Hernán Gómez Bruera
La semana pasada, la Fiscalía General de la República compartió en sus redes sociales un escueto boletín de prensa sobre el caso José Eduardo Ravelo –aquel joven que perdió la vida tras ser detenido y brutalmente golpeado por la policía municipal de Mérida–, que parece evocar aquella vergonzosa «verdad histórica» del entonces procurador Murillo Karam.
Si seguimos la máxima de creerle a las víctimas, la Fiscalía debiera haber considerado seriamente el testimonio que recuperó de su propio hijo doña María Ravelo. Antes de morir, él mismo dijo haber sido detenido por policías municipales por «parecer sospechoso». Contó que los policías lo golpearon, torturaron y violaron. Unas horas después el joven falleció.
Por lo visto, según la fiscalía general nada de eso es cierto. Pareciera que, según ellos, doña María Ravelo mintió, porque en su boletín de prensa emitido la semana pasada señalan que «no existió tortura, ni violación sexual» y que el joven «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.
Al resolver de esta forma, la FGR ha negado los testimonios de doña María y José Eduardo, e ignorado las múltiples pruebas documentales sobre la violencia policiaca; además, ha hecho a un lado el dictamen del servicio médico forense donde se confirmó que José Eduardo fue torturado y violado.
Llaman mucho la atención estas afirmaciones porque se supone que la investigación todavía está en curso, que no ha concluido, y que la FGR no comunicó los resultados de su investigación a la madre de José Eduardo, quien se enteró de todo por los medios de comunicación.
La Fiscalía tiene la obligación de involucrar a la familia de la víctima en la investigación y facilitar en todo momento el acceso a la información. Pero no hicieron nada de esto.
Sorprende esta falta de respeto a las víctimas. Un trato que no se diferencia mucho de lo que veíamos en administraciones anteriores, y recuerda las peores formas de la entonces PGR, en el caso Ayotzinapa, o el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena que fue víctima de violación y asesinato por parte de miembros del ejército, pero que según las autoridades murió por “gastritis”, durante el gobierno de Fidel Herrera en Veracruz.
Estamos ante un tipo de revictimización similar frente a las personas que sufrieron la violencia de estado; una misma forma de ignorar a los familiares de víctimas en las investigaciones; una misma insensibilidad para comunicar los resultados; las mismas dudas sobre la seriedad de la investigación y los resultados que se presentan, y la misma sensación de que se busca dar carpetazo rápido a los casos mediáticos.
Con todo, no estamos ante un problema aislado de la Fiscalía. El desdén hacia las víctimas comienza desde los gobiernos locales, que procedieron mal desde el minuto uno y que hoy quieren ver cerrado este caso y lavarse las manos. Recordemos que el gobernador, Mauricio Vila, se negó a recibir a la madre de José Eduardo a pesar de que la señora se paró afuera del palacio de gobierno con el féretro de su hijo para ser escuchada.
También el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha destacado por su indolencia. Su primera reacción, cuando el caso se volvió mediático, fue salir a defender a sus policías municipales y alegar que no habían cometido delito alguno; que José Eduardo iba drogado y estaba alterando el orden público. Una grotesca revictimización de alguien que sufrió violencia de Estado.
Pero no sólo eso, Renán Barrera ratificó en su puesto al jefe de la policía de Mérida. Además, los cuatro policías involucrados, que presuntamente habrían golpeado y torturado al joven, fueron liberados por un juez de control en agosto pasado y reintegrados a sus labores en septiembre por el gobierno de Barrera, a pesar de que las investigaciones no habían concluido.
Ahora, con la resolución de la FGR, el alcalde de Mérida ha salido exultante a decir que esta resolución reivindica la “confianza en la policía municipal”, sin poder ocultar su alegría por cerrar este caso que afecta sus aspiraciones políticas. Por lo visto, para el joven panista lo que más importa es cuidar su imagen personal y la de su gobierno que brindar seguridad y justicia a los ciudadanos; que reparar a las víctimas.
Pero además, el alcalde ha mostrado su desprecio hacia los medios de comunicación y la ciudadanía, al negarse a dar la cara. Hoy Barrera pretende lavarse las manos y actúa como si se tratara de un caso cerrado.
Casos como el de José Eduardo Ravelo merecerían un tratamiento diametralmente distinto al que hemos visto hasta ahora en los tres órdenes de gobierno. No será posible sanar nuestra sociedad, atravesada por la violencia, mientras las autoridades no entiendan que están tratando con el profundo dolor de personas y familias de carne y hueso.
02 de noviembre de 2021