdad histórica» del entonces procurador Murillo Karam.
Si seguimos la máxima de creerle a las víctimas, la Fiscalía debiera haber considerado seriamente el testimonio que recuperó de su propio hijo doña María Ravelo. Antes de morir, él mismo dijo haber sido detenido por policías municipales por «parecer sospechoso». Contó que los policías lo golpearon, torturaron y violaron. Unas horas después el joven falleció.
Por lo visto, según la fiscalía general nada de eso es cierto. Pareciera que, según ellos, doña María Ravelo mintió, porque en su boletín de prensa emitido la semana pasada señalan que «no existió tortura, ni violación sexual» y que el joven «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.
Al resolver de esta forma, la FGR ha negado los testimonios de doña María y José Eduardo, e ignorado las múltiples pruebas documentales sobre la violencia policiaca; además, ha hecho a un lado el dictamen del servicio médico forense donde se confirmó que José Eduardo fue torturado y violado.
Llaman mucho la atención estas afirmaciones porque se supone que la investigación todavía está en curso, que no ha concluido, y que la FGR no comunicó los resultados de su investigación a la madre de José Eduardo, quien se enteró de todo por los medios de comunicación.
La Fiscalía tiene la obligación de involucrar a la familia de la víctima en la investigación y facilitar en todo momento el acceso a la información. Pero no hicieron nada de esto.
Sorprende esta falta de respeto a las víctimas. Un trato que no se diferencia mucho de lo que veíamos en administraciones anteriores, y recuerda las peores formas de la entonces PGR, en el caso Ayotzinapa, o el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena que fue víctima de violación y asesinato por parte de miembros del ejército, pero que según las autoridades murió por “gastritis”, durante el gobierno de Fidel Herrera en Veracruz.
Estamos ante un tipo de revictimización similar frente a las personas que sufrieron la violencia de estado; una misma forma de ignorar a los familiares de víctimas en las investigaciones; una misma insensibilidad para comunicar los resultados; las mismas dudas sobre la seriedad de la investigación y los resultados que se presentan, y la misma sensación de que se busca dar carpetazo rápido a los casos mediáticos.
Con todo, no estamos ante un problema aislado de la Fiscalía. El desdén hacia las víctimas comienza desde los gobiernos locales, que procedieron mal desde el minuto uno y que hoy quieren ver cerrado este caso y lavarse las manos. Recordemos que el gobernador, Mauricio Vila, se negó a recibir a la madre de José Eduardo a pesar de que la señora se paró afuera del palacio de gobierno con el féretro de su hijo para ser escuchada.
También el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha destacado por su indolencia. Su primera reacción, cuando el caso se volvió mediático, fue salir a defender a sus policías municipales y alegar que no habían cometido delito alguno; que José Eduardo iba drogado y estaba alterando el orden público. Una grotesca revictimización de alguien que sufrió violencia de Estado.
Pero no sólo eso, Renán Barrera ratificó en su puesto al jefe de la policía de Mérida. Además, los cuatro policías involucrados, que presuntamente habrían golpeado y torturado al joven, fueron liberados por un juez de control en agosto pasado y reintegrados a sus labores en septiembre por el gobierno de Barrera, a pesar de que las investigaciones no habían concluido.
Ahora, con la resolución de la FGR, el alcalde de Mérida ha salido exultante a decir que esta resolución reivindica la “confianza en la policía municipal”, sin poder ocultar su alegría por cerrar este caso que afecta sus aspiraciones políticas. Por lo visto, para el joven panista lo que más importa es cuidar su imagen personal y la de su gobierno que brindar seguridad y justicia a los ciudadanos; que reparar a las víctimas.
Pero además, el alcalde ha mostrado su desprecio hacia los medios de comunicación y la ciudadanía, al negarse a dar la cara. Hoy Barrera pretende lavarse las manos y actúa como si se tratara de un caso cerrado.
Casos como el de José Eduardo Ravelo merecerían un tratamiento diametralmente distinto al que hemos visto hasta ahora en los tres órdenes de gobierno. No será posible sanar nuestra sociedad, atravesada por la violencia, mientras las autoridades no entiendan que están tratando con el profundo dolor de personas y familias de carne y hueso.
02 de noviembre de 2021