No escribí “Traición en Palacio” –mi más reciente libro sobre el todo poderoso exconsejero jurídico de López Obrador— porque me preocupe en demasía Julio Scherer.
Lo que me animó principalmente fue develar la forma en que opera el negocio de la justicia en México, un mecanismo que sirve para conservar esos privilegios que la 4T quiso combatir, con éxito limitado.
Limitado porque ni el gobierno de AMLO ni el de Sheinbaum se plantearon una verdadera reforma al sistema de justicia.
Seguimos siendo hoy un país en el que los potentados compran su impunidad y los casos que involucran grandes sumas de dinero suelen resolverse a favor de quien paga más. Un país donde los abogados de élite y “brokers” de la Justicia con mucha facilidad logran acceder a jueces, magistrados y ministros para obtener favores y trato preferencial.
La muy fluida relación de Julio Scherer Ibarra con Arturo Zaldívar, cuando era presidente de la Corte, o con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra —uno de sus mayores facilitadores—, tan es solo una muestra de ese tipo de vínculos.
Varios incentivos en nuestro sistema de justicia son generadores de una corrupción que seguirá existiendo a menos de que avancemos hacia una reforma de verdad. Menciono solo algunos rubros:
Primero, la falta de una auténtica carrera judicial, pues coloca a jueces y magistrados a merced de las lealtades políticas y redes clientelares dentro del propio Poder Judicial.
Segundo, el excesivo poder que tienen los presidentes de los tribunales superiores de justicia en los estados, y a nivel federal el presidente de la SCJN, quienes encabezan los consejos de la judicatura, donde se vigila y controla a los juzgadores, siendo juez y parte.
Tercero, los diversos mecanismos de control y presión que existen sobre quienes imparten justicia, pues es fácil presionarlos a través de los mecanismos de quejas y sanciones administrativas que el presidente de la Corte o de los tribunales superiores de justicia pueden dar celeridad o archivar, según le convenga.
Cuarto, la facilidad para cambiar a juzgadores de adscripción, modificar la composición de los tribunales y apartar, con cualquier pretexto, a quienes toca resolver determinado asunto, a fin de que el caso sea turnado a otro juez.
Quinto, la forma en que se asignan los turnos de los casos. Uno de los vicios del sistema es la facilidad con la que pueden direccionarse litigios específicos hacia jueces de consigna con los que abogados y “brokers” tienen una “relación especial” y pueden anticipar sentencias favorables.
En teoría, los casos que llegan a la justicia federal y local se asignan por sorteo o a través de un algoritmo. En la práctica, el sistema es fácilmente manipulable. Así parece lo hizo a sus anchas Carlos Alpízar, ex secretario general del Consejo de la Judicatura Federal y hombre fuerte de Zaldívar, con la gran cantidad de asuntos que eran de interés para el exconsejero jurídico.
Cuando uno observa con detenimiento, cómo los casos que preocupaban personalmente a Scherer y sus socios –como lo detallo en mi investigación— tuvieron un trato a tal punto prioritario en el Poder Judicial Federal y de la Ciudad de México, no puede sino levantar las cejas ante tantas “coincidencias”.
