Supongamos que eres un juez y tienes que resolver un caso en el que el imputado es el mismo hombre que metió a la cárcel a tu tío al dar a conocer unos videos. Supongamos que el caso que tienes que resolver es el de un grupo de abogados que después sacaron de la cárcel a ese mismo tío.
¿No tendrías un conflicto de interés y razones de sobra para excusarte?
Hernán Gómez Bruera
La semana pasada, la Fiscalía General de la República compartió en sus redes sociales un escueto boletín de prensa sobre el caso José Eduardo Ravelo –aquel joven que perdió la vida tras ser detenido y brutalmente golpeado por la policía municipal de Mérida–, que parece evocar aquella vergonzosa «verdad histórica» del entonces procurador Murillo Karam.
Si seguimos la máxima de creerle a las víctimas, la Fiscalía debiera haber considerado seriamente el testimonio que recuperó de su propio hijo doña María Ravelo. Antes de morir, él mismo dijo haber sido detenido por policías municipales por «parecer sospechoso». Contó que los policías lo golpearon, torturaron y violaron. Unas horas después el joven falleció.
Por lo visto, según la fiscalía general nada de eso es cierto. Pareciera que, según ellos, doña María Ravelo mintió, porque en su boletín de prensa emitido la semana pasada señalan que «no existió tortura, ni violación sexual» y que el joven «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.
Al resolver de esta forma, la FGR ha negado los testimonios de doña María y José Eduardo, e ignorado las múltiples pruebas documentales sobre la violencia policiaca; además, ha hecho a un lado el dictamen del servicio médico forense donde se confirmó que José Eduardo fue torturado y violado.
Llaman mucho la atención estas afirmaciones porque se supone que la investigación todavía está en curso, que no ha concluido, y que la FGR no comunicó los resultados de su investigación a la madre de José Eduardo, quien se enteró de todo por los medios de comunicación.
La Fiscalía tiene la obligación de involucrar a la familia de la víctima en la investigación y facilitar en todo momento el acceso a la información. Pero no hicieron nada de esto.
Sorprende esta falta de respeto a las víctimas. Un trato que no se diferencia mucho de lo que veíamos en administraciones anteriores, y recuerda las peores formas de la entonces PGR, en el caso Ayotzinapa, o el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena que fue víctima de violación y asesinato por parte de miembros del ejército, pero que según las autoridades murió por “gastritis”, durante el gobierno de Fidel Herrera en Veracruz.
Estamos ante un tipo de revictimización similar frente a las personas que sufrieron la violencia de estado; una misma forma de ignorar a los familiares de víctimas en las investigaciones; una misma insensibilidad para comunicar los resultados; las mismas dudas sobre la seriedad de la investigación y los resultados que se presentan, y la misma sensación de que se busca dar carpetazo rápido a los casos mediáticos.
Con todo, no estamos ante un problema aislado de la Fiscalía. El desdén hacia las víctimas comienza desde los gobiernos locales, que procedieron mal desde el minuto uno y que hoy quieren ver cerrado este caso y lavarse las manos. Recordemos que el gobernador, Mauricio Vila, se negó a recibir a la madre de José Eduardo a pesar de que la señora se paró afuera del palacio de gobierno con el féretro de su hijo para ser escuchada.
También el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha destacado por su indolencia. Su primera reacción, cuando el caso se volvió mediático, fue salir a defender a sus policías municipales y alegar que no habían cometido delito alguno; que José Eduardo iba drogado y estaba alterando el orden público. Una grotesca revictimización de alguien que sufrió violencia de Estado.
Pero no sólo eso, Renán Barrera ratificó en su puesto al jefe de la policía de Mérida. Además, los cuatro policías involucrados, que presuntamente habrían golpeado y torturado al joven, fueron liberados por un juez de control en agosto pasado y reintegrados a sus labores en septiembre por el gobierno de Barrera, a pesar de que las investigaciones no habían concluido.
Ahora, con la resolución de la FGR, el alcalde de Mérida ha salido exultante a decir que esta resolución reivindica la “confianza en la policía municipal”, sin poder ocultar su alegría por cerrar este caso que afecta sus aspiraciones políticas. Por lo visto, para el joven panista lo que más importa es cuidar su imagen personal y la de su gobierno que brindar seguridad y justicia a los ciudadanos; que reparar a las víctimas.
Pero además, el alcalde ha mostrado su desprecio hacia los medios de comunicación y la ciudadanía, al negarse a dar la cara. Hoy Barrera pretende lavarse las manos y actúa como si se tratara de un caso cerrado.
Casos como el de José Eduardo Ravelo merecerían un tratamiento diametralmente distinto al que hemos visto hasta ahora en los tres órdenes de gobierno. No será posible sanar nuestra sociedad, atravesada por la violencia, mientras las autoridades no entiendan que están tratando con el profundo dolor de personas y familias de carne y hueso.
02 de noviembre de 2021
Las imágenes de Emilio Lozoya que vimos este fin de semana han puesto seriamente en duda la gestión del primer fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien pesa ya una larga serie de cuestionamientos. Vale la pena un apretado recuento de algunos de los acontecimientos más polémicos.
El primer caso en el que actuó de manera cuestionable fue, precisamente, el de Emilio Lozoya, quien a más de 15 meses de su detención no ha otorgado mayores pruebas de corrupción por el caso Odebrecht contra sus jefes directos (Peña Nieto y Luis Videgaray). Recordemos también que el inculpado ha aplazado su proceso en cinco ocasiones con el argumento de que se encuentra “recabando datos de prueba”.
Hasta ahora, solo el exsenador panista José Luis Lavalle ha sido detenido a raíz de esta investigación, en la que parece que el exdirector de Pemex ha logrado dar largas a la justicia mexicana y ser tratado de manera privilegiada.
Este caso se suma a una larga serie de críticas al fiscal. Recordemos que en octubre de 2020, Alejandra Cuevas y Laura Morán (de 94 años) fueron detenidas por el presunto homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. Este presunto homicidio ocurrió en octubre de 2015 y, un año después, el caso fue archivado por la entonces PGR. Aun así, y a pesar del evidente conflicto de interés que esto implicaba, el actual titular de la Fiscalía decidió reabrir la investigación, lo que ha mantenido a Alejandra Cuevas en prisión desde entonces.
Estos son ejemplos del uso faccioso que ha dado Gertz Manero a la Fiscalía General de la República y de cómo ha empleado a las instituciones de procuración de justicia para impulsar sus intereses personales. Realmente hay que prestar especial atención a la forma en que la Fiscalía ha desarrollado estos casos, porque hay serias dudas respecto a los posibles conflictos de interés del fiscal en muchas investigaciones.
El 25 de septiembre, por ejemplo, la revista Proceso publicó un artículo titulado “La casa secreta de Gertz Manero”, donde revelan que la Universidad de las Américas compró una casa en las Lomas de Chapultepec en 2012 (cuando Gertz era el rector) por 4 millones de pesos. Después, la UDLA entregó el inmueble al actual fiscal como parte de un supuesto adeudo. Es decir, el fiscal compró una casa con dinero de la universidad, para posteriormente transferirse a sí mismo la propiedad.
Gertz Manero también ha sido cuestionado por el caso de los 31 científicos de Conacyt acusados de delitos sumamente graves: realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, lavado de dinero y hasta delincuencia organizada. Dos jueces federales rechazaron conceder las órdenes de aprehensión en contra de los investigadores porque encontraron “inconsistencias importantes en el caso”.
No cabe duda de que Gertz Manero es un personaje que se caracteriza por usar de forma facciosa a las instituciones, por construir casos con profundas inconsistencias y marcados por el interés personal. Incluso desde la 4T han empezado a surgir críticas hacia el fiscal. Para muestra, tan solo hace unos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio “me gusta” a un tweet que pedía la renuncia de Gertz “por el bien de México”.
Cada vez surgen mayores cuestionamientos al papel de Gertz Manero en la Fiscalía. Su uso faccioso de las instancias de justicia para impulsar intereses personales, sus conflictos de interés y la falta de resultados en las investigaciones por corrupción contra integrantes del gobierno anterior han llenado de dudas su gestión en la FGR. ¿Hasta cuándo será sostenible su permanencia en el cargo?
El experto en seguridad y fuerzas armadas, Juan Ibarrola, debate con la periodista Anabel Hernández sobre la exoneración de Salvador Cienfuegos por parte de la FGR de Gertz Manero.
Blanca Heredia, Jorge Zepeda Patterson y Jesús Silva-Herzog Márquez analizaron la relación de Lopez Obrador con las FF.AA, la posibilidad de suspender la transmisión de las mañaneras y la relación que se avecina entre AMLO y Joe Biden.