–Hernán Gómez Bruera–
Dígase lo que se diga, no cabe duda que la votación de este domingo en el Congreso fue una derrota política para el gobierno de López Obrador. Lo fue porque la reforma eléctrica ha sido una de las agendas más importantes de este sexenio.
Esta ha sido una batalla que pone, frente a frente, dos grandes visiones de país. Se trata, como sabemos, de dos proyectos irreconciliables: Uno que desconfía del Estado y sostiene una preferencia por el sector privado y las empresas extranjeras, y otro que considera que debemos asegurarnos el control de recursos estratégicos como es la electricidad. Uno que cree que el sector público es por definición ineficiente e incapaz de tener empresas productivas, y otro que plantea la necesidad de recuperar la rectoría en materia energética y la soberanía en este terreno.
En ese sentido, el hecho de que la reforma constitucional no haya podido pasar por el Legislativo implica un revés para esta administración.
Lo que no deja de llamar la atención es que aún perdiendo, el presidente sigue ganando el relato y marcando la narrativa. El costo de lo ocurrido el domingo quizás le pase factura a los operadores políticos a quienes pudo fallar la negociación política –Ignacio Mier, Mario Delgado, Adán Augusto, etc.– pero no a AMLO. Y esto creo que sigue hablando de su genio político.
El presidente ya sabía que no se conseguirían los votos necesarios. Según algunas versiones, incluso llegó a decírselo a John Kerry y otras autoridades estadounidenses en su reciente visita a México. Por eso López Obrador empezó a trazar su plan B, antes incluso de la sesión del domingo en el Congreso. Por eso, más allá de lo que diga la Constitución, el mandatario buscará hacer avanzar su agenda energética, consistente en recuperar la rectoría del Estado en materia de producción energética.
En este mismo sentido están orientadas las reformas a la Ley Minera para que el litio sólo pueda ser explotado por el Estado mexicano, a través de un órgano público descentralizado que habrá de constituirse. El artículo 5 de esta ley “declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.
López Obrador, además, aprovechará el fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 para impulsar el fin de las famosas sociedades de autoabasto (que no eran otra cosa que un mecanismo para pagar menos luz). Además, según dijo el lunes 18 de abril, se va a reforzar la capacidad de la CFE para generar energía eléctrica con la modernización de 14 hidroeléctricas para aumentar su aporte a la electricidad nacional.
Así, con o sin reforma constitucional este gobierno seguirá impulsando su agenda en materia energética y buscando que CFE sea la mayor generadora de energía eléctrica a nivel nacional.
Así las cosas, el cambio de paradigma energético seguirá avanzando, aunque su curso probablemente será más lento, complejo y sinuoso. Y es que, al desestimarse la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, los jueces de amparo y tribunales de circuito tendrán libertad de criterio para recibir demandas, por no mencionar lo que pueda ocurrir en tribunales internacionales.
En el ámbito político, López Obrador buscará convertir la votación de la Reforma Eléctrica en un tema central para golpear a la oposición, mostrándola como contraria al interés nacional y el del pueblo en general, aliada al interés privado, e incluso vendida a las transnacionales, como se pudo ver con el cabildeo de Paolo Salerno, presunto representante de la empresa Enel, o con la participación de Margarita Zavala, exhortada a no votar por el posible conflicto de interés de su esposo, Felipe Calderón, con una filial de Iberdrola.
Todo esto sería redituable políticamente si consideramos que la mayor parte de la población parece estar a favor de la reforma eléctrica. Así lo mostraba al menos una encuesta de El Universal de octubre del año pasado, donde 61% se pronunciaban a favor de la reforma, o el Gabinete de Comunicación Estratégica, donde lo hacía el 63.7%. No por otra razón, los dirigentes de Morena ya han adelantado que en los estados en los que habrá elecciones este año van a exhibir, con nombre y apellido, a los diputados y a los partidos “traidores”.
Encuesta El Universal (https://bit.ly/37o8luk)
Gabinete de Comunicación Estratégica (https://bit.ly/3MaOAoy)
Aunque a lo largo de estos meses la oposición se ha empeñado en presentarse como ambientalista y preocupada por las energías limpias, la verdad es que esta narrativa no le dice mayor cosa a la gente de a pie, e incluso es poco creíble cuando vemos los vínculos que existen entre muchos de los pseudoambientalistas con empresarios y lo artificial de sus intenciones. Por lo demás, la agenda ambiental en el fondo solo es asumida por una pequeña parte de la población.
En suma, aún perdiendo en la Cámara, el presidente sigue ganando el relato y probablemente seguirá haciéndolo. Nada más útil políticamente para López Obrador que aglutinar a todos sus rivales en un solo bloque identificado con los intereses empresariales y extranjeros, y otro bloque identificado a los intereses del pueblo llano.